PROFESIONALES Y ESTUDIANTES DE LA UNER EN CONTRA DE LOS AGROTÓXICOS

Por nuevos enfoques y conceptos en la legislación sobre plaguicidas

Priorizando la salud y la protección del ambiente

sobre los intereses económicos de las empresas

Somos un grupo de ciudadana/os preocupados por los problemas que nos afectan como parte de la sociedad entrerriana. Trabajamos desde distintos ámbitos, sindicales, académicos, profesionales, de organizaciones sociales.

Hemos tomado conciencia de las características de los sistemas productivos agropecuarios que se han desarrollado en las últimas décadas. Avance de la frontera agrícola, desmontes, agricultura en suelos frágiles, predominancia de monocultivos, uso intensivo de agroquímicos y semillas genéticamente modificadas. Producción pecuaria intensiva con grandes concentraciones de animales en confinamiento y masivo uso de productos químicos.

Sistemas productivos que además de su gran impacto ambiental, de sus  efectos sobre la salud, producen un gran impacto socioeconómico: despoblación del medio rural, menor número de explotaciones, cada vez mayor concentración de la propiedad y uso de la tierra, así como cadenas comerciales e industriales también más concentradas y extranjerizadas.

Hay sectores políticos y de la producción que plantean llegar en poco tiempo a 150 millones de toneladas anuales de producción de granos, nosotros nos preguntamos: ¿cuál será el costo humano y ambiental de este objetivo, y quiénes serán lo beneficiarios de este logro?

Estamos preocupados también por los efectos que sobre la salud y el ambiente producen los sistemas de producción agropecuaria y de producción y distribución de alimentos, tal como funcionan en nuestro país. En particular los derivados del uso de diversos productos químicos en los procesos mencionados.

La producción agropecuaria recurre a la utilización de una muy amplia gama de productos químicos. En lo agrícola para la conservación y protección de semillas, para el control de enfermedades y plagas que afectan los cultivos, para la conservación de productos cosechados. En lo pecuario vacunas, antibióticos, antiparasitarios internos y externos, suplementos alimentarios y estimulantes del crecimiento. Además de los utilizados en la producción y conservación de forrajes. Todos ellos impactan en menor o mayor medida sobre la salud de las personas.

En los procesos que llevan los productos de la producción al consumo, así como en los que transforman los productos agropecuarios en alimentos y los llevan al alcance del consumidor, también se utiliza una amplia gama de productos químicos, con diferentes fines.

La cuestión que nos preocupa es determinar los efectos de los productos químicos utilizados sobre la salud de la población. De los consumidores y de todos aquellos que, en los procesos productivos (del campo a la mesa), quedan expuestos a sus efectos. Sea en forma directa, porque participan del proceso, sea en forma indirecta porque de alguna manera quedan al alcance de los productos químicos en cuestión. Entre los indirectos deben incluirse los afectados por derrames, almacenamiento, transporte, pulverizaciones, polvo, aireación de silos, etc.

La acción nociva de cualquiera de los mencionados productos puede ser mortal, en el caso de venenos muy tóxicos, o crónica (o subletal) en el caso de productos que no se degradan en el organismo y/o en el ambiente, (o lo hacen muy lentamente), que se acumulan y pueden causar diversos trastornos a la salud. Pero debe tenerse en cuenta que la mayor parte de las veces no se trata de productos puros sino de compuestos, en los que se producen efectos sinérgicos. En estos casos la mezcla efectivamente utilizada puede ser de acción diferente a la del producto puro o de los principios activos.

En los casos de acumulación de residuos en el propio organismo, la exposición a nuevas dosis puede llevar a potenciar la acción del producto en cuestión. Pero también puede darse que se acumulen residuos de otro/s producto/s y el efecto sinérgico se produzca en el organismo.

Otros aspectos importantísimos a  considerar  son los efectos de dichos productos en el ambiente,  suelos, aguas, aire y seres vivos en general.

La necesidad de la vigilancia epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es un método científico de investigación utilizado en medicina en muchos países del mundo, para lograr establecer distintos parámetros de medición y, en este caso, de riesgos. Es sabido que las experiencias de laboratorio no son concluyentes y que la experimentación sobre seres humanos tiene limitantes muy rigurosas que la hacen impracticable, especialmente en situaciones como éstas en que se trata de establecer los riesgos de sustancias ciertas o potencialmente peligrosas.

Mediante la vigilancia epidemiológica es factible tener un registro centralizado de toda la documentación que pueda incorporarse sobre hechos real o potencialmente atribuibles a la exposición al riesgo. Además, el estudio y análisis de las causas de mortalidad en distintas épocas, actividades o residencias de riesgo, permite reunir una magnitud importante de situaciones de sospecha aisladas, que terminan confirmando las pruebas científicas necesarias para determinar la peligrosidad, las dosis, los sinergismos, etc. de las distintas sustancias.

Para ello, debe instalarse un sistema que permita difundir entre profesionales e instituciones de salud los elementos de diagnóstico presuntivo de tales intoxicaciones y la obligación de su comunicación inmediata al Centro de investigación y referencia.

Normas de autorización de productos plaguicidas

El derecho a gozar y preservar un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes y futuras, tal como reza el art. 41 de la Constitución Nacional, es también un deber jurídico.

Por ello, se impone a las autoridades la obligación de proveer a la protección de este derecho como así también, la utilización racional de los recursos naturales y la preservación del patrimonio natural. Según explica la doctrina en la materia, esto último implica que el Estado debe velar por el uso racional de los recursos naturales y aun restringir severamente las actividades socioeconómicas cuando los destruyen.

En nuestro país no existe una ley que regule la aplicación de agroquímicos. Las normas vigentes forman parte de un MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS Y ALCANCES PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA, anexo de la Resol. 350 del año 1999, aprobada por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Es el SENASA el organismo que efectúa las categorizaciones por peligrosidad de los agroquímicos. Pero sólo lo hace tomando en cuenta la DL50. Es decir la dosis letal media (la que produce la muerte del 50% de los animales en experimentación): a menor DL50, mayor peligrosidad. Es de destacar que lo hace sobre la base del principio activo puro, lo que significa que no se evalúa el compuesto que realmente se aplica.

También debería tenerse en cuenta las posibles acumulaciones en suelos, aguas, flora y fauna, no sólo de los principios activos sino de los compuestos realmente aplicados. Y en los casos de acumulación, temporaria o de largo plazo, las posibles sinergias entre distintos compuestos.

Los efectos subletales y acumulativos, y los controles ecotoxicológicos de cada producto y su seguimiento en el tiempo no son investigados por el organismo encargado de la autorización de productos, ni por ningún otro. Esta información es proporcionada por las mismas empresas productoras, que solicitan la aprobación de sus productos para la comercialización en todo el país.

Tampoco existen en el orden nacional y provincial normas que establezcan sistemas de registro de enfermedades, muertes, malformaciones, etc. que permitan un seguimiento regional de los problemas de salud y sus posibles correlaciones con causas locales. Al menos no existen registros y estadísticas confiables al respecto.

Una ley Nacional es necesaria

La situación descripta brevemente pone de manifiesto que es necesaria y urgente una ley nacional de aprobación de agroquímicos que:

a)     Establezca la creación de un organismo que dictamine respecto a la aprobación de productos agroquímicos sobre la base de estudios que contemplen no sólo la DL50 del principio activo, sino de los compuestos que se pondrían en uso. Los efectos subletales y acumulativos de los compuestos y de cada integrante de los mismos. Las posibles sinergias con otros productos en uso. En todos los casos es necesario fundamentar la aprobación o no de productos.

b)    Establezca clara y terminantemente los procedimientos a seguir para la aprobación de productos agroquímicos, incorporando los procedimientos más modernos y exigentes existentes en el mundo. Así como la permanente actualización de la información que sobre el tema se produzca en el orden internacional.

c)      Asegure los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines señalados.

d)     Disponga la estructura del organismo y establezca la formación de redes nacionales con la participación de Universidades, organismos nacionales y provinciales, de Ciencia y Tecnología, Salud y Producción.

e)     Asegure la participación de representantes de productores, empresas, organizaciones sociales.

f)     Asegure el control ecotoxicológico en todas las etapas: desde la producción del producto hasta los resultados de su aplicación en el tiempo.

g)     Garantice en forma plena la vigencia del Principio de Precaución, por el que se debe demostrar en forma acabada y sin dudas (con los métodos conocidos) la inocuidad del producto a aprobarse. En caso contrario y de ser necesario su uso, se establezcan clara y terminantemente las restricciones, cuidados y debidos controles.

h)     Garantice en forma plena la vigencia del Principio de responsabilidad, por el que el generador o usuario beneficiado que introduce un riesgo por utilización de estos elementos al ambiente, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas, sin perjuicio de los sistemas de responsabilidad ambiental que corresponda.

El mismo organismo, en labor coordinada con los que se supone realizan los controles bromatológicos, deberían montar una red de control permanente de los alimentos que se ofrecen a los consumidores. Control que verifique tanto las condiciones de higiene y conservación de los alimentos, como que los mismos estén libres de la presencia de sustancias  químicas que puedan afectar la salud.

Estos organismos deberían informar pública y permanentemente la labor realizada y sus resultados, y el Estado debe garantizar la transparencia y el libre acceso a la información de los mismos.

Sistemas productivos: la cuestión no pasa sólo por regular adecuadamente el uso de agroquímicos. La cuestión de fondo pasa por decidir qué, cómo y para qué producir en nuestro país. Pasa por definir modelos de producción agropecuaria que aseguren acceso de todos a alimentos sanos, la conservación del ambiente y de la productividad de nuestros ecosistemas, la estabilidad y desarrollo de la población rural, el uso racional y socialmente justo de nuestros recursos.

Cabe plantear también la cuestión de si los organismos científicos y tecnológicos nacionales y provinciales, universitarios, se ocupan de este problema y de la posibilidad de ofrecer a los productores, alternativas frente los productos, tecnologías y sistemas actualmente en uso.

Ley provincial de plaguicidas

Iniciado el debate desde la Legislatura de la  provincia sobre la reforma de la Ley 6599/80, queremos manifestar que el cumplimiento de la aplicación de la misma ha sido muy deficiente, como quedó expresado en distintas auditorías profesionales realizadas a través de tiempo, en las prácticamente inexistentes sanciones a los diferentes actores de este sistema.

A pesar de no contar con estadísticas oficiales al respecto, ha quedado demostrado públicamente, por las recurrentes quejas, el efecto perjudicial sobre personas por aplicación de productos, en proximidades de localidades, escuelas, viviendas rurales. También la mortandad de aves benéficas, y de peces por aplicación sobre cursos de agua.

Se han denunciado numerosos casos de personas que manifiestan problemas de salud, muchos graves, con muy fuerte presunción de ser responsabilidad de agroquímicos.

Queremos aportar a este debate, insistiendo que este problema tiene su punto de partida en el proceso de autorización legal de los productos. Que sin modificar este aspecto poco o nada se habrá hecho para asegurar mejor salud a la población y el cuidado del ambiente.

El estado provincial debe incorporar un nuevo enfoque que priorice la salud de la población por sobre los intereses de las empresas fabricantes. Ejercer el control de la autorización de los productos que se emplean en el ámbito provincial, considerando la autorización nacional como un punto mínimo de exigencia, por sobre el cual puede ejercer su autoridad.

Para cumplir dicha función debe apoyarse en todos los recursos que estén a su alcance y en las instituciones de investigación que actúan en la provincia.

Una nueva ley provincial de plaguicidas es necesaria en Entre Ríos

Nuestra Constitución provincial impone al Estado el deber de garantizar a las personas el derecho a la vida (art.16), y reconoce a la Salud la categoría de derecho humano fundamental (art.19), reconociendo a sus habitantes el derecho a vivir en un ambiente sano, imponiéndoles el deber (a ellos mismos) de preservarlo y mejorarlo como patrimonio común (art.22).

Para asegurarse que no queden fisuras por las que se puedan eludir los elevados propósitos que ha fijado en materia de política ambiental, consagra los principios de: SUSTENTABILIDAD, PRECAUCIÓN, EQUIDAD, PREVENCIÓN, UTILIZACIÓN RACIONAL, PROGRESIVIDAD Y RESPONSABILIDAD.

El Organismo de aplicación de una nueva Ley Provincial de Plaguicidas debe asentarse en un ente autónomo con participación de las áreas de salud, medio ambiente y producción.

Los Municipios y Comunas deben ser incorporados por la ley para cumplir diversas funciones (prevención y educación,  inscripciones de empresas, máquinas y aviones, confección de actas de infracción, etc.) acercando al estado a todas las zonas productivas de nuestra provincia y a la población que pueda requerir de él.

Pensamos que la sociedad debe participar en el control de la aplicación de la una nueva ley, incluyendo la participación de organizaciones sociales que trabajan por la protección del ambiente, otorgándole en la ley funciones, como representación de personas o instituciones damnificadas, participación en comisiones consultivas y otras.

El organismo de aplicación debe estar dotado por ley de recursos humanos y materiales adecuados que le permitan efectivamente cumplir su importante misión, recuperando el rol del Estado en aspectos que no deben ser delegados. Deberá conformar un red de trabajo con las instituciones que en la provincia puedan sumar esfuerzos y aportes al mejor cumplimiento de su cometido. También deberá asegurar su acceso a toda la información que sobre el tema se produzca en el orden internacional. Y asegurar que la misma sea de libre acceso por parte de cualquier interesado.

Las funciones de este nuevo Órgano de aplicación de la ley, constituyen otro aspecto clave que queremos debatir, según una nueva concepción en el uso de estos productos y en vistas al desarrollo de nuevos modelos productivos. Este debate debe ser abordado interdisciplinariamente, ya que excede el sólo ámbito de los productivo.

La situación requiere actuar ya, con la ley vigente

Hasta la sanción de esta nueva Ley, requerimos del Estado provincial que declare una emergencia en materia de utilización de agroquímicos y que actúe en consecuencia.

Que publique y actualice en una página Web oficial la nómina de todas las empresas expendedoras, aplicadoras (terrestres y aéreas), sus responsables legales y asesores técnicos.

Que contenga la prohibición de realizar aplicaciones de agrotóxicos a menos de 800 m de toda vivienda y escuela rural (como lo dictaminó criteriosamente la justicia de Santa Fe por aplicación de productos cerca de la localidad de San Jorge), hasta tanto se determine la distancia mínima por ley.

Que se establezca en 800 m. la prohibición de aplicar agroquímicos en las costas de ríos y arroyos, eliminando el criterio vigente de hacerlo a sólo 50 metros.

Que controle el cumplimiento de no hacer aplicación aérea de productos a menos de 3 km  de los sectores urbanos.

Que establezca distancias mínimas razonables para la ubicación y medidas de seguridad, de los locales de venta de agroquímicos.

Que prohíba la aplicación de todo producto tóxico en la producción de alimentos que pongan en peligro la salud de la población.

Que aplique severas sanciones para los casos de infracciones, incluyendo multas, con sus montos actualizados, que desaliente las prácticas ilegales.

Que realice un monitoreo permanente en todo el territorio provincial, con un equipo interdisciplinario (compuesto entre otros por especialistas en biología, medicina, epidemiología, agronomía, asistencia social, etc).

Que desarrolle redes de información con los municipios, comunas, autoridades policiales y los actores sociales vinculados al problema, de manera de permitir la detección, y poder actuar rápidamente, en el caso de violaciones a las disposiciones legales.

Que exija a las empresas la correspondiente identificación de las máquinas aplicadoras y aviones, que disponen. Que establezca normas respecto al lavado de máquinas aplicadoras.

Que dicte pautas de manipulación de envases, estableciendo la responsabilidad de las empresas vendedoras, aplicadoras, profesionales intervinientes y productores rurales en la disposición final de los envases utilizados, garantizando mecanismos limpios de eliminación o retiro,

Paraná,  junio 19  de 2010.-

Participaron del Taller para debatir este documento, que fue organizado por el Grupo de Agronegocios y Alternativas, del Proyecto de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” (UNER), las siguientes personas:

Mónica Schonfeld, Susana D’Agostino, Ofelia Citera, Alicia Cevedo, Alberto Kipen, Carlos Weber, Mario Den Dauw, Carlos Retamoza (Ingenieros Agrónomos); Delma Abt, Marcela Haiek, Fernando Iturriza, Diego Rodríguez (Abogados); Darío Gianfelici, Julio Rodríguez Reindl (Médicos); Micaela Bernal (Prof. de Historia); Erika Espelosín (Prof. de Educación); Marisa Ruiz, Mariela Senger, Daniel David (Docentes); Adriana Rizzo, Adolfo Blejer, Luis Lafferriere (Contadores); Alfredo Berduc (Biólogo); Emilia Weber, Elín Rodríguez (Licenciadas en Comunicación Social); Javier Arrieta (Arquitecto); Eduardo Lorenzatti (Dr. en Alimentos); Mariángeles Parodi (trabajadora Textil Ejemplar); Carlos Godoy (empresario constructor); Leonardo Vargas Martínez (estudiante de Bioingeniería); Lisandro Lafferriere (estudiante de Biotecnología); Maxi Rodríguez (estudiante de Derecho); Chabela Mariana, Diana Deharbe, Daniel Villagra (estudiantes Comunicación Social), Alejandra Gervasoni (docente, Secr.Gral AGMER Paraná); Ricardo Sánchez (Secr. Gral CTA Pná).

Adhieren además a este documento:

Tirso Fiorotto (Periodista e integrante de la Junta Americana por los Pueblos Libres), Elizabeth Weinzettel (Docente e integrante del Grupo Agronegocios y Alternativas), Carina Scipione (Trabajadora Social e integrante del Grupo Agronegocios y Alternativas), Norma Wagner (Ingeniera Agrónoma y Docente), Guillermo Luciano (Economista y docente universitario).

Central de Trabajadores Argentinos CTA Regional Paraná; Asociación Gremial del Magisterio AGMER Delegación Paraná; Fundación Funda Vida (Gualeguaychú); ONG Mbiguá Ciudadanía y Justicia Ambiental.

Proyecto Extensión ‘Por una nueva economía, humana y sustentable’ – UNER

www.porunanuevaeconomia.com.ar / info@porunanuevaeconomia.com.ar

…………………………………………………………………………………………….

GACETILLA

Agronegocios o modelo productivo sustentable

Desde la década de los 90’ se ha instalado, cada vez con mayor fuerza, un modelo de producción agropecuaria que parece tener a sus actores en el embelezo de la fascinación: un crecimiento sostenido de la producción y una mayor rentabilidad, con escaso riesgo y mínimo trabajo. Así las cosas, era de esperar y así sucedió, la siembra de soja transgénica aumentó en pocas campañas en forma exponencial.

Los principales beneficiarios, grandes empresas proveedoras y comercializadoras, productores (sean estos propietarios, arrendatarios o pooles de siembra) y Gobierno, parecen ver solo una de las resultantes de este verdadero tsunami, el factor económico a corto plazo, dinero efectivo o divisas (pues los costos mayores se pasan a la comunidad) pero, hay que decirlo, se ignora o se minimiza el otro efecto, los costos sanitarios, ambientales y sociales que van dejando un tendal de víctimas además de alentar un sistema productivo altamente dependiente de los vaivenes externos.

Preocupados por esta emergencia, en el marco del Proyecto de Extensión ‘Por una Nueva Economía Humana y Sustentable’ de la UNER, se vienen estudiando y desarrollando actividades de difusión de esta problemática desde hace varios años. Además, desde el mes de abril pasado, trabaja en varias líneas de estudio, debate y difusión vinculadas a la problemática del modelo de los agronegocios, con un grupo interdisciplinario de profesionales, docentes y estudiantes.

Este grupo de trabajo ha constatado que el modelo agrario predominante no solo genera ganancias para unos pocos sino que, además, acarrea otras consecuencias que no deben ignorarse o minimizarse. Mayor concentración de la propiedad y del uso la tierra, extranjerización de la tierra, desarrollo del monocultivo con la consecuente degradación de los suelos, creciente utilización de agroquímicos, imposición de un paquete tecnológico, con lo que se alienta una gradual pérdida de autonomía de los productores y atenta contra la soberanía alimentaria, despoblación del medio rural, corrimiento de la frontera agrícola, concentración en pocas empresas de todos los pasos de la cadena alimentaria,  grandes concentraciones de animales confinados y sometidos a un bombardeo de químicos (como antibióticos, vacunas, antiparasitarios internos y externos, suplementos alimentarios y estimulantes del crecimiento, etc).

El otro resultado de esta actividad, “efecto colateral” del modelo de producción vigente, es el grave daño a la salud de las personas, que viene constatándose por numerosos profesionales: médicos, nutricionistas, biólogos, bioquímicos, científicos e investigadores, quienes con esfuerzo y valentía vienen denunciando un sinnúmero de cánceres, leucemias, malformaciones y afecciones graves a causa del vertido –siempre en aumento-, de agroquímicos en los ecosistemas.

Valga aclararlo, se trata de una práctica absolutamente admitida que no se limita a la producción agraria industrial o de gran escala (como la soja), también son regados con químicos muy tóxicos los cordones frutihortícolas de nuestras ciudades.

El mencionado Grupo de Estudio del Proyecto de Extensión de la UNER, ha elaborado meses atrás un documento con reclamos de cambios urgentes a la normativa nacional y provincial que regula la aplicación de los agrotóxicos, habiendo presentado el mismo a los organizadores de una audiencia pública realizada recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación, para debatir el tema. También participó del “I ENCUENTRO NACIONAL DE MEDICXS DE PUEBLOS FUMIGADOS”, jornadas que se desarrollaron en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba los días 27 y 28 de agosto ppdo. Del mismo surge un llamado dramático a la inmediata suspensión de las pulverizaciones.

Luego de un pormenorizado relato de los testimonios y estudios realizados, abonado con imágenes y cuadros referenciales, estadísticas y mapas, los médicos destacan “…que son escasos los informes epidemiológicos oficiales; según lo que manifiestan los propios médicos, sólo cuentan con los datos de sus observaciones, ya que en general los estamentos de la Salud Pública han evitado verificar las voces de alarma de los equipos de salud como las denuncias de las poblaciones…”.

También afirman que “Es imperioso reconocer que contemporáneamente al aumento de cánceres y malformaciones en las zonas mencionadas, creció, también exponencialmente, la utilización de plaguicidas desde la introducción de los cultivos transgénicos.” Y concluyen en que “…los plaguicidas son tóxicos, son venenos y nos están enfermando, las enfermedades que vemos y tenemos no son casuales, son generadas, principalmente, por la fumigación con estos agrotóxicos….”. “Creemos que además de parar de fumigar, es preciso prohibir totalmente la utilización de plaguicidas de las clases toxicológicas I y II, verdaderas armas químicas…”.-

En Paraná, el Grupo de Estudio del Proyecto de Extensión de la UNER “Por una nueva Economía, humana y sustentable”,  ha presentado recientemente a los Diputados y Senadores Provinciales, Ministro de la Producción, Ministro de Salud y Gobernador de la Provincia, sendas notas en las que se denuncia esta verdadera situación de emergencia y solicitan –en algunos casos- se tomen medidas concretas y en otros  se habiliten los espacios para el debate.

Entre las medidas propuestas se propone la declaración de una emergencia en el uso de agroquímicos, la prohibición de realizar aplicaciones de agrotóxicos a menos de 800 m de toda vivienda y escuela rural, la prohibición de aplicar agroquímicos en las costas de ríos y arroyos a menos de 800 m, prohibición de aplicación de todo producto tóxico en la producción de alimentos que pongan en peligro la salud de la población. Además, se reclaman una inmediata vigilancia epidemiológica, fuertes sanciones para los infractores, un riguroso monitoreo y una mayor información que sea accesible a toda la comunidad. Todo ello en el marco de una propuesta alternativa, de un modelo productivo sustentable, que recupere la diversidad productiva y la soberanía alimentaria.

……………………………………………………………………………………………..

UN GRUPO DE ESTUDIOS DENUNCIA EL USO DE AGROQUÍMICOS Y HACE PROPUESTAS ALTERNATIVAS

En Paraná, un Grupo de Estudio del Proyecto de Extensión “Por Una Nueva Economía, Humana y Sustentable” de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), presentó notas a los Diputados y Senadores Provinciales, Ministro de la Producción, Ministro de Salud y Gobernador de la Provincia, en las que se denuncia la  situación de emergencia en el uso de agroquímicos y solicitan –en algunos casos- se tomen medidas concretas y en otros  se habiliten los espacios para el debate.

Preocupados por las consecuencias del uso de agroquímicos, en el marco del mencionado Proyecto un grupo interdisciplinario de profesionales, docentes y estudiantes, estudian y desarrollan actividades, ampliamente difundidas, sobre esta problemática, algunas desde hace varios años. Además, desde el mes de abril pasado, se trabaja en varias líneas de estudio, debate y difusión vinculadas a la problemática del modelo de los agronegocios.

Como fruto de ello, elaboraron meses atrás un documento con reclamos de cambios urgentes a la normativa nacional y provincial que regula la aplicación de los agrotóxicos, y lo presentaron a los organizadores de una audiencia pública realizada recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación, para debatir el tema. También se participó del “I ENCUENTRO NACIONAL DE MEDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS”, jornadas que se desarrollaron en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba los días 27 y 28 de agosto ppdo, del cual surgió un llamado dramático a la inmediata suspensión de las pulverizaciones.

El Grupo interdisciplinario analiza críticamente un modelo de producción agropecuaria, que desde la década de los 90 tiene un crecimiento sostenido, mayor rentabilidad con escaso riesgo y mínimo trabajo, además de la siembra de soja transgénica con un aumento en pocas campañas en forma exponencial.

Detallan como otro resultado de esta actividad, los  “efectos colaterales” del modelo de producción vigente, que son el grave daño a la salud de las personas, constatado por numerosos profesionales: “médicos, nutricionistas, biólogos, bioquímicos, científicos e investigadores, quienes con esfuerzo y valentía, vienen denunciando un sinnúmero de cánceres, leucemias, malformaciones y afecciones graves a causa del vertido –siempre en aumento-, de agroquímicos en los ecosistemas”.

Esa práctica, absolutamente admitida, no se limita a la producción agraria industrial o de gran escala (como la soja), también son regados con químicos muy tóxicos los cordones frutihortícolas de nuestras ciudades. Y los costos sanitarios, ambientales y sociales que van dejando un tendal de víctimas, además de alentar un sistema productivo altamente dependiente de los vaivenes externos.

En el comunicado, el Grupo propone la alternativa de un modelo productivo sustentable, que recupere la diversidad productiva y la soberanía alimentaria, como contracara de un modelo que beneficia principalmente a grandes empresas proveedoras, comercializadoras y a productores (sean estos propietarios, arrendatarios o pooles de siembra), con ganancias a corto plazo, dinero efectivo o divisas.

También, solicitan a las autoridades provinciales la declaración de una emergencia en el uso de agroquímicos; la prohibición de realizar aplicaciones de agrotóxicos a menos de 800 m de toda vivienda y escuela rural; la prohibición de aplicar agroquímicos en las costas de ríos y arroyos a menos de 800 m; prohibición de aplicación de todo producto tóxico en la producción de alimentos que pongan en peligro la salud de la población. Además, se reclama una inmediata vigilancia epidemiológica; fuertes sanciones para los infractores, un riguroso monitoreo y una mayor información que sea accesible a toda la comunidad.

Paraná, octubre de 2010.-


Comentá desde Facebook

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *