Transparencia de la opacidad en la información de los acuerdos con UPM

Víctor L. Bacchetta

Sudestada

accedió a la resolución que formalizó la aprobación del gobierno nacional y la firma del denominado contrato de inversión entre la República Oriental del Uruguay y la multinacional finlandesa UPM. Este documento ha sido ocultado hasta el presente cuando se lo ha solicitado y no figura en los registros de las resoluciones del Consejo de Ministros publicadas en la Web de la Presidencia de la República.

«Apruébase el proyecto de Contrato de Inversión y sus anexos a celebrarse entre la República Oriental del Uruguay y UPM Pulp Oy», establece el artículo primero de la Resolución 1052/017 (CM/562) del 7 de noviembre de 2017, firmada por el presidente de la República y todos sus ministros. El fundamento de la decisión remite al Decreto 477/008 del Poder Ejecutivo sobre Promoción y Protección de Inversiones.

El Decreto 477/008, del 7 de octubre de 2008, fue precisamente el que introdujo la figura de los contrato de inversión – y el procedimiento para la elaboración de un acuerdo de este tipo – entre el Estado y los potenciales inversores, figura que no se encuentra prevista en la Ley Nº 16.906, del 7 de enero de 1998, de Promoción y Protección de Inversiones, ni en la Constitución de la República.

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La resolución del Poder Ejecutivo manifiesta que es un contrato entre la República y una empresa extranjera. La única previsión constitucional para la firma de

«tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras»requiere la mayoría absoluta del total de componentes de las cámaras legislativas (Artículo 168, 7°).

Asimismo, tanto la Ley 16.906 como los decretos subsiguientes relacionados con las inversiones, el 455/007 del 26 de noviembre de 2007, sobre Proyectos de Inversión y Actividades Sectoriales Específicas, Beneficios Tributarios, Regulación, y el 477/008 antes mencionado, se refieren exclusivamente a la posibilidad de conceder a esos proyectos beneficios especiales en materia fiscal, no de otro orden.

La firma de ese contrato entre el gobierno nacional y la empresa UPM viene siendo cuestionada precisamente por ser un procedimiento sin respaldo constitucional ni legal, por no cumplir las reglas del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), por incluir obligaciones de solo una de las partes y por otorgar concesiones que van mucho más allá de lo tributario.

Sin haber sido publicada en el Diario Oficial ni en la Web de la Presidencia, el hecho es que la Resolución 1052/017 ha pasado a ser tomada como decreto-ley por los organismos del Estado uruguayo. Así lo registran los informes internos de varias dependencias (UTE, MTOP, etc.) y lo evidenció también la

resolución del Tribunal de Cuentas relativa al Contrato de Obra del ente energético con UPM.