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UN SECRETARIO DE AMBIENTE GENÉTICAMENTE MODIFICADO

 

Internamente en nuestra Fundación debatimos si había que darle un tiempo para que actuara o decir ahora lo que pensamos respecto del nombramiento del Ing. Agrónomo Martín Barbieri como Secretario de Ambiente de Entre Ríos.

MARTÍN BARBIERI:

UN SECRETARIO DE AMBIENTE TÓXICO

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Pero los antecedentes de Barbieri son tan negativos y su nombramiento significa un retroceso tan grande para las luchas ambientales en la provincia que no dar nuestro punto de vista se transformaría en un gesto de tolerancia cómplice con quienes nos están envenenando con el modelo de agricultura industrial.
Egresado de una pequeña universidad privada surgida en un pueblo entrerriano, fuertemente ligada, por legado, al modelo de producción agrícola impuesto por las multinacionales químicas lideradas por MONSANTO/BAYER, Barbieri siempre ha sido un militante de la difusión de la agricultura agrotóxica en la provincia.
Su desempeño previo en la Secretaría de la Producción provincial sirvió para mostrar que pertenece a la generación de profesionales acríticos manufacturados en la usina ideológica de las compañías químicas que pretenden hacernos creer que no hay otra forma de producir alimentos que no sea utilizando venenos a discreción.          En su paso por el organismo se encargó de ratificar su militancia agrotóxica promoviendo convenios entre el Estado y la entidad privada que le otorgó el titulo para desarrollar:…” un programa de capacitación destinado a ingenieros agrónomos, intendentes, presidentes de juntas de gobiernos, concejales y fuerzas policiales del departamento Uruguay… para la supervisión de un correcto desempeño y accionar del ‘uso correcto’ de los agrotóxicos” y las normas que los regulan por parte de las autoridades respectivas.
Barbieri no perdió el tiempo ni, debemos reconocerlo, ocultó su filiación y adscripción al modelo de agricultura tóxica, cuando al asumir remarcó que uno de los ejes de su actuación como Secretario de Ambiente de Entre Ríos será:…” Un eje es incluir el criterio de sostenibilidad en las producciones, saliendo de la retórica y pasando a la acción a través de capacitaciones, talleres” Y nosotros sabemos cuál es el alcance de la palabra ‘sostenibilidad’ para quienes piensan como Barbieri.    Viejo discurso este de los intoxicadores que sostienen que la culpa de que tengamos cáncer y otras enfermedades no es consecuencia de la forma en que ellos cultivan sino que es nuestra, porque somos ignorantes.
Y finalmente, en homenaje al tiempo de nuestros lectores, si no ha quedado claro hasta ahora quien es Barbieri nos referiremos a la frase del Senador de Concordia (FPV) Ángel Giano, autor del proyecto de fumigaciones que fue rechazado en la Cámara de Diputados en estos días por ser aún más permisivo que las normas previas, un proyecto claramente diseñado a la medida de las multinacionales químicas y que mereció un claro rechazo por organizaciones de la sociedad civil que redactaron un comunicado que reproducimos al final de esta nota(*).
Giano, en dolidas declaraciones efectuada ante el estridente fracaso de su iniciativa parlamentaria defendiendo las fumigaciones tóxicas declaró públicamente:…”se trabajó “bicameralmente” y que durante “casi todo el tiempo” de trabajo legislativo nos acompañó quien hoy es secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri”.
A buen entendedor pocas palabras bastan, sepan sacar conclusiones nuestros lectores.
 

 

(*)Documento de rechazo al proyecto de ley de Agroquímicos aprobado por el Senado entrerriano

Los abajo firmantes, reunidos en Paraná el día 30 de diciembre de 2017,

……………………………………………………… se dirigen a los Diputados de la Provincia y a la sociedad entrerriana en general, a través del presente documento, expresando su total rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agrotóxicos en Entre Ríos y en absoluto repudio al accionar de los Senadores entrerrianos que, a través de un simple tratamiento, votaron media sanción al mismo, el día 26 de diciembre de 2017.

 

En primer lugar, consideramos que el proyecto votado es regresivo de la actual protección legislativa del ambiente y la salud humana. Permite realizar fumigaciones sin restricciones en cercanías a áreas pobladas dentro de un radio de 500 metros con productos de supuesta baja toxicidad, como el glifosato, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como POSIBLE CANCERÍGENO; mientras que otras investigaciones científicas determinaron que es causante, además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes. Del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna.

 

En segundo lugar, sostenemos que el tratamiento de dicho proyecto es ILEGÍTIMO, en tanto fue tratado sobre tablas, sin un análisis profundo del tema, y sin tener en cuenta los aportes realizados por la ciudadanía en otras oportunidades -en especial los vinculados con los movimientos ecologistas, las víctimas afectadas y sus familiares y los profesionales de la salud-. De esta manera, desconocen deliberadamente la antología de centenares de trabajos científicos que demuestran los efectos negativos en la salud y el ambiente del uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos.

 

Asimismo, denunciamos la INCONSTITUCIONALIDAD del contenido normativo del proyecto, violatorio de los derechos humanos a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, establecido en los artículos 3, 7, 12, 17, 25, 26, 29 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, y en el artículo 22 de nuestra Carta Magna provincial, y en abierta contradicción al programa constitucional establecido en la reforma del año 2008 (artículos 22, 67 b, 68 última parte, 69, 75 última parte, 78, y artículos 83 a 86.) y a los principios del derecho ambiental determinados en la Ley General del Ambiente Nº 25.675.

 

Sumado a lo anterior, advertimos la consciente pretensión de negar espacios de participación en el Consejo Provincial Fitosanitario proyectado a la diversidad de actores sociales existentes en la ruralidad entrerriana, excluyendo principalmente a los pequeños productores, a los productores familiares y campesinos -históricamente postergados y expulsados de nuestros campos-.

 

Consideramos, además, que la amplitud de funciones otorgadas a este Consejo significa una inexplicable delegación de poder del Estado al sector económico concretado, que lo integra en su mayoría. Asimismo, este proyecto de Ley, llamado eufemísticamente de “uso de Productos Fitosanitarios”, desconoce cínicamente la realidad sanitaria de la provincia, y de los pueblos agrícolas en general, relevada, por ejemplo, en los campamentos sanitarios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en Larroque, Bovril, Basavilbaso y San Salvador, cuyos resultados demuestran el cambio de la incidencia en la población de las enfermedades asociadas a las exposiciones a los agrotóxicos. Tampoco repara en la situación de las escuelas y pueblos fumigados, sus denuncias ni en el reciente y primer fallo en nuestra tierra del Tribunal Oral de Concepción del Uruguay sobre el caso de la escuela fumigada de Santa Anita. En la misma lógica, olvidan el comprobado y grave deterioro ambiental que el modelo del agronegocio ha causado en nuestra Provincia, a partir de la contaminación de los cursos de agua, la eliminación casi por completo de los bosques nativos, la degradación de los suelos y la contaminación del aire.

 

En tercer lugar, denunciamos la utilización de clasificaciones toxicológicas basadas en la toxicidad aguda sólo del principio activo de los productos comerciales, que omiten considerar los riesgos de la exposición permanente a subdosis, y la presencia de un pool de moléculas que acompañan a esos principios activos en las formulaciones comerciales. Lo más grave es el hecho de que las clases toxicológicas de los productos utilizados se establecen con estudios que realizan las mismas empresas productoras de agrotóxicos, como Bayer-Monsanto, Syngenta, entre otras, sin resistir el menor cuestionamiento por parte de los órganos decisores.

 

En cuarto lugar, queremos poner en evidencia el hecho de que se sigan promocionando las “buenas prácticas agrícolas en el manejo de fitosanitarios”, planteando el problema del “mal uso” de químicos -presentados como inocuos- cuando en realidad la discusión debería girar sobre el por qué de su uso y los efectos que provoca en la salud y el ambiente. Este debate debe darse teniendo en cuenta el incremento del uso de agrotóxicos en los últimos años, llegando a un total de 420 millones de litr

os para el año 2016. Finalmente, advertimos que tampoco aparece en el “horizonte legislativo” la intención de promocionar otras formas de producción, como la agroecología o la agricultura orgánica, y encarar, de algún modo, una transición hacia agroecosistemas sustentables y sanos. Entendemos que OTRA AGRICULTURA ES NECESARIA porque permite el desarrollo de los territorios, la apropiación de los actores sociales del agro, especialmente de los pequeños productores y campesinos; la promoción del trabajo digno, la construcción de economías locales vivas; la preservación del ambiente y la vida, así como la producción de alimentos sanos y saludables.

 

Por todo esto, bregamos por la no conversión en ley de este perverso proyecto, solicitando seamos convocados a un amplio debate sobre el tema para lograr una norma que proteja y priorice la vida en todas sus formas, libre de venenos y del lucro opresor de unos pocos.

 

 

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