Sólo hay que tener en cuenta que cada mexicano come medio kilo de maíz al día para comprender que sobre la mesa hay una batalla que vale miles de millones de tortillas. De un lado las compañías que procuran obtener permiso para comerciar sus variedades transgénicas. Del otro campesinos, asociaciones y científicos que les bloquean el paso en defensa del maíz nativo y contra los eventuales perjuicios del manipulado. Con esa pugna de trasfondo en los tribunales, México celebra hoy el Día Nacional del Maíz, cultivo originario de este territorio y el cereal más producido del mundo.

El pleito tuvo su último episodio en agosto, cuando un juez emitió un fallo que dejaba sin efecto una medida precautoria que impedía la «liberación al ambiente» de semillas transgénicas. De inmediato hubo respuesta de la Colectividad en Defensa del Maíz, que apeló el fallo argumentando que no había tenido en cuenta estudios científicos sino sólo los argumentos de las compañías comercializadoras de transgénicos, y logró congelar la sentencia hasta que un tribunal superior emita otro veredicto.

La conciencia de la importancia de preservar el maíz criollo frente a maíces transgénicos ha ido creciendo en los últimos años en México, traspasando el ámbito especializado de los campesinos y los científicos. Tras el fallo favorable a los especímenes no criollos fue notable la reacción de la élite de la cocina mexicana, que asentó en un comunicado su «oposición» a la siembra de transgénico por diversas razones: «Atenta contra la diversidad de nuestros maíces» y contra «el derecho del campesino de guardar la semilla de su propia cosecha como ha ocurrido desde hace siglos»; «plantea enormes incertidumbres y efectos colaterales impredecibles»; «sus agroquímicos pueden representar un peligro para la salud»; «fomenta la concentración de la tierra», «países de la Unión Europea como Alemania o Francia se niegan a cultivar transgénicos en sus territorios»; y promueven «el monocultivo: en Argentina un 56% de la tierra cultivada está sometido a monocultivo de soya transgénica».

Las empresas mantienen que esos argumentos son incorrectos. En un documento enviado a este diario en medio de la reciente controversia judicial, Monsanto, la principal compañía global de semilla transgénica, expone que «existen más de 40 declaraciones o documentos oficiales, involucrando cerca de 190 organizaciones o sociedades científicas, que ratifican la bioseguridad de los cultivos modificados genéticamente». «Su cultivo a nivel mundial desde 1996», añade, «con más de 1.781 millones de hectáreas acumuladas, no ha provocado daño ni en la salud de las personas ni de la fauna ni en el medio ambiente, conforme a las evaluaciones de las autoridades competentes».

En punta de lanza de la batalla está la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, dirigida por Elena Álvarez-Buylla, experta de la Universidad Nacional Autónoma de México en biología molecular y evolución de plantas. La investigadora sostiene que el Gobierno mexicano debe mantener un «principio precautorio» basado en la «evidencia científica» sobre «la imposibilidad de controlar los transgénicos y evitar la contaminación de cultivos nativos», «su impacto nocivo en el medio ambiente», «su impacto negativo en la salud» y «las fallas, fraudes o insuficiencias implicados en algunos de los trabajos científicos que sustentan sus supuestas cualidades, y también sus fallas agronómicas, por ejemplo: no aumentan los rendimientos y tampoco han implicado una disminución global neta en el uso de agrotóxicos». Álvarez-Buylla denuncia que se pretende «usar a la ciencia, por intereses que no son científicos, para legitimar una tecnología que ha acumulado cuestionamientos, críticas y fracasos».