El canciller argentino Héctor Timerman dijo esta semana que Argentina ya tiene esos informes pero que por un «acuerdo de caballeros» se había definido difundirlos «al unísono» con los análisis uruguayos. Fuentes oficiales uruguayas, de todas maneras, dijeron que dudan de que Argentina vaya finalmente a darlos a conocer.

La planta de UPM, que hoy comienza su parada técnica, sigue en el ojo de la tormenta porque Argentina se opone a su pedido para incrementar su producción en 200.000 toneladas de celulosa. El gobierno uruguayo aún no se ha expedido respecto a la solicitud. La instalación permanecerá cerrada hasta el 25 de septiembre y reabrirá ese día en caso de que se acepte su pedido. De lo contrario, deberá permanecer cerrada hasta el 4 de noviembre próximo, lo que ha generado la inquietud de transportistas y trabajadores.

El martes pasado la bancada de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos pidió al gobierno que aporte información sobre el monitoreo. En un proyecto de tres artículos solicitó al Poder Ejecutivo argentino que informe sobre los resultados de los análisis de las muestras de los efluentes de la planta de UPM realizados por el Comité Científico Binacional.

También solicitaron los legisladores radicales que el gobierno argentino informe «acerca de actividades unilaterales que haya llevado adelante el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional a los efectos de relevar y analizar el impacto de los efluentes industriales de la planta de la empresa UPM en la calidad de las aguas del río Uruguay».

Además, pidieron al gobernador entrerriano, Sergio Uribarri, que «publique y actualice» en el sitio web de la gobernación toda la información disponible referida al programa de seguimiento de la actividad de la fábrica.

Los legisladores -opositores a la actual administración entrerriana- le preguntan también a la gobernación si, «a través de los organismos competentes, ha tomado conocimiento del informe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) de la República Oriental del Uruguay publicado en su página web con fecha 30 de Agosto de 2013 en el que se reconoce que para el parámetro fósforo hubo una superación del límite máximo permitido para carga promedio mensual (toneladas por día) con un valor de 0.076 toneladas por día siendo el límite de 0.074 toneladas diarias en noviembre de 2012». En caso afirmativo, los diputados radicales preguntan qué acciones se dispusieron o se tiene previsto implementar en procura de efectuar los reclamos correspondientes. De todas formas, la Dinama no ha realizado hasta ahora objeciones ambientales sustanciales al funcionamiento de UPM.

El planteo de la Unión Cívica Radical evidencia que la oposición al funcionamiento de UPM y la eventual ampliación de su producción abarca a todo el espectro político entrerriano y no solamente al oficialismo kirchnerista.

En Fray Bentos, mientras tanto, los trabajadores de los comercios que funcionan en las cercanías del puente San Martín mostraron molestia con la Asociación Comercial de la ciudad. Esta asociación impulsa una posición dura en defensa de la fábrica que incluye, incluso, asumir el costo de un nuevo bloqueo del puente.

Daniel Fernández, vocero de estos comerciantes, dijo: «estamos un poco intranquilos, luego de haber soportado todo lo que pasó durante un montón de años, estamos tratando que no vuelva a suceder».

«Siendo una comunidad tan chica tenemos que ser solidarios y ayudarnos velando por los intereses de todos, no de un grupo en perjuicio de otro», consideró Fernández.

El presidente José Mujica definirá si accede al pedido de UPM el 23 de septiembre.

«No hay veto»

El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo a «El Telégrafo» de Paysandú que «el estatuto (del Río Uruguay) no establece un veto, no hay derecho de veto sobre otro país». De esta forma, dejó entrever que Uruguay podría legalmente acceder al pedido formulado por UPM.