UPM, que planea realizar la mayor inversión privada en la historia de Uruguay en su eventual nueva planta de celulosa, pretende una clarificación adicional del marco laboral vigente antes de decidir si finalmente construye una segunda fábrica. Para UPM debe precisarse más el marco sobre cómo pueden «escalar» los conflictos que vayan apareciendo tanto en la construcción de la fábrica como en su operativa posterior. Javier Solari, vicepresidente del Proyecto Uruguay en la empresa, explicó en una reunión con un grupo de periodistas que la empresa asume que habrá conflictos y que no quiere ingresar en el debate filosófico respecto a si las ocupaciones son una extensión del derecho de huelga, pero considera que «se tiene que mejorar» todo lo vinculado a la prevención y «escalamiento» de los conflictos.

«Hay un acuerdo marco firmado con los sindicatos, las cámaras empresariales y el gobierno por el cual proponemos trabajar en tres frentes, para ver qué cosas entre los cuatro actores podemos hacer para que sea un mejor proyecto.(…) Con respecto al tema específico del marco laboral, nosotros entendemos que tiene que haber reglas más claras en cuanto a un escalamiento o manejo del conflicto. El manejo del conflicto tiene que ser más previsible. Conflictos siempre van a haber. Quién tiene la razón es secundario, lo que sí tendríamos que tener es un manejo ordenado del conflicto y no llevar al cierre, a ocupaciones o piquetes en forma inmediata. Tiene que ser un proceso donde se dé una instancia de diálogo, en la que podamos ir conversando los problemas e ir subiendo e incorporando actores para ver si entre más actores podemos encontrar soluciones (…) El escalamiento del conflicto tiene que ser manejado de manera más activa y no tan proactiva», explicó el ejecutivo.

Solari señaló que «nosotros firmamos más de 18 consejos de salarios en nuestra cadena forestal y tenemos más de 60 empresas de servicios» por lo que «algo (una norma) que sea específicamente para UPM no lo veo práctico». De todas formas, advirtió que «un conflicto no es gratis para ninguna de las dos partes», e insistió en que «en lo que es el conjunto de normas de lo que llaman Derecho positivo se tendría que incorporar esto del escalamiento o manejo de conflictos».

«No sé cómo se puede configurar la implementación de esto. Puede ser en el Consejo de Salarios. Entendemos que es bueno para las relaciones laborales. Es una práctica que está en muchos otros derechos laborales de otros países», señaló.

Solari agregó que se debería evitar que un conflicto específico en una parte de la cadena vinculada a la planta afecte al conjunto en el que trabajarán 15.000 personas (si se suma el impacto de la fábrica que ya funciona cerca de Fray Bentos con el de la que se construiría en Pueblo Centenario, Durazno, frente a Paso de los Toros).

Solari no quiso adelantar si la falta de actualización del marco laboral podría poner en peligro la concreción del proyecto. «Eso será parte de la evaluación que tendrá que hacer la empresa luego de agotadas las instancias. (…) Pensar en que no podamos resolverlos (los problemas) cuando hemos llegado a un acuerdo con cámaras, sindicatos, con el ministerio, de que queremos trabajar estos temas parecería un poco, no sé si llamarlo apocalíptico. Entiendo que la voluntad está en buscar soluciones», dijo.

UPM sigue con la intención de inaugurar su segunda planta en el país en 2022. El retraso verificado en el llamado a interesados en poner a punto las vías férreas entre Paso de los Toros y Montevideo por ahora no hace cambiar esa intención. El gobierno postergó para mayo la apertura de las ofertas para las obras en las vías férreas que estaba prevista para el 15 de marzo. Las obras en las vías demandarán 36 meses.

La actualización del cálculo del impacto de la fábrica (sumado a la de Fray Bentos) indica que explicaría el pago de US$ 380 millones anuales en sueldos y unos 15.000 empleos.

La consultora calcula que se crearán, a raíz de la construcción de la nueva planta, 8.000 puestos de trabajo nuevos en la cadena de valor, exportaciones adicionales por US$ 1.100 millones, US$ 120 millones en impuestos y US$ 200 millones más en salarios.

Más de dos tercios de las secciones censales (regiones) analizadas experimentarían algún tipo de ahorro con la posibilidad de transportar la producción a través del ferrocarril (que se modernizaría) en comparación con la alternativa actual vía camión a los puertos de Montevideo o Nueva Palmira. Los ahorros alcanzan a departamentos como Artigas, Salto, Paysandú, Soriano, Florida, Río Negro, Cerro Largo y Treinta y Tres, considera CPA. La producción ubicada en los alrededores de Rivera capital tendría una reducción de costos de hasta US$ 33 por tonelada. Este ahorro equivale a llevar el puerto de Montevideo 200 kilómetros al centro del país.