La campiña marplatense tiene un gran cordón frutícola que produce frutas y verduras para la poblada ciudad balnearia. El modo de producción estaría basado en el abuso de agroquímicos. La Justicia Federal de Mar del Plata realizó trece allanamientos en Batán para comprobar el uso de sustancias químicas y determinar si éstas tendrían vinculación a la contaminación que se comprobó tiene el agua que usan escuelas en la zona rural.

Los campos que están bajo la lupa están cerca de la Escuela primaria N°51 “San Francisco”, el Colegio secundario N°39, el Jardín de Infantes N° 923, en estos establecimientos educativos asisten alrededor de 600 alumnos, y trababan 100 personas. En estas escuelas se detecto que el agua no es apta para consumo humano.

La Justicia Federal marplatense lleva adelante una causa por presunta contaminación que está a cago de Santiago Inchausti, quien busca determinar el uso de “de sustancias, en particular agroquímicos que podrían estar contaminando el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en el área de las escuelas afectadas.”

Para avanzar en la investigación el funcionario judicial ordenó realizar trece allanamientos en diferentes campos donde se obtuvieron muestras de suelo, sustancias químicas usadas y de agua. Las muestras serán analizadas por el INTA – Balcarce, por especialistas de la Autoridad del Agua y Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE), la empresa que provee agua a Mar del Plata.

La fiscal federal, Laura Mazzaferri, que interviene en la causa determinó que el agua que es utilizada en los establecimientos educativos “no es apta para el consumo humano, habiéndose detectado altos niveles de nitratos, por fuera de los parámetros establecidos en el Código Alimentario Argentino”. Además de proseguir con la investigación se ordenó a las autoridades municipales que garantizaran la provisión de agua potable para los establecimientos educativos afectados. El problema no sólo sería privativo de las escuelas, sino que los vecinos del barrio Colina Alegra en Batán, al igual que la Unidad Penitenciaria de la misma localidad vienen denunciando fumigaciones realizadas cerca del ejido urbano.

La fiscalía pidió que también sean tomadas muestras del agua del complejo penal y también analizar en las salas sanitarias de la zona para comprobar si existen registros de enfermedades vinculadas al uso de pesticidas. La causa que ahora se investiga comenzó en el año 2013 cuando un profesor de educación física y una de las madres de los alumnos denunciaron fumigaciones cerca de las escuelas.