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TABARÉ VÁZQUEZ DECRETA OCULTAR LOS DESASTRES DE SU GESTIÓN

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Los que hoy peinamos canas, incluidos los que tenemos poco para peinar, crecimos a las realidades políticas cultivando mitos, no solo locales sino también regionales, entre los que destacaba que la calidad institucional de nuestro vecino Uruguay era decididamente superior a la nuestra; que sus estandares elevaban la vara más allá del alcance moral de nuestra dirigencia.

Quizás el momento culminante de la vigencia del mito fue cuando, en 2002, un presidente del país vecino, Jorga Batlle, vociferó inflamado de fatua soberbia que:…“los argentino son una manga de ladrones del primero al último…” en un rapto verborrágico que luego lo traería a llorar un perdón más falso que una moneda de 14 pesos a nuestra televisión. La anécdota es que en ese entonces muchos medios de comunicación locales difundían con culposa actitud el exabrupto, probablemente en la convicción de que efectivamente la dirigencia uruguaya era de una calidad moral superior a la nuestra (algo por otra parte fácil de creer por el patético expectaculo que ofrece habitualmente nuestra clase política)

Pero luego, día por día el mito se fue desgajando lenta pero inexorablamente, y tenemos que ser francos, los principales mentores de su pérdida de vigencia ha sido la coalición gobernante desde hace más de una década: el Frente Amplio.

Tempranamente fue el actual presidente (en su primer período), Tabaré Vázquez, que luego de los discursos de campaña, en los que con una inflamada retórica prometía que no permitiría que los países ricos del hemisferio norte trajeran sus ‘industrias basura'(SIC) a contaminar nuestra impoluta naturaleza, en aquel entonces lisonjeada con el slogan que prometía un Uruguay Natural, se convirtió de la nocha a la mañana en el más que sospechoso lobyysta de los capitales nórdicos que están saqueando la naturaleza y la economía del país que dirige.

Luego se fueron sucediendo episodios que no viene la caso recordar que fueron llevandose girones del mito.

Pero en esta terminal etapa de gobierno del Frente Amplio, la miseria moral ha tomado por asalto la cotidianeidad dirigencial del país de Artigas.  Una de las últimas tradiciones demolidas por esta divisa política ha sido la transparencia en la difusión de los actos de gobierno, que no dudamos es la principal garantía para que los políticos no cometan sus tropelías habituales.    Primero fué el escándalo de la decisione de ocultar la difusión de los parámetros de la calidad del agua en el país  con la clarísima intención de favorecer a costa de lo que sea, en este caso la salud de los orientales, los intereses del saqueo de UPM (BOTNIA).  Y ahora una nueva entrega del respetado periodista de investigación Victor Bacchetta, publicada en sudestada.com.uy, revela que el gobierno frenteamplista ha pegado otro decretazo de oculamiento, esta vez de las ‘negociaciones’ que tendrá que hacer con una empresa internacional que estuvo involucrada en el fenomenal desaguizado de Aratirí, que presuntamente le costará centenares y quizás miles de millones de dólares de indemnización que deberán pagar los sufridos locales por cuenta de otro desastre administrativo de la coalición gobernante.

…………….

AQUI LA NOTA DE SUDESTADA:

El gobierno declara confidencial el arbitraje sobre la demanda de Aratirí

En el Código de Minería se encuentra el fundamento legal que permite sustentar la incompetencia de cualquier tribunal internacional para juzgar la demanda de Aratirí contra el Estado uruguayo
Víctor L. Bacchetta
 
El Consejo de Ministros decidió, este lunes pasado, clasificar como confidencial “toda la información intercambiada o presentada en el procedimiento arbitral”, promovido por familiares del propietario de Aratirí, Pramod Agarwal, contra Uruguay ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Para ello, el gobierno se ampara en el Reglamento de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 
 
La resolución del Poder Ejecutivo se basa en la potestad del Estado para no divulgar información que considere “contraria a sus intereses de seguridad esenciales” o que “pudiera poner en peligro la integridad del proceso arbitral”. Esto significa que no se podrá conocer la posición del gobierno uruguayo hasta el final de este proceso, ni siquiera si considera procedente o improcedente el procedimiento arbitral. 

 

 

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