LA MENTIRA DE SUMAR LAS ZONAS FRANCAS AL PROPIO PIB

Por Raúl Viñas, en El Telescopio 6/12/2016.

Nuestro país ha tenido zonas francas desde hace casi 100 años.

Igualmente, la herramienta de las zonas francas en el mundo es mucho mas antigua y podemos rastrearla en diferentes formas incluso al imperio romano, a algunas ciudades y enclaves en la edad media, y más cerca en el tiempo a numerosos ejemplos especialmente en el imperio británico como Singapur, Gibraltar y Hong Kong

En el Siglo XX aparecen las primeras zonas francas que incorporan  industrialización, las que en algunos casos como Irlanda, Corea del Sur y Taiwán sirvieron como disparadores de procesos industriales a nivel nacional en base a la incorporación de inversiones y tecnología.

El establecimiento de zonas francas se ha disparado en los últimos años. A nivel mundial eran  menos de 80 en 1975. Hoy hay más de 2500 de ellas, 179 en los Estados Unidos.

A nivel del Mercosur, Brasil tiene 22, Argentina 10, Paraguay 2 y Uruguay 11.

En nuestro país las primeras zonas francas se crearon en el marco de la Ley 7593 de 1923, y lo fueron con el propósito manifiesto de desarrollar polos industriales fuera de Montevideo. Son de este primer impulso las zonas francas de Colonia y Nueva Palmira. La legislación que regula a las zonas francas se reformuló en 1987 con la ley 15921 y su decreto reglamentario de 1988.

De acuerdo con el Código Aduanero de la Ley 19276 promulgada en setiembre de 2014, las mercaderías que ingresan desde nuestro país a las zonas francas son exportaciones y si se ingresa al territorio nacional mercadería desde una zona franca, estas son a todos los efectos importaciones.

De manera similar, los intercambios de mercaderías hacia los países del Mercosur desde las zonas francas, son considerados de extrazona y sujetos al pago del arancel externo común. Eso salvo para el caso de mercaderías originarias de los países del bloque y cuyo pasaje por la zona franca no altere su denominación arancelaria, o sea que solo implique temas logísticos.

Queda así definido el régimen y claramente no es correcto considerar a las ventas de mercaderías desde una zona franca de Uruguay hacia otros países como exportaciones uruguayas. Esto es demostrable por el absurdo si consideramos que la compra de algún producto de zona franca por parte de una empresa uruguaya configura una importación y no podría ser simultáneamente una exportación de Uruguay hacia Uruguay.

Las zonas francas en nuestro país se pueden clasificar en industriales, comerciales y de logística, de servicios, y mixtas.  Considerando los datos de 2015, los diferentes tipos de zonas francas presentan impactos muy disimiles en términos de empleo generado, compras al Uruguay y valor de sus ventas al exterior.

En términos de empleo, más del 50% de los casi 14000 puestos de trabajo corresponden a “Zonamérica” que es del tipo mixto y si agregamos las zonas francas de servicios de “Aguada Park” y “WTC free zone” se definen el 75% de los empleos generados por las zonas francas en Uruguay.

Las zonas francas industriales de UPM en Fray bentos y Montes del Plata en Punta Pereira solo emplean en conjunto algo menos del 10% (1.373 empleos) y el resto, unos 2.000 empleos, se distribuye en las otras 6 zonas francas.

Si consideramos los niveles exportaciones de bienes desde el territorio nacional a las zonas francas, de acuerdo a informes de Uruguay XXI disponibles en su web, las exportaciones a las zonas suman 1470 millones de dólares y la principal compradora es la zona de Nueva Palmira, destino de más de la mitad de esas exportaciones.

Las zonas francas industriales celulósicas de UPM y Montes del Plata compraron al Uruguay en 2015, 589 millones de dólares, 40% del total. De ellos 570 millones fueron por compras de madera y de los restantes 19 millones, 10 fueron de Fuel Oil comprado a ANCAP y solo 9 de otros productos o insumos producidos en Uruguay.

Analizando las ventas desde las zonas francas al exterior, siempre de acuerdo a los informes de Uruguay XXI, esas ventas suman más de 2.700 millones de dólares lo que indica incremento por sobre las compras realizadas en Uruguay de 1230 millones de dólares de los que 550 son de la zona industrial de Colonia (Pepsico) y  650 de las plantas de celulosa.

Para conocer el nivel de ganancia y el volumen de valor agregado de los procesos industriales de esas zonas sería necesario conocer el valor de las compras de esas zonas en otros orígenes, lo que no es posible porque esas compras no ingresan al territorio aduanero y así no se registran en la aduana. Por otra parte sería un ejercicio inconducente porque esas empresas no pagan impuestos sobre sus rentas.

Asimismo, los datos disponibles en Uruguay XXI y en la Dirección Nacional de Aduanas no incluyen las ventas de electricidad a UTE que se hacen desde las zonas francas celulósicas, las  que seguramente incrementan su rentabilidad, en especial porque tampoco pagan impuestos sobre esas ventas.

Todo lo anterior hace un poco difícil justificar la inclusión de las ventas de las zonas francas como exportaciones de Uruguay, tal como aparecen generalmente, incluso en declaraciones oficiales donde a menudo se incluye la venta de pasta de celulosa por parte de UPM y Montes del Plata como el segundo renglón en importancia entre las “exportaciones “ de Uruguay solo por debajo de la carne bovina.

Eso igualmente no descalifica al mecanismo de zonas francas como una herramienta para incentivar la inversión y la utilización de mano de obra nacional como dice la ley de zonas francas de 1987.

Ciertamente ese ha sido el caso de algunos países, donde el establecimiento de zonas francas ha llevado nuevas actividades como el mantenimiento aeronáutico a Irlanda o repuestos automotrices a Malasia. Tal sería el caso en Uruguay de algunos emprendimientos en el área de servicios e incluso del emprendimiento de Pepsico en Colonia excepto porque  desde su establecimiento este último no ha tenido ningún efecto multiplicador y solo compra de Uruguay menos del 5% del valor declarado de sus ventas.

Caso aparte es el uso de la herramienta de las zonas francas para el procesamiento sin ganancias para el país de rubros en que el Uruguay tiene ventajas naturales como es la producción de algunos alimentos y en los últimos años de la mayor parte de la producción forestal.

Específicamente el establecimiento de la base forestal que tanto enorgullece a algunos y por la cual se autoasigna crédito todo el sistema político, costó a nuestro país mucho dinero en subsidios y mucho más en renuncias fiscales. Eso sin entrar en la discusión sobre la pérdida de puestos de trabajo, degradación de los recursos hídricos y otros costos sociales y ambientales que se asocian con los monocultivos de árboles.

Así, procesar esos productos en régimen de zonas francas priva al país de la posibilidad de recuperar esos costos en la  forma de los impuestos que esa actividad pagaría de realizarse en el régimen normal. Un “argumento” para justificar la asignación de zonas francas es que de otra manera esa actividad sería realizada en otro país, lo que realmente no es muy diferente a que se haga en régimen de zona franca.

Hoy cuando se plantea incrementar la producción de pasta de celulosa en régimen de zona franca y cuando se habla de autorizar ese régimen para un emprendimiento que procesaría pescado, cabe preguntarse por qué se deben de otorgar esos beneficios en el procesamiento de productos en los que tenemos disponibilidad local y evidentes ventajas comparativas.

Aquí es válida la pregunta en mi columna de agosto ( http://eltelescopio.com.uy/la-pasta-base-de-la-economia/ ): ¿Qué sucedería si los frigoríficos se establecieran como zonas francas?

Y agrego ahora, ¿Cómo se podría justificar eso?

Seamos francos.