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URUGUAY: TEXTO COMPLETO DE LA DENUNCIA DEL MOVIMIENTO CIUDADANO UPM2 NO

Denuncia PL sobre UPM 2PDF

 

1-PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:

Los suscriptos, en nuestra calidad de ciudadanos y habitantes de la República Oriental del Uruguay, constituyendo domicilio a los efectos de este trámite en la calle Colonia Nro. 909 apartamento 302 de la Ciudad de Montevideo, en ejercicio de los derechos garantizados por los artículos 30, 93 y 318 de la Constitución de la República, nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a la Cámara de Representantes, a efectos de poner en vuestro conocimiento los hechos que se dirán y solicitar que se cumplan los procedimientos que, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución, le corresponden a esa Cámara en casos como el que nos ocupa:

PARTE I: INTRODUCCIÓN

  1. A) LAS POTESTADES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

1) El artículo 93 de la Constitución de la República le asigna a la Cámara de Representantes la potestad de conocer y acusar ante la Cámara de Senadores en caso de que algunas de las altas magistraturas del Estado transgredan las disposiciones constitucionales.

2) Conforme al referido artículo constitucional, la Cámara de Representantes puede actuar de oficio o a instancia de parte, por lo que los suscriptos, sintiéndonos directamente afectados en nuestra calidad de ciudadanos y habitantes de la República por lo que consideramos una transgresión del orden constitucional, venimos a peticionar a esa Cámara que ejerza las potestades que le asigna la norma constitucional invocada.

3) La transgresión del orden constitucional a la que nos referimos se plantea por la actuación del Poder Ejecutivo en el acuerdo denominado “Contrato ROU-UPM” (en adelante “el Acuerdo”), que tiene por objeto establecer las condiciones previas, a cargo de Uruguay, para la instalación de una nueva planta de celulosa de la empresa “UPM Pulp Oy” (en adelante “UPM”) sobre el Río Negro; dicho documento fue suscripto el 7 de noviembre de 2017 y está publicado desde ese día en la página oficial de la Presidencia de la República.

4) Los términos del Acuerdo fueron negociados en forma reservada y luego documentados en el citado “Contrato ROU-UPM”, suscripto exclusivamente por integrantes del Poder Ejecutivo y representantes de la empresa UPM; en él, el Poder Ejecutivo compromete al Estado y al País en términos y en materias que exceden notoriamente sus facultades constitucionales e invaden las competencias de otros

Poderes y organismos del Estado, configurándose así una situación de abierta transgresión de la Constitución.

5) En caso de que la empresa UPM concrete lo que en el texto se denomina “Decisión Final de Inversión”, el Acuerdo y el contrato complementario, previsto en el “anexo 3”, extenderán sus efectos durante varias décadas, posiblemente hasta por cincuenta años (cláusula 1 del “anexo 3”), por lo que los compromisos inconstitucionales asumidos y la invasión de competencias por parte del Poder Ejecutivo no se reducirán a una irregularidad pasajera, limitada a un período de gobierno, sino que constituirán un estado permanente de irregularidad que condicionará a los futuros Gobiernos Nacionales, Legislaturas, Gobiernos Departamentales, integraciones del Poder Judicial y Direcciones de Entes y Servicios Descentralizados del Estado, sean cuales sean los partidos políticos que accedan al gobierno.

6) El objeto de este escrito no es hacer valoraciones sobre la conveniencia o inconveniencia del Acuerdo, sino centrarse en aquellos puntos que contravienen a la Constitución; no obstante, antes de detallar los aspectos concretos que determinan la inconstitucionalidad, deseamos señalar a los Sres. Representantes que lo acordado con UPM expone a la República a consecuencias negativas en lo jurídico, en lo económico, en lo tributario, en lo ambiental y en lo social.

  1. B) CARACTERIZACIÓN DEL ACUERDO

7) Como dijimos, lo acordado es esencialmente una serie de inversiones y requisitos previos que Uruguay debe cumplir para que UPM considere hacer su inversión; no se establece para UPM ninguna obligación significativa previa a su propia y unilateral “Decisión Final de Inversión”, que opera como condición potestativa a su favor, ya que la Empresa ni siquiera queda comprometida a instalar efectivamente la planta de celulosa; por lo tanto, las costosas inversiones y compromisos económicos que, como es de público conocimiento, Uruguay ha comenzado a asumir, entre los que se cuentan la construcción de una extensa vía férrea y de un viaducto, la expropiación de cientos de inmuebles, la adjudicación de una terminal portuaria y el reforzamiento de carreteras y puentes para adaptarlos a las necesidades de UPM, carecen de contrapartida y, en consecuencia, constituyen una decisión muy cuestionable desde el punto de vista de la buena administración.

8) Aun en la hipótesis de que UPM decidiera realizar su inversión, las condiciones pactadas excluyen toda participación del Estado en las utilidades del negocio e incluyen la obligación de concederle a la Empresa exoneraciones tributarias, el régimen de zona franca, el uso asegurado y gratuito del agua del Río Negro, la re

categorización de padrones rurales, la modificación de planes de ordenamiento territorial, el uso preferente de una vía férrea y la adquisición a precio prefijado de la energía eléctrica que produzca la nueva planta, por lo que el Estado uruguayo no recibirá utilidades ni beneficios comerciales o tributarios proporcionales a la inversión que realizará para posibilitar el proyecto.

9) El Poder Ejecutivo justifica el Acuerdo argumentando que la planta generará ocho mil puestos de trabajo, así como que reactivará una zona económicamente deprimida del territorio nacional y aumentará en aproximadamente dos puntos el Producto Bruto Interno del País; sin embargo, nuestro Estado asume compromisos económicos por valor de varios miles de millones de dólares, por lo que la relación entre el dinero que se invertirá y los puestos de trabajo que se generarán, que una vez en funcionamiento la planta se reducirían a unos pocos cientos, es insatisfactoria, tanto durante la construcción de la planta como, con más razón, cuando ésta comience a funcionar; de lo dicho se desprende que la reactivación económica de la zona afectada no será proporcional a la inversión realizada; y, respecto al pretendido aumento del PBI, como la planta de UPM operará en régimen de zona franca, con inusuales exoneraciones tributarias, y recibirá del Estado pagos prefijados como precio de la energía eléctrica (“Anexo 6” del Acuerdo), el aumento formal del PBI no se corresponderá con los ingresos reales que el País y su población percibirán por el negocio.

10) Los riesgos ambientales causados por la instalación de una gran planta de celulosa, con altísimo consumo de agua y descarga de efluentes sobre un río que presenta ya altos índices de contaminación, se suman a los de la proliferación del monocultivo de eucaliptus y a la afectación de una extensa parte del territorio nacional por el ferrocarril, que ha sido calificado por la DINAMA como “Emprendimiento de alta complejidad”, con impactos tanto a nivel ambiental como social y cultural, todo lo cual hace que el Acuerdo con UPM sea inconveniente también desde el punto de vista del uso racional y sustentable de nuestros recursos naturales.

11) Considerando a la soberanía nacional tal como está establecida en los artículos 2º y 4º de la Constitución y al principio de igualdad garantizado por el artículo 8º , resulta inaceptable que: a) se otorgue y garantice a UPM un régimen jurídico, tributario y de uso de recursos públicos privilegiado en comparación con el que rige al resto de las personas físicas y jurídicas en el Uruguay; b) se someta al Estado y a sus organismos, si UPM así lo decide, a un régimen de solución de controversias ante tribunales ajenos a la República; c) se le conceda a la Empresa un régimen de estabilidad jurídica que afecta a la soberanía nacional y se le permita intervenir preceptivamente en la

legislación, en los programas de enseñanza técnico profesional y en las políticas de desarrollo de nuestro País.

PARTE II: LA INCONSTITUCIONALIDAD

  1. C) EL PODER EJECUTIVO Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

12) Los organismos públicos están regidos en el Uruguay por el principio de especialidad; ello significa que sólo pueden actuar en aquellas áreas y materias que la Constitución o la Ley les asignan expresamente como de su competencia y que cualquier actuación por fuera de esas competencias es ilegítima.

13) Respecto al principio de especialidad, ha dicho el Profesor Enrique Sayagués Laso: “El principio de especialidad tiene relación con la capacidad o competencia de las personas jurídicas. Mientras que las personas físicas por el solo hecho de ser capaces están habilitadas para hacer cuanto estimen conveniente, salvo las prohibiciones legales, las personas jurídicas sólo pueden actuar para el cumplimiento de los fines que motivaron su creación. La opinión es unánime al respecto”. (Tratado de Derecho Administrativo. F.C.U., 9ª Ed.)

14) El Poder Ejecutivo no es una excepción a esa regla, estando sus competencias expresamente establecidos en la Constitución, básicamente en el artículo 168; por lo tanto, cualquier acción fuera de sus competencias es inconstitucional; el hecho es aun más claro si –como ocurre reiteradamente en el “Contrato ROU-UPM”- el área de competencia de la que se trata está expresamente asignada por la Constitución a otro Poder u órgano del Estado.

15) Esa precisa asignación y delimitación constitucional de competencias no es caprichosa; tiene por finalidad dar garantías a los ciudadanos y prevenir excesos y desbordes de autoridad por parte de los gobernantes; es a través de la distribución de competencias entre los distintos Poderes y órganos del Estado que se establece un sistema de limitaciones, contrapesos y controles mutuos que son imprescindibles para la vida republicana y democrática

16) A continuación expondremos algunas de las más evidentes transgresiones constitucionales contenidas en el texto del “Contrato ROU-UPM”; la exposición no será exhaustiva, dado que el documento, considerado en su conjunto, constituye un desborde de potestades por parte del Poder Ejecutivo y le asigna a la empresa UPM un indebido papel de privilegio y dominio del que no existen antecedentes en la vida

nacional; confiamos en que los Sres. Representantes, movidos por su propio celo, descubrirán que, además de los que mencionaremos, otros puntos del Acuerdo con UPM resultan inconciliables con nuestro orden constitucional.

  1. D) AFECTACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PODER LEGISLATIVO

17) PODER LEGISLATIVO 1. La celebración de contratos con empresas privadas extranjeras no está prevista en nuestra Constitución y, específicamente, no figura entre los cometidos del Poder Ejecutivo; sí está prevista la celebración de tratados, en el numeral 20 del artículo 168, pero, según dicho numeral, el Poder Ejecutivo necesita la aprobación del Poder Legislativo para ratificarlos; el criterio es confirmado por el numeral 7 del artículo 85 de la Constitución, que le asigna al Poder Legislativo competencia para aprobar o reprobar los contratos de cualquier naturaleza que se celebren con potencias extranjeras.

18) La celebración de este tipo de contratos es entonces una actividad sobre la que no hay expresa previsión constitucional; ello, por aplicación del principio de especialidad, lleva a concluir que el Poder Ejecutivo no está facultado para celebrarlos, o al menos no lo está para hacerlo por sí y ante sí; a título de ejemplo, citaremos el antecedente de que en el año 2015, para celebrar un contrato de préstamo con ANCAP, destinado a que la empresa estatal saldara deudas con un Estado extranjero, el Poder Ejecutivo necesitó la autorización del Parlamento, que se materializó en la Ley Nro. 19.339.

19) En consecuencia, el primer exceso del Poder Ejecutivo lo constituye la propia suscripción del “Contrato ROU-UPM” por representantes del Poder Ejecutivo, en forma reservada y sin noticia ni intervención del Parlamento; no se trata sólo de una objeción formal; el Acuerdo implica compromisos económicos, normativos, institucionales y territoriales de tal magnitud que afectarán a toda la República durante varias décadas, por lo que resulta inconcebible que se los asuma sin conocimiento ni aprobación del Parlamento.

20) La omisión de dar cuenta al Parlamento y de solicitar la aprobación legislativa del Acuerdo conlleva además para los ciudadanos la imposibilidad de promover ante la Suprema Corte de Justicia la acción de inconstitucionalidad de las leyes prevista por los artículos 256 a 259 de la Constitución, determinando que el régimen contractual establecido entre el Poder Ejecutivo y UPM eluda por completo el contralor de los otros dos Poderes del Estado.

21) PODER LEGISLATIVO 2. Un aspecto clave del régimen contractual acordado es que las normas jurídicas que se aprueben en cumplimiento del Acuerdo, o del contrato

complementario que deberá suscribirse si se produce la Decisión Final de Inversión, no podrán ser derogadas ni modificadas contra la voluntad de UPM, ni siquiera por ley, sin exponer a Uruguay a la posibilidad de demandas indemnizatorias, conforme al régimen de solución de controversias que le permite a UPM someter el litigio a tribunales extra nacionales de arbitraje.

22) Esa situación es consecuencia de transformar en obligaciones contractuales a actos típicamente soberanos, como la actividad legislativa; la situación es aún más clara a la luz de la cláusula 5 del documento “anexo 3” del Acuerdo (que prevé los contenidos del contrato complementario) en la que, bajo el título “Estabilidad jurídica”, se establece expresamente como contenido necesario del contrato complementario la “Estabilidad del régimen legal, protección ante un cambio en el régimen legal que afecte a UPM o al proyecto de UPM, y mecanismos para la protección efectiva y ejecución de los derechos de las Partes bajo el Contrato”; cabe recordar que la obligación de conceder esa estabilidad jurídica afectará automáticamente a Uruguay si UPM comunica su Decisión Final de Inversión.

23) En síntesis, aspectos esenciales de la soberanía, como el ejercicio de la actividad legislativa, quedarán sometidos a un contrato con una empresa privada y pueden dar lugar a demandas de muy elevado monto ante tribunales arbitrales ajenos al País, lo cual condiciona gravemente al Poder Legislativo, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 4 y la Sección “V” de la Constitución de la República.

24) PODER LEGISLATIVO 3 (legislación laboral). Un ejemplo ilustrativo de renuncia a la potestad legislativa es, además del régimen general de estabilidad jurídica pactado, lo previsto en materia de normativa laboral en la cláusula 3.6.10, y especialmente en el literal “c” de dicha cláusula; la misma, bajo el título de “Mecanismos de Prevención y Resolución de Conflictos”, prevé la aprobación -previa a la Decisión Final de Inversión y a la suscripción del contrato complementario- de cambios en el derecho positivo laboral uruguayo que serán acordados por el PIT CNT, la empresa UPM y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; el literal “c” establece expresamente que las normas que se aprueben se incorporarán a nuestro derecho positivo “-bajo de la forma de ley, decreto o eventualmente convenio colectivo-“, y tendrán alcance nacional.

25) Por las razones expuestas en los numerales 21, 22 y 23 de este escrito, las normas laborales que se aprueben en esas condiciones no podrán ser derogadas ni modificadas, ni siquiera por el Parlamento en ejercicio de su potestad legislativa, sin exponer a Uruguay a responsabilidad jurídica y a demandas indemnizatorias ante

tribunales arbitrales, lo cual concluye asignándole a UPM un inadmisible papel de co-legislador forzoso y confirmando la renuncia a la soberanía legislativa que conlleva el Acuerdo.

  1. E) AFECTACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

26) El artículo 262 de la Constitución les asigna a los Gobiernos Departamentales “el Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública”; eso significa que, en su territorio y en las materias de su competencia, los Gobiernos Departamentales tienen un estatuto de autonomía que veda la intervención del Poder Ejecutivo.

27) El Acuerdo suscripto por el Poder Ejecutivo establece compromisos relativos al ordenamiento territorial, a la categorización de padrones, a las autorizaciones forestales, al transporte de cargas y de pasajeros, a la circulación por carreteras, a la vivienda y a la reglamentación de esas materias en varios Departamentos del País.

28) Lo dicho se evidencia en las cláusulas 3.4.10 (“Transporte de grandes cargas”), 3.9.1 literal “b” (“Sistema de localidades”), 3.9.2 literales “e” y ”f” (en que se comprometen a largo plazo políticas departamentales), 3.9.3 literales “d” y “e” (en que se asumen obligaciones y plazos en materias de neta competencia departamental); especialmente claro es el documento “Anexo 2”, parte 1, recuadro correspondiente a “Forestal”, en que el Poder Ejecutivo se compromete a respaldar a UPM ante los Gobiernos Departamentales para que éstos se obliguen a no establecer restricciones o no hacer más gravosas las condiciones de la plantación forestal en su territorio, lo que puede interpretarse como una presión indebida del Poder Ejecutivo sobre los Gobiernos Departamentales para que éstos resignen parte de su autonomía; de poco sirve mencionar cada tanto a la autonomía departamental si, en los hechos, las condiciones pactadas la vulneran en forma constante.

29) Una vez comunicada la Decisión Final de Inversión, las condiciones acordadas, así como los Decretos y las decisiones administrativas que los Gobiernos Departamentales dicten en cumplimiento de lo acordado por el Poder Ejecutivo, quedarán sujetos al mismo régimen de estabilidad que el resto de las obligaciones establecidas en el Acuerdo y que las que se establezcan en el contrato complementario, de modo que los Gobiernos Departamentales actuales y futuros no podrán desconocerlas ni modificarlas sin exponer al País a cuantiosas demandas por incumplimiento.

30) Por lo tanto, la afectación de competencias y de autonomía no se reduce a la actual Administración de los Departamentos afectados; en la medida en que el contrato

complementario puede tener una duración de hasta cincuenta años, los compromisos de estabilidad jurídica y administrativa implican una inconstitucional limitación de la autonomía de las futuras Administraciones departamentales que puede extenderse durante muchos períodos de gobierno.

  1. F) EL PROBLEMA DE LA JURISDICCIÓN Y LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

31) La cláusula 11 del Acuerdo regula la prevención y solución de las controversias jurídicas, comerciales y técnicas que puedan surgir entre el Estado uruguayo y la empresa UPM, desde la Decisión Final de Inversión hasta que finalice la ejecución del contrato complementario.

32) Para ello, se prevén tres clases de procedimientos: a) la ocurrencia ante tribunales uruguayos; b) el peritaje, bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional; c) el arbitraje, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, y eventualmente, si el CIADI no aceptara intervenir directamente en la controversia, ante la UNCITRAL, dependiente de Naciones Unidas pero administrada por el CIADI.

33) La posibilidad de elegir entre litigar ante tribunales uruguayos o recurrir al arbitraje conforme a las reglas del CIADI es una facultad exclusiva de UPM, ya que la cláusula 11.1, literal “b” inciso “ii” le permite a UPM, y no al Estado uruguayo, optar entre el arbitraje y el Poder Judicial uruguayo; de modo que el acuerdo establece condiciones desiguales y favorables a UPM respecto a la elección de la jurisdicción y del procedimiento para la dilucidación de disputas.

34) Tanto en el peritaje como en el arbitraje, en caso de no haber acuerdo entre las partes sobre la designación de peritos o árbitros, la designación del perito, o del tercer y decisivo árbitro, quedan libradas a un organismo internacional; en el caso del peritaje, al “Centro Internacional de Amigable Resolución de Disputas” de la Cámara de Comercio Internacional (cláusula 11.3, literal “D”, del acuerdo); en caso de arbitraje, cada parte elegirá a un árbitro, y el tercero será designado por el Presidente del CIADI, porque así lo dispone el artículo 38 del reglamento de arbitrajes del CiADI, que fue aceptado por las partes en el literal “C” de la cláusula 11.2 del Acuerdo; cabe señalar que el Banco Mundial ha promovido y financiado la plantación forestal en Uruguay desde hace más de treinta años, por lo que podría dudarse de que el CIADI, dependiente de dicho Banco, ofreciera todas las garantías de neutralidad deseables; corresponde agregar que, por la clausula 11.2, literal “b”, Uruguay se obliga a denunciar ante el CIADI a cualquier organismo gubernamental que contrate con UPM, y que dicho organismo quedará obligado a someterse al resultado del proceso arbitral.

35) Desde el punto de vista constitucional, la pregunta clave en este punto es si el Poder Ejecutivo tiene facultades para, sin consulta ni aprobación parlamentaria, someter al País y a todos los organismos del Estado a procesos periciales o arbitrales realizados ante tribunales ajenos a la República; otro aspecto del problema es si el Poder Ejecutivo tiene facultades para exonerar a una empresa privada, que operará en territorio nacional, de someterse al Poder Judicial uruguayo en los litigios que le inicien los organismos públicos o ella inicie contra éstos; y un tercer aspecto es cómo conciliar la función reguladora y de control que debe cumplir el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, con la posibilidad de que las decisiones de sus órganos sean sometidas a dictámenes periciales y fallos arbitrales; por poner un ejemplo: cómo hará la DINAMA, o cualquier otro órgano de regulación o contralor, para regular, controlar y eventualmente sancionar a UPM si cada una de esas decisiones puede ser cuestionada y sometida a peritaje o arbitraje ante tribunales extra nacionales.

36) Ninguna disposición constitucional habilita al Poder Ejecutivo a adoptar por sí decisiones que comprometen a los otros Poderes y organismos autónomos del Estado y a los Gobiernos Departamentales; es discutible que algunos de los contenidos del Acuerdo puedan ser asumidos incluso por ley, pero pocas dudas caben de que el Poder Ejecutivo, a través de un contrato con una empresa privada, no tiene legitimidad para disponer lo que en este Acuerdo dispone.

  1. G) AFECTACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LOS CONSEJOS DE ENSEÑANZA

37) La cláusula 3.6.4 del acuerdo establece textualmente: “Luego de la fecha de la DFI (Decisión Final de Inversión), ROU deberá organizar y financiar la mejora de las Universidades Técnicas (UTU), principalmente de Paso de los Toros, Durazno y Tacuarembó, para mejorar su capacidad de brindar instalaciones y recursos educativos con respecto a las disciplinas mecánicas, de instrumentación y eléctricas y, al hacerlo, deberá tener en cuenta y aplicar de buena fe las visiones de UPM con respecto a lo siguiente: i) Las necesidades de sus cadenas de valores con relación al proyecto UPM; ii) Como cree que la cooperación puede facilitarse de mejor manera entre dichas universidades y las universidades técnicas en Finlandia.”.

38) El artículo 202 de la Constitución dispone que los distintos niveles de la Enseñanza Pública, incluida la Industrial, serán regidos por Consejos Directivos Autónomos; el mismo artículo dispone que los Consejos Directivos Autónomos deben ser oídos por las Comisiones Parlamentarias, con fines de asesoramiento, respecto a las leyes relativas a sus servicios; esa es la única previsión constitucional que establece alguna limitación a la autonomía de esos Consejos, y está claramente reservada a la ley; por

ello nuestra doctrina constitucional y administrativa ha afirmado siempre que los Consejos de la Enseñanza tienen el mayor grado de autonomía posible dentro del Estado uruguayo, así fue leída siempre la disposición constitucional y así se la ha interpretado pacíficamente en épocas democráticas.

39) Por lo tanto, todo el contenido de la cláusula 3.6.4, así como el de otras, que prevén la creación de carreras técnicas y de títulos, son inconstitucionales; el Poder Ejecutivo tiene vedado disponer de los programas y de la currícula de la Enseñanza; mucho más hacerlo por contrato, supeditándolos a “las visiones” y los intereses de una empresa privada.

  1. H) EL PROYECTO FERROVIARIO

40) El llamado “Proyecto Ferroviario de ROU”, previsto en la cláusula 3 del Acuerdo, más allá de su conveniencia o inconveniencia técnica, económica y social, padece de tres vicios que afectan su legitimidad desde el punto de vista constitucional.

41) En primer lugar, es un proyecto concebido para el uso absolutamente preferencial de la empresa UPM, que se reserva, para sí o para el operador ferroviario que designe, el uso irrestricto de las vías “las 24 horas del día, los 365 días del año” (cláusula 3.3.12, literal “a”); además, según la cláusula 3.3.12, UPM podrá comunicar el régimen de uso de la vía con sólo veinticuatro horas de anticipación, lo que dificultará o impedirá que AFE o el Estado uruguayo, que sólo sabrán de la disponibilidad de la vía con un día de anticipación, puedan celebrar contratos de transporte con otras empresas o usar la vía para el servicio regular de carga o de pasajeros; ello confirma el absoluto privilegio comprometido por el Poder Ejecutivo con UPM.

42) Asegurar en forma permanente a un particular el uso preferencial y privilegiado de una vía pública de transporte de casi trescientos kilómetros de extensión, en desmedro del resto de los habitantes y empresas del País, rindiendo el Estado cuentas a ese particular de todos los pasos de la construcción y del posterior mantenimiento de la vía, como resulta de las cláusulas 3.3.3 a 3.3.12 del acuerdo, vulnera el principio de igualdad garantizado por el artículo 8º de la Constitución de la República; algo similar puede decirse respecto a la regulación del viaducto y de algunos de los “proyecto viales” previstos en las cláusula 3.3.15 y siguientes, y en la cláusula 3.4 del Acuerdo; en un régimen republicano, es inadmisible que las obras públicas se realicen a la medida y bajo el control de una empresa privada, o que se destinen expresamente para el beneficio comercial de esa empresa privada.

43) El segundo aspecto inconstitucional del denominado “Proyecto ferroviario” es que las obras de la vía se harán en base a la expropiación de padrones cercanos al trazado de

la misma, proceso que ya ha empezado; el artículo 32 de la Constitución establece que “nadie puede ser privado de su propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad pública establecidos por una ley…”; en el caso, ninguna ley estableció la necesidad o utilidad pública de las expropiaciones en curso, por lo que todo el proceso expropiatorio está afectado por inconstitucionalidad.

44) El tercer aspecto formalmente viciado del “Proyecto Ferroviario” es que se centra en una actividad y dispone de unos recursos materiales que corresponden a la competencia y a la propiedad de un Ente Autónomo, AFE, que no forma parte del Acuerdo; sin embargo, AFE verá completamente condicionada su actividad y recursos futuros por las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en el Acuerdo con UPM; huelga decir que si, luego de la Decisión Final de Inversión, AFE no cumpliera lo acordado por el Poder Ejecutivo, el Estado uruguayo y eventualmente AFE quedarían expuestos a demandas indemnizatorias por parte de UPM.

  1. I) EL “ANEXO” SOBRE ENERGÍA Y UTE

45) La cláusula 3.11 hace referencia a un “memorándum de entendimiento sobre energía eléctrica”, que las partes declaran haber firmado y que se incluye luego en el Acuerdo como “Anexo 6”, aclarando que la concreción de ese entendimiento sobre energía eléctrica es condición necesaria para la Decisión Final de Inversión.

46) El anexo 6 tiene una redacción tortuosa, en especial respecto a quiénes son, en sentido sustancial, las partes que manifiestan su voluntad y lo suscriben, lo que hace complejo determinar su alcance obligacional; formalmente, en el título y en el acápite, se declara que las partes del documento son el Ministerio de Industria Minería y Energía, representado por la Sra. Ministra, UTE, representada por su Presidente, y UPM PULP OY, que en el documento publicado por Presidencia de la República no aparece representada, puesto que el lugar reservado para los nombres de sus representantes está en blanco; curiosamente, en el capítulo 6 del mismo anexo, titulado “Contrato de energía eléctrica”, ya no son el MIEM ni UTE quienes expresan voluntad y asumen compromisos, sino el Poder Ejecutivo, que no figura como parte en el documento; no obstante, allí se establecen obligaciones de compra de energía, se fija el precio de la misma y se declara que esos compromisos tendrán vigencia hasta que se firme un contrato de compra-venta de energía y un convenio de uso entre UTE y UPM.

47) En síntesis, todo indica que ese documento está viciado de nulidad, por cuanto no hay correspondencia entre las partes que lo suscriben y las voluntades que se expresan y comprometen; tampoco es claro cuál es el alcance obligacional de las condiciones pactadas ni en qué medida obligan a UTE o al Poder Ejecutivo, siendo

que éste último no figura entre quienes suscriben el documento; en cualquier caso, ni el MIEM ni UTE tienen facultades para obligar al Poder Ejecutivo y éste no la tiene para obligar a UTE; para concluir, la afirmación de la cláusula 11.3 resulta falsa, por cuanto, según la versión publicada, el Poder Ejecutivo no firmó ese entendimiento ni figura como parte del mismo.

48) Cabe señalar lo improcedente y riesgoso de suscribir esa clase de documentos, por cuanto, aunque es incierta su validez y su alcance obligacional, podría comprometer la responsabilidad de UTE o la del Estado, siendo que quienes lo suscriben como partes no están constitucionalmente facultados para lo segundo.

  1. J) AFECTACIÓN DEL AGUA

49) Las cláusulas 3.7.1 y 3.7.2 del Acuerdo le conceden a UPM el uso gratuito y preferencial del agua del Río Negro y comprometen al Estado a garantizarle un flujo mínimo río abajo de la Represa de Rincón del Bonete.

50) Conforme al artículo 47 de la Constitución, las aguas superficiales y las subterráneas, excepto las pluviales, pertenecen al dominio público del Estado y deben ser usadas siguiendo criterios que el artículo constitucional detalla: a) su uso está subordinado al interés general y debe ser solidario con las futuras generaciones; b) deben destinarse prioritariamente al suministro de agua potable a las poblaciones; c) dicho suministro debe hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de interés económico; d) los usuarios y la sociedad civil deben participar en cualquier instancia de planificación, gestión y control de los recursos hídricos; e) para suministrar agua a otro país se requiere ley aprobada por tres quintas partes de los votos de cada Cámara y es necesario que el otro país se encuentre desabastecido y que el suministro responda a motivos de solidaridad.

51) Lo previsto en las cláusulas 3.7.1 y 3.7.2 del Acuerdo contraviene lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución; la concesión gratuita del agua del Río a una empresa y la garantía de un flujo mínimo no son compatibles con el carácter de bien del dominio público del Estado que la Constitución le asigna al agua; darle a UPM garantía de un flujo mínimo en su beneficio implica asignarle al agua del Río un destino prioritario que no es el suministro de agua potable a las poblaciones; basta pensar en la posibilidad de sequía para advertirlo; el Estado no puede comprometerse a darle al agua un destino que se anteponga al del suministro de agua potable; hacerlo es priorizar razones de interés económico de una empresa por sobre las de orden social, cosa expresamente prohibida por la Constitución; finalmente, en tanto las cláusulas citadas implican planificación, gestión y control de

recursos hídricos, esos compromisos no pueden asumirse legítimamente sin instancias formales de participación de los usuarios y de la sociedad civil, que no tuvieron lugar antes de la suscripción del Acuerdo.

  1. K) OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO Y PERSONAS PÚBLICAS NO ESTATALES

52) Por razones de espacio y respeto al tiempo de los Señores Legisladores, nos es imposible detallar otras irregularidades del Acuerdo en relación con las competencias y gestión de servicios descentralizados del Estado y personas públicas no estatales; mencionaremos apenas que la cláusula 3.5.2 compromete sustancialmente políticas portuarias, la 3.6.5 y 3.6.7 al INEFOP y la 3.9.2 a ANTEL.

  1. L) POLITICAS DE DESARROLLO

53) Sobre el final del Acuerdo, un extenso capítulo, desde la cláusula 3.10.1 hasta la 3.10.12, crea varias entidades bilaterales denominadas “Grupo de Trabajo de Desarrollo”, “Fondo de Innovación Sectorial” y “Directorio del Fondo”, que se integrarán con una representación paritaria de UPM y del Estado Uruguayo.

54) Los cometidos de esas instituciones son los de financiar y organizar los siguientes proyectos: Centro Tecnológico Forestal Maderero, Centro Tecnológico en Bioeconomía, Proyectos de I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación), Programa de becas para maestrías y doctorados, Centro de Desarrollo Empresarial, Programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales, Iniciativa del Río Negro.

55) De la lectura de sus objetivos, resulta que esas entidades bipartitas asumirán un papel relevante en las políticas de desarrollo, educativas, científicas y tecnológicas del Uruguay; sin embargo, no existe en el Acuerdo ninguna previsión sobre la participación o supervisión por parte de los Consejos de Enseñanza, o de la Universidad de la República, ni de ningún otro organismo rector de esas áreas, por lo que, siendo el del Acuerdo un régimen contractual, será difícil hacerlo valer después.

56) Cabe cuestionar la constitucionalidad de que esas actividades, estratégicas para el País, sean asumidas por una empresa privada en pie de igualdad con el Estado; sobre todo porque se omite toda referencia a la intervención de los Consejos de Enseñanza, que, conforme al artículo 202 de la Constitución, deben regir a todos los niveles de la enseñanza.

  1. M) CESIÓN DEL ACUERDO

57) La cláusula 9.1 establece: “Ninguna disposición del presente contrato impedirá que UPM venda, ceda, transfiera o disponga de algún modo, de su participación en el Proyecto UPM (o de alguna parte de él) sin el consentimiento de ROU.”.

58) Las cláusulas siguientes pretenden moderar a la 9.1, pero no lo logran porque la misma cláusula 9.1 se auto blinda contra toda relativización: UPM puede ceder todo o parte del contrato sin consentimiento de ROU, y ninguna otra disposición del mismo contrato puede afectar ese derecho.

59) Eso significa que todos los privilegios y prerrogativas concedidos a UPM, el uso prioritario de la vía de ferrocarril, del puerto y del agua del Río Negro, las zonas francas y las exoneraciones tributarias, la injerencia en la enseñanza, en la legislación laboral y tributaria, en los planes de ordenamiento territorial y en las políticas de desarrollo, podrán ser ofrecidos por UPM en el mercado mundial.

60) Obviamente, si el Poder Ejecutivo no tiene competencia constitucional para conceder esos privilegios, mucho menos la tiene para autorizar que sean ofrecidos y transferidos, “sin el consentimiento de ROU”, a otras empresas o grupos económicos.

  1. N) CONCLUSIÓN

61) Lo expuesto, sin agotar las inconstitucionalidades del “Contrato ROU-UPM”, debe llamar la atención de los Sres. Legisladores y dar lugar a que la Cámara de Representantes tome intervención en el asunto y ejerza las potestades que le asigna el artículo 93 de la Constitución, evitando a la República y a sus habitantes un Acuerdo y un futuro contrato complementario que contravienen su régimen constitucional.

POR LO EXPUESTO, A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, SOLICITAMOS:

1) Se considere al presente escrito una petición formal, de parte de un conjunto de ciudadanos afectados por la transgresión del orden constitucional, conforme a lo previsto por el artículo 93 de la Constitución de la República.

2) Se ejerzan las potestades asignadas a la Cámara de Representantes por el referido artículo 93 de la Constitución de la República.

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