Vecinos del Arroyo Perucho Verna, en el departamento Colón, denuncian el descontrol en el uso de agroquímicos, la desidia y complicidad del Estado, y se suman a la obstinada resistencia ciudadana que se multiplica en todo el territorio provincial.

Por Pablo Urrutia.

Los agronegocios llevan a los habitantes de la provincia de Entre Ríos a una situación cada vez más compleja y la resistencia ciudadana crece a la par de la frontera agrícola, empujada por el afán de ganancias. Envuelta en una nube de químicos que luego de años de uso intensivo ha vuelto resistente aquello que combatía, generando un desmadre en su aplicación que por un lado presiona al poder político para obtener leyes cada vez más permisivas y por otro pone entre la espada y la pared a los intendentes, acicateados por el alarmante deterioro de la salud y la calidad de vida de los vecinos.

La situación de quienes viven en cercanías del arroyo Perucho Verna, en la localidad de San José, Departamento Colón, es directamente dramática, pero no aislada, al igual que su lucha que se replica vertiginosamente en todo el territorio provincial. Según las denuncias que han presentado en reiteradas oportunidades, son afectados por las fumigaciones ilegales que se realizan hasta cinco veces a la semana en una explotación agrícola que viola una ordenanza que regula el uso de la tierra, se asienta sobre un área natural protegida usurpando terrenos fiscales, lleva adelante el ilegal desmonte de la zona y ha desviado el curso del arroyo para beneficio privado, realizando además el represamiento de las aguas.

Las denuncias formales no logran frenar una actividad ilegal y nociva para la salud por donde se la mire y sus beneficiarios, Humberto Odiart y Ricardo Maxit, no muestran la menor sensibilidad hacia los vecinos que diariamente se ven afectados por el uso descontrolado e intensivo de agroquímicos.

Prácticamente pegada al campo, se emplaza la escuela NINA número 54, Carlos Souriges. La mayoría de los 80 niños y niñas que allí concurren suelen tener dolores de cabeza y nauseas. Todos en la zona recuerdan que hace unos años, la directora del establecimiento y una docente, terminaron en terapia intensiva con una intoxicación aguda y un cuadro respiratorio severo. Son sólo algunos casos, los más evidentes, de los daños en la calidad de vida que la actividad genera en las personas.

Las autoridades municipales y policiales están al tanto de la situación y han constatado las irregularidades que se cometen durante las fumigaciones que se llevan adelante sin previo aviso. Sin embargo, la actitud del municipio es ambivalente, cuando no cómplice. De hecho, uno de los concejales de San José es representante legal del productor arrocero, Humberto Odiart, en una de las varias causas penales que tiene por la actividad ilegal que desarrolla en Arroyo Perucho.

A mediados de enero de este año, en declaraciones a Canal 5 de San José, el propio jefe Departamental de Policía de Colón, Comisario Mayor Daniel Páez, reconoció que en la plantación de nuez pecán se verificaron irregularidades durante una aplicación de agroquímicos.

“La infracción es que la fumigadora no cuenta con la habilitación municipal, no se había dado aviso como lo establece la ley –48 horas antes–, el aplicador no contaba con el carnet ni la matrícula habilitante para realizar la aplicación, el viento soplaba del lado contrario a lo que indicaba la receta, y se dejó constancia de dos bidones completos y uno que contendría la composición que indica la receta”, detalló Páez. Es decir, la acción se realizaba violando todas las normas. La información constatada por el personal policial fue elevada al Fiscal de turno y las personas que realizaban la tarea, empleados del establecimiento, están identificadas, indicó el titular de la Departamental. Sin embargo, hasta el momento no ha habido sanción alguna a los responsables, lo cual es una constante.

Los afectados, son los ciudadanos que habitan los barrios el Brillante, Perucho Verna, Premat y San Miguel, situados en torno al arroyo Perucho Verna y entre las Rutas Nacional 14 y Provincial 130. Pero no son los únicos, ya que para la explotación agrícola los productores cavaron un canal y construyeron un terraplén desviando el curso del arroyo hacia las plantaciones. El agua ingresa al campo, riega los cultivos que son tratados con diversos agroquímicos, entre ellos Glifosato, y luego retorna al arroyo que atraviesa dos reservas naturales y desemboca en el Río Uruguay, por lo cual, advierten que se está contaminando también el agua que baña las playas de Pueblo Liebig, San José y Colón.

Mapa: Facebook/No a los agrotóxicos en San José Colón.

Ante la preocupante situación y la falta de respuesta de las autoridades, en noviembre del año pasado, los vecinos se organizaron en la Asamblea Ambiental de Barrio Perucho, para decirle no a los agrotóxicos en Colón y luchar contra este emprendimiento privado que se lleva adelante sumando infracciones sin que, aparentemente, nada pueda detenerlo. Desde allí, realizaron marchas, reclamos, denuncias, charlas y talleres. Adhieren a la resistencia contra la ley provincial de regulación de fitosanitarios que ya tiene media sanción del Senado y de ser aprobada en Diputados, daría un fuerte respaldo a los productores que operan en la zona. La campaña “Paren de Fumigar Las Escuelas”, coordinada por Agmer, colocó un cartel en el establecimiento educativo del barrio. El hecho fue festejado y destacado por los vecinos, pero las fumigaciones continuaron.

Los habitantes de Barrio Perucho son quienes reciben de forma directa los efectos de las aplicaciones de agroquímicos, ya que se encuentra muy cerca de la plantación. Continuamente denuncian esta actividad que, como ya se dijo, se hace sin ningún control ni respeto a normativa alguna. Como respuesta reciben una actitud dubitativa de parte del Municipio y la Policía y, para colmo de males, son intimidados por quienes lleva adelante la explotación de arroz y pecán. “Nos pasan cerquita con las camionetas cuando vamos por la ruta o la calle. O pasan a toda velocidad por la puerta del lugar donde hacemos las asambleas”, relataron a AgendaAbierta. Hubo situaciones en que algunos sufrieron la caída de la motocicleta por las encerronas mientras transitaban. “Somos mujeres, pero no nos acobardamos”, dice una vecina, aunque admite que ha mermado la asistencia de vecinos a las reuniones. De igual manera, el colectivo mantiene la energía de los primeros días y ya ha logrado un compromiso más claro con la problemática de parte de algunos concejales. Cada vez se hace más perentorio avanzar en una normativa municipal que ponga un coto al desmadre de los productores en el uso de agroquímicos.

Como se dijo, a pesar de las protestas y las denuncias judiciales, hasta ahora inconducentes, los productores continúan fumigando de manera regular. El 10 de enero, una vecina se acercó a filmar una de las tantas aplicaciones, para sumar pruebas a la correspondiente denuncia y terminó en la Sala de Salud del barrio con un cuadro grave de inflamación en todo el cuerpo y adormecimiento de boca y garganta, por lo cual se le debió aplicar una inyección de urgencia para aliviar los síntomas.

A tan sólo 7 días de ese episodio, las fumigaciones volvieron y los vecinos lo interpretaron como una represalia o burla hacia ellos puesto que a raíz del hecho anterior habían realizado una manifestación en Colón, concentrando frente a la casa del reconocido abogado Ricardo Maxit, uno de los que lleva adelante la explotación agrícola.

Finalmente, la intendenta de San José, dio lugar al pedido de la Asamblea de realizar una Mediación Comunitaria que tendrá lugar en la última semana de febrero con la presencia de todas las partes involucradas. La abogada María Fernández Benetti, integrante de la Asamblea Ambiental de Colón y asesora legal de la Asamblea de Barrio Perucho, explicó que “el piso de la negociación será agrotoxicos cero, remediar el monte nativo talado y derrumbar el terraplén. Los vecinos no quieren inundarse ni seguir poniendo en riesgo la salud de sus familias”, señaló.

La ley del más fuerte

“Es el poder contra los pobres” dice un señor que se presenta como Nino ante las cámaras de Canal 5 que acudieron al lugar para dar testimonio de una de las tantas fumigaciones. A metros del lugar se ve una casa en cuyo patio juegan dos gurises. La cortina química es visible, así como su dispersión en el viento que corre hacia el poblado.

“La codicia y la avaricia es propia de este tipo de personas que nada le importa la vida de las personas, de los niños, de los animales, para sacar provecho de todo lo que encuentran”, le dice a Agenda Abierta, Marisa Bouvet, habitante de Perucho e integrante de la Asamblea.

Hacer el recuento de las irregularidades y violaciones a las normas de parte de quienes realizan las explotaciones de arroz y pecanes en el lugar, lleva a interpreta que lo que dicen estos ciudadanos no son sólo expresiones de impotencia y bronca.

La abogada Fernández Benetti, lleva la cuenta de las infracciones. San José cuenta con una norma municipal que data de 2011, la número 10, que establece la facultad del Ejecutivo local para realizar el ordenamiento territorial. Esa Ordenanza dispone que las actividades agropecuarias deben realizarse únicamente en la “zona rural exclusiva”. Las plantaciones de arroz y nuez pecán en cuestión está en una subzona de intersticio urbano, une espacio destinado al crecimiento de la ciudad. A no más de 300 metros de la escuela Carlos Sourigues. La actual Ley provincial 6599, que regula el uso y aplicación de agroquímicos, establece una distancia mínima de 50 metros para las fumigaciones terrestres, lo cual representa un claro riesgo para los niños y niñas y sus docentes.

Con sólo exigir el cumplimiento de la Ordenanza 10/11, ya se le estaría ahorrando a los vecinos la angustiante situación que atraviesan de forma diaria.

Pero tampoco, los empresarios Odiart y Maxit, respetan las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), que consisten en un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas, tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección del ambiente y del personal que trabaja en la explotación a fin de propender al Desarrollo Sostenible. Estas son de observancia a nivel internacional.

La alteración del curso natural del Arroyo Perucho Verna es otra falta grave y de gran riesgo para el medio ambiente y los vecinos que viven en sus cercanías. No cuenta, por supuesto, con la autorización del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa).

Claramente violan la Ley provincial N°6599, referente al uso de plaguicidas, y sus decretos complementarios, además de la Ley de uso productivo del agua N°9172.

En el caso particular de la plantación de pecanes, se comprobó que utilizan fungicidas y glifosato en las fumigaciones, cuando no hay agroquímicos autorizados por el Senasa para esa actividad.

Todas estas situaciones derivaron en procesos judiciales en marcha. Y otra vez la abogada ambientalista colabora con la información. Dos causas penales, una contra Humberto Odiart, el productor arrocero que vive en San José; y la otra contra Pecanes Pierre SRL. Hay dos expedientes en el Juzgado de Faltas de la Ciudad de San José, por violación del ordenamiento territorial. También en el Ministerio de la Producción, en la Dirección de Agricultura, el Corufa; y recientemente se sumó otra en la cartera de Producción por la tala de todo el monte nativo ribereño. Ninguna, hasta el momento, ha arrojado resultado alguno.

La Mediación Comunitaria recientemente aceptada por la intendenta de San José, Irma Monjo, representante del frente conformado por el vecinalismo, el Nuevo Espacio, y sectores del peronismo y del radicalismo que ganó las elecciones en 2015, puede ser un primer paso que permita resolver la situación desde la racionalidad y el respeto entre vecinos que deben convivir en un mismo espacio sin que la actividad de unos afecte la salud y calidad de vida de otros. Pero a esa expectativa, la vecina e integrante de la Asamblea Ambiental de Barrio Perucho, Marisa Bouvet, prefiere ponerle cautela y apelar a la experiencia reciente, “porque cuando se les dijo que no podían fumigar más, hicieron caso omiso a eso y siguieron fumigando cuatro o cinco veces por semana”, concluye.