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UPM2 Y SACYR LA EMPRESA QUE HACE PUENTES “QUE SE ARRUGAN”

FUNDAVIDA: Tabaré Vázquez y la divisa política Frente Amplio que dirige están entrando de a poco en pánico ante la posibilidad que se les arruine el negocio que tienen con los finlandeses para concretar el nuevo enclave de UPM2. A la preocupante (para los jerarcas políticos locales) resistencia ciudadana que crece día tras día ahora se abre un insólito frente externo en Finlandia, donde los escandalosos términos de la instalación de la nueva pastera a puesto a los finlandeses  a pensar que su rol como inversores externos los haría asumir el papel de ‘explotadores neocoloniales’ situación que resulta más que incómoda para los ciudadanos locales que durante siglos fueron víctimas de modelos económicos de este tipo a manos de Ruia primero y Suecia después.

La gota que desborda el vaso  de las patéticas ‘piruetas desesperadas’ de Vázquez es el contrato con la empresa Sacyr una sociedad española que viene de papelón en papelón por los megafallos de las obras que ha pretendido construir, el mas resonante de ellos es el desastre del “puente más alto de Sudamérica” (148,3 metros) en Colombia. Cuando la fabulosa obra, modelo además de corrupción gubernamental, se “arrugó” antes de inaugurarla.  Lo más grave es que con un burdo maquillaje asfáltico, la constructora pretendió ocultar un siniestro de ingeniería que cuesta a Colombia $100.000 millones. Es la tercera vez que Sacyr le falla a Colombia.

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AQUÍ LA INVESTIGACIÓN DE VICTOR BACCHETTA EN SUDESTADA:

 

Los secretos y riesgos del proyecto UPM II

La confidencialidad en torno al tren, las negociaciones con la empresa y los fundamentos económicos se suman a los malos antecedentes de la adjudicataria Sacyr

FUENTE. sudestada.com.uy, por Víctor L. Bacchetta

La licitación pública internacional convocada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para realizar las obras del Proyecto Ferroviario incluido en el acuerdo entre el gobierno uruguayo y la multinacional finlandesa UPM, dio como ganador al Grupo Vía Central, cuyo accionista mayoritario es la empresa española Sacyr. La adjudicación se formalizará en un Contrato de Participación Público-Privada (PPP) en el marco de la Ley Nº 18.786.

Durante el proceso licitatorio, tomaron estado público decisiones de la Comisión Técnica del MTOP que afectaban a uno u otro de los postulantes. Al conocerse en agosto último el fallo, la constructora española Acciona anunció que impugnaría la licitación internacional del Ferrocarril Central de Uruguay por una decisión final a la que calificó de “poco transparente, arbitraria e injustificada” (sic).

Como en todas las decisiones de gastos del Estado uruguayo, el Tribunal de Cuentas debió auditar el procedimiento de la adjudicación. Aunque el gobierno ha tratado de minimizar el compromiso diciendo que la obra cuesta unos 800 millones de dólares, por el contrato el país deberá pagar a la empresa constructora 148 millones de dólares anuales al menos durante 15 años, un total de 2.200 millones.

En noviembre pasado, el Tribunal de Cuentas aprobó el proceder y la decisión del MTOP adjudicando el proyecto ferroviario licitado al Grupo Vía Central. El gobierno nacional, el presidente de la República inclusive, festejó prácticamente la resolución del Tribunal destacando el hecho de que el fallo había sido unánime. Extrañamente, sin embargo, la resolución del Tribunal no estaba publicada.

Por la ley de Acceso a la Información Pública (N°18.381)

Sudestada pidió y accedió al fallo completo aunque, extrañamente, sigue sin estar disponible en la Web del Tribunal. La sorpresa mayor fue conocer por esta vía que el titular del MTOP, el ministro Víctor Rossi, había decidido, el 23 de octubre de 2018, clasificar como “Reservada” toda la información y documentación de la licitación en cuestión.

La Ley 18.381 admite que pueda haber informaciones que sean declaradas secretas, reservadas y confidenciales pero, en su artículo 8°, establece que“las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta”. Esto quiere decir que tales excepciones deben ser justificadas en cada caso, un requisito que evidentemente no se está cumpliendo, a juzgar por la forma en que se informó de la declaración de reserva.

Es más, al estar hablando de un Contrato de PPP, la Ley 18.786 establece también taxativamente, en su artículo 4°, que

“todos los actos y contratos” en el marco de esa ley deberán observar ciertos principios y orientaciones entre las cuales: “Todas las actuaciones desarrolladas en el marco de proyectos de Participación Público-Privada (…) serán públicas y estarán sujetas a mecanismos de control”.

“Todo proyecto de Participación Público-Privada, deberá procurar el beneficio público, respetando el interés general, y adoptar los mecanismos de participación y control que serán de aplicación durante toda la vigencia del contrato”, reafirma esa ley.

La decisión de ocultar el procedimiento de adjudicación del Proyecto Ferroviario debe ser asociada con la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuando el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) le solicitó los informes técnicos y análisis empleados para llegar a las conclusiones sustentadas en el contrato de inversión firmado entre el gobierno y la empresa finlandesa.


“Nos preocupan estas respuestas que privilegian el secretismo y la opacidad en la función pública. Estos temas tienen impacto en la población, el país, el ambiente, por lo que la mayor transparencia debería ser la regla a la hora de informar sobre estos asuntos. Ya hay más de 120 países que tienen leyes de acceso a la información pública”,comentó a

Sudestadael presidente de CAinfo, Daniel Lema.

Para CAinfo,“es necesario discutir con el Poder Ejecutivo, Parlamento, academia y sociedad civil algunos cambios a la ley. Es necesario realizar ajustes para que los sujetos obligados, antes de establecer como reservada o confidencial una información, efectivamente prueben que su divulgación generará un daño a la administración. El objetivo de la revisión es evitar el uso abusivo de estos artículos”.

La decisión del MEF siguió la del Poder Ejecutivo que había declarado confidencial todo el proceso de negociación del contrato entre el gobierno uruguayo y UPM para habilitar una nueva planta de celulosa de la multinacional finlandesa a orillas del Río Negro. Es el ocultamiento a la población de la mayor inversión de una empresa extranjera y del estado uruguayo en un proyecto de alcance nacional.

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