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RESPETAR LA LEY ¿PERO QUE LEY?

RESPETAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL ¿PERO CUAL?

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El conflicto desencadenado por la utilización de substancias químicas en la actividad agropecuaria peligrosas para la naturaleza en general y la vida humana en particular se desarrolla en un escenario de creciente complejidad.  Las tensiones crecen en proporción directa con la difusión pública de las consecuencias de esta forma de producir alimentos acarrean, noticias que cada vez son más alarmantes.

No es un problema local, es global, porque ésta estrategia productiva se ha extendida a todos los continentes, aunque debemos reconocer que en Argentina, Entre Ríos incluida, la situación es más grave aún, porque las autoridades locales brillan por su ineficacia a la hora de regular el uso y mucho más a la hora de controlar el cumplimiento de las disposiciones de control que ellas mismas sancionan para luego ignorar desaprensivamente su responsabilidad de verificar su cumplimiento.

Ya son muchos municipios donde los consejos deliberantes en salvaguarda de los ciudadanos de sus respectivos distritos han adoptado severas medidas restrictivas al uso de estos productos químicos, entre ellos Gualeguaychú. El área del departamento que incluye zonas rurales le ha dado localmente magnitud a la confrontación.

El vocero de la Mesa de enlace de la provincia, Elvio Eguía, dirigente de federación Agraria Argentina, ha comunicado que la decisión de plantear en la justicia la inconstitucionalidad de la ordenanza está tomada; los dirigentes están charlando con estudios jurídicos y las conversaciones vienen avanzadas en este sentido.

La judicialización del conflicto en el escenario de nuestra Carta Magna abre una expectativa inusual por la importancia que tendrá la decisión que deberán tomar los jueces dado que no se trata de un derecho constitucional el que está en juego, son varios.

El que tienen los productores a ejercer sus actividades en el marco de las normativas vigentes y también están en juego el derecho a la vida de los seres humanos y el derecho a un ambiente sano y de una naturaleza preservada.

Los jueces deberán, en caso de plantearse este escenario, decidir cuales derechos son superiores y que prioridades tienen, lo que entraña una decisión que va mucho más allá de una mera cuestión de intereses sectoriales, sería un posicionamiento filosófico ideológico que revelaría cuáles son los valores reales de esta sociedad que compartimos.

 

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