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FUNDAVIDA ACCIONA JUDICIALMENTE PARA IMPEDIR EL PROYECTO AMARRAS

Se presenta. Adhiere. Ofrece Pruebas.-

Sr. Juez:

Edgardo Lucio Moreyra, DNI 5.884.262; con domicilio real en calle Ituzaingo N° 661, Gustavo Emilio Rivollier, DNI 13.593.522, domiciliado realmente en calle Colombo N° 832; ambos vecinos que son de ésta ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, en su calidad de Presidente y Secretario de la Fundación “Fundavida” con domicilio social en calle Ituzaingó N° 661 y constituyendo domicilio procesal junto con sus letrados patrocinantes  -Dres. Juan Ignacio Weimberg y Alejandro Ignacio Fidelio- en calle Montevideo N° 21 de ésta ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, en autos caratulados “MAJUL JULIO JESUS C/MUNICIPALIDAD DE PUEBLO GENERAL BELGRANO Y OTROS S/ACCION DE AMPARO (Expte. 10078-2015)” nos presentamos y respetuosamente decimos:

  1. I.         Personería.-

Que conforme lo indica el artículo segundo inc. 8 del Estatuto social que adjuntamos  “Fundavida” es una organización ambiental que se encuentra facultada para  brindar “Apoyo legal, asesoramiento, e impulso de acciones judiciales, como así también podrá ser querellante  para representar a víctimas de abusos ambientales, en el ámbito regional, nacional, e internacional (artículos 41 y 43 de la Constitución nacional)”. Esta fundación ha tenido aprobación mediante la resolución N° 108  de la D.I.P.J en el Expte. N° 1845 del año 2008;  además se adjunta el acta N° 1  del 13 /9/13 en donde en el punto N° 5 a Fs. 10/11  denominado “Elección de miembros del consejo de administración y revisor de cuentas en reemplazo de las actuales que cesan en sus cargos por vencimientos de los mandatos”  se  designa  como autoridades a los suscriptos en sus calidades de Presidente y Secretario, y en especial en el artículo Decimoquinto  que en su parte pertinente  textualmente dice “ atribuciones del consejo de administración. Son deberes y atribuciones del consejo de administración (a) ejercer por medio de su presidente o de quien lo reemplace la representación de Fundavida en todos los actos judiciales, extrajudiciales, administrativos, públicos o privados en el que sea parte”. En consecuencia los suscriptos se encuentran suficientemente facultados para intervenir en nombre de la Fundación antes mencionada.-

  1. II.          Objeto.-

Que, de conformidad con las garantías constitucionales previstas en los arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional, arts. 22 y 56 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y lo preceptuado por la ley  provincial Nro. 9032 (Amparo Ambiental, respectivamente), VENIMOS A ADHERIR A LA ACCION DE AMPARO  interpuesta por el Dr. Julio Jesús Majul contra la Empresa Altos de Unzué S.A. con domicilio denunciado en calle Perón 1410 piso N° 4  C.A.B.A. y procesal en calle Chacabuco N° 119 de ésta ciudad; Municipio de Pueblo General Belgrano, con domicilio en calle Héctor Ipperi N° 152 y legal constituido en calle Concordia N° 1030, de ésta ciudad  y  Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos –Secretaría de Ambiente sustentable del Gobierno de Entre Ríos- con domicilio en Gregorio Fernández de la puente y Córdoba de la ciudad de Paraná Provincia de Entre Ríos. Ello, en virtud de lo resuelto por V.S. el 12 de Septiembre de 2015. Solicitamos – de manera coincidente con la pretensión originaria- se declare la nulidad del certificado de aptitud ambiental otorgado por la Secretaria de Medio Ambiente,  ordenando al mismo tiempo las medidas de reparación ambiental tendientes a restablecer el ambiente afectado.-

  1. III.        Características  e historia de Fundavida como organización ambiental-

                 FUNDAVIDA es una fundación con amplia y reconocida trayectoria en temas ambientales en nuestro país y la región.

Nació en el mes  de Abril de 2007  producto de  las luchas ciudadanas a través de las que Gualeguaychú enfrentó la instalación de la planta de celulosa de UPM (BOTNIA) en Fray Bentos (ROU) y permitió a un grupo de luchadores ambientales crear y canalizar sus inquietudes en esta problemática a través de una ONG con personería jurídica que ha participado protagónicamente en importantes cuestiones y debates de trascendencia pública ambiental como son; acciones contra las mineras contaminantes, acción en la defensa de humedales, caso del Delta Entrerriano, lucha contra agro tóxicos y el modelo de producción a través de organismos genéticamente modificados ( soja), y cambio climático

                 Permanentemente consultada por quienes defienden la naturaleza, la vida y el ambiente a través de su página Web (www.fundavida.org.ar), es una referencia obligada en estos temas con más de 300 artículos periodísticos publicados en distintos medios gráficos de Gualeguaychu  y  en diversos medios de prensa regionales y nacionales.

                Ha presentado diversos proyectos  en la comisión de Iniciativa y  Participación ciudadana,  siendo colaborador destacado en  la Convención Nacional Constituyente de la Provincia de Entre Ríos del año 2008.-

                   A modo de ejemplo recordamos y podemos citar solo algunas intervenciones:

  • ·         Ha sido designada como veedora por el Municipio de Gualeguaychu  por el conflicto ambiental por la relocalización de la planta de la Cooperativa de arroceros Gualeguaychu, ubicada en calle Rocamora y  Goldaracena (Frente al Cosmódromo).-
  • ·         De la misma manera ésta Fundación tiene un rol de veedora  de la relocalización de la planta de Molinos Ross S.A. ubicada en calle España y Maestra Piccini, en la lucha que realizan los vecinos por la contaminación del aire provocada por las emisiones inmateriales del Molino. Actualmente existe un plan de relocalización de la planta al Parque Industrial de  Gualeguaychu
  • ·         Participó en la Provincia de Corrientes conjuntamente con la Fundación “Naturaleza” en la cual  tiene una participación destacada el folclorista Antonio Tarragó Ros, en la creación de la asamblea ambiental de Corrientes, participando en esa misma provincia en el encuentro por  “El agua y los Esteros del Iberá” junto también a la Fundación “Salvemos el Ibera” Asamblea Ambiental Ciudadana Gualeguaychu y la ONG “Ipodagua”
    • ·         Tuvo una intervención  activa en la discusión acerca del rechazo del proyecto de  elaboración del Código Ambiental de la Provincia el cual introducía cuestiones notoriamente regresivas en materia de política ambiental.-
    • ·         Se opuso a la construcción de una represa que promovía George Soros y Aranda  que se radicaría en el río Ayuí  Grande, (afluente del Río Uruguay)que tenía por finalidad posibilitar el riego de 20.000 hectáreas de arroz
    • ·         Fue organizador del 1er Congreso Nacional  hacia la diversidad Productiva y Soberanía Alimentaria. Declarado de Interés Educativo proel Concejo General de Educación de Entre Ríos y de interés Municipal por el Municipio de Gualeguaychu.
    • ·         Más allá del congreso  antes citado,  ha participado en infinidades de acciones de educación ambiental entre las más relevantes  ha sido la colocación de más de 250  recipientes para la clasificación de la basura y separación de la misma de orgánicos e inorgánicos en los espacios públicos, con la ya cartelería tan conocida de “Fundavida”  
    • ·         Ha enviado sendas CD  Nº 801797367, A LA Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia, (en la figura del Ingeniero Fernando Raffo) con fecha 30/3/2009, con motivo de la contaminación con Plomo a los empleados de Unión Bat Sociedad Anónima, en el parque industrial de Gualeguaychú; por la misma causa de contaminación se envió carta documento CD 965673439 con fecha 3 de octubre del 2009 a la Dra. Romina Picolotti, Secretaria de Medio Ambiente de la Nación. A su vez, efectúo presentaciones formales al Gobernador Urribarri y al Intendente de esta Ciudad – Juan José Bahillo-
    • ·         Dando cuenta de la problemática ambiental de la Provincia y Ciudad de Gualeguaychú.-
    • ·         Ha enfrentado incondicionalmente las pasteras nórdicas que se han instalado en el vecino país Uruguay, con su carga de saqueo económico y contaminación regional, siendo sus documentos públicos referencia obligada para quienes se ocupan de estos temas.
    • ·         Fue la primera ONG que denunció la temeraria idea del Fracking en Entre Ríos y la región, propiciando e integrándose a un colectivo social que ha frenado esta insensata iniciativa en nuestra provincia.
    • ·         Fue la primera ONG que denunció el proyecto Arroz del Delta Entrerriano SA, que finalmente fue derogado, que hubiera significado la más escandalosa transferencia del patrimonio público al privado de las tierras fiscales incluidos los humedales del sur de Entre Ríos, habilitando su destrucción y contaminación.
    • ·         Ha propiciado, organizado y participado en innumerables congresos y eventos referidos a esta problemática.

                  Finalmente, y para no abundar en datos, fue la ONG que se anticipó en denunciar la iniciativa inmobiliaria llamada Proyecto Amarras, por sus graves consecuencias, cosa que hizo tempranamente en el año 2012.

  1. IV.         Los Demandados.-

1)   Altos de Unzue S.A.;   CUIT 30-71087925-3 , con domicilio en la calle Perón N°  1410, piso 4 de la CABA, cuyo director es el Sr. Claudio García Trícoli, quien es la empresa propietaria  del emprendimiento con nombre de fantasía “Amarras de Gualeguaychu”, que es desarrollado por la empresa Ambiente y territorio S.A. CUIT N° 30-71057903-9, domiciliada en calle 48 N° 963 piso 5 “M” de la ciudad de La Plata;

2)   Municipio de Pueblo Belgrano: con domicilio en calle Ipperi N° 152. Una de las características principales es que – al igual que Gualeguaychú- es un municipio que se localiza en la margen izquierda del río Gualeguaychú y actualmente  la ciudad está creciendo a la par de su vecina. Se está desarrollando principalmente en la actividad turística, gracias a las termas, al encontrarse en el camino al balneario de Ñandubaysal  y a su potencial de desarrollo urbano. Su eje se encuentra en la llamada “curva de Fiorotto” en el encuentro entre el camino a Ñandubaysal y el camino a la Ruta Internacional que une con Uruguay. Desde esa intersección la trama urbana, se desarrolla principalmente hacia el noreste en la que se ubica la parte más antigua, y hacia el sudoeste en donde encontramos nuevos loteos urbanos.

Antes de 2007, Pueblo General Belgrano era considerado una Junta vecinal que respondía a la Municipalidad de la Ciudad de Gualeguaychú. En 2007, es declarado Municipio Independiente perteneciente al departamento de Gualeguaychú con una población de  2179 habitantes según el censo 2010.

3)   Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos –Secretaría de Ambiente sustentable del Gobierno de Entre Ríos- , presidida por el Ingeniero Fernando Raffo, con domicilio en Gregorio Fernández de la puente y Córdoba de la ciudad de Paraná Provincia de Entre Ríos

  1. V.           Admisibilidad .Recaudos  Formales.-

             Tal y como se ha expresado en la demanda que originó éste proceso – y en particular ésta adhesión-, se declara bajo juramento conforme lo prescribe el art. N° 4 de la ley 9032, no haber iniciado ninguna instancia administrativa que obture el reclamo, y por cierto (no está demás subrayarlo) exigir el  agotamiento de la vía administrativa en éste caso en particular, por la gravedad y magnitud de los bienes que se pretenden tutelar, causará perjuicios irreparables al ambiente y a la seguridad de las personas.

              En el estado constitucional actual, exigir  el agotamiento absoluto de la vía administrativa para acceder a la justicia, manteniendo el dogma revisor, no pasa el examen de convencionalidad. Ello aún más, visto a la luz del artículo   del  art  25 de la CADH,  que establece que toda persona tiene el derecho a disponer de un recurso efectivo, que sea sencillo y rápido, con el objeto de protegerla contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución,

VI.-  Legitimación

Como bien se ha dicho y se observará en la exposición de los hechos, nos encontramos ante la afectación de un  derecho difuso del cual  nadie es su titular exclusivo, sino que todos los miembros del grupo social  están  en condiciones de reclamar por la afectación que de ello se haga. Y  la ausencia de un ente portador de estos derechos o intereses afecta a la parte funcional de los mismos, es decir, a su gestión, lo cual, a su vez, hace a su esencia.

Por lo tanto, resulta necesario brindarles mayor protección,  pues seguramente estaremos en presencia de intereses débiles, que carecen de capacidad para organizarse, por ello como decía el ya extinto Constitucionalista Bidart Campos, “que los egoísmos, los reduccionismos, los angostamientos en materia de legitimación procesal son capaces de desvirtuar al sistema de derechos y al sistema garantista, en la misma medida que ni uno ni otro rindan el resultado a que están destinados ante la administración de justicia, ya que la desembocadura de los derechos y garantías en la ruta de acceso a la justicia y en proceso queda obturada si la legitimación, que es la llave para ingresar al proceso, se vuelve indisponible  a la pretensión del justiciable.”[1]

Es inequívoco  que del marco conceptual de la norma básica -artículo 43 de la C.N.- corresponde admitir una legitimación individual y Colectiva por categorías, grupos o clases de afectados, que se movilicen eficazmente entre los dos límites extremos: el de la acción Popular y el de las Class accions, no receptadas pro nuestro derecho constitucional, pero próximas en algunas de sus exteriorizaciones practicas ( y que la ley 25.675 en su art. 30  in fine, introduce por vía  de un subtipo de amparo por cesación de las actividades dañosas de incidencia colectiva). Se trata de lograr la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo, para lo cual la ley no repara en reservas ni limitaciones de acceso a la justicia.-

Se llaman acciones populares porque “Cualquiera” del pueblo la tiene a su disposición. MARIENHOFF[2]  decía que la acción popular es la que ampara el derecho propio del pueblo. BIELSA[3] entendía que la acción popular es una forma de educar jurídicamente al pueblo erigiéndolo en colaborador del control de la legalidad sobre la acción administrativa. Se da a cualquiera del pueblo para defender un interés público, que es a la vez Interés del accionante. No requiere interés jurídico diferenciado (Interés legítimo) así el derecho de defender el interés público pertenece a cualquiera del pueblo.

La ley de ambiente en su artículo 30 expresamente dice que  “Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, deducida la demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrá interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros” (el  subrayado nos pertenece). Ahora bien, el texto de la ley no aclara que tipo de intervención como tercero es  a la que hace referencia: si estamos ante la presencia  de una intervención “Adhesiva simple”,  “Adhesiva coadyuvante”, o si es la Intervención “Adhesiva autónoma”. Ésta última es aquella  en la cual el tercero interviene en el proceso para hacer valer un derecho propio frente algunas de las partes originarias, adhiriendo a la posición que han asumido como actora o demandada. Es decir, el tercero adherente litisconsorcial, según las normas del derecho sustancial hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en el juicio, y actuará como litisconsorte de la parte principal y tendrá las mismas facultades procesales.

No cabe duda y quedó demostrado que “Fundavida”  es una organización ambiental preocupada por las cuestiones ambientales y en funcionamiento en la actualidad, representando acabadamente los intereses afectados en este caso a la sociedad. Por tanto, hubiera podido ocupar el lugar de parte actora, con lo cual, nos encontramos en el supuesto de tercero coadyuvante previsto en el art. 87 y 88 del CPCCER. Al respecto, delineando la participación de los terceros en el proceso, la CSJN en el fallo “MENDOZA” (considerando 4º) ha dicho que “en lo que concierne a la naturaleza de la intervención de los terceros mencionados en el considerando 2), y al alcance de las facultades que asisten a esos sujetos procesales, frente a la sustancial analogía que guarda esta situación con la examinada y definida por esta Corte en su pronunciamiento del pasado 24 de Agosto con respecto al Defensor del Pueblo de la Nación, corresponde estar a lo decidido en esa resolución y, en consecuencia, admitir la participación de dichas agrupaciones como terceros interesados en los términos de la ley 25.675 y de acuerdo a lo previsto en el artículo 90 del ordenamiento ritual, así como, también de modo concorde con esa resolución denegar la ampliación de demanda y las citaciones de terceros que se solicitan”  En definitiva, nos encontramos con sujetos múltiples por agregación sobreviniente[4]

  1. VI.         Hechos.-

1)   Historia y características del “Emprendimiento Amarras”

Desde la década del 90´ han ido irrumpiendo como un nuevo modo de urbanismo, los barrios náuticos, privados, en zonas costeras de nuestro país; en su mayoría combinan espacios de propiedad privada con espacios públicos, la característica común en la mayoría de ellos es la introducción de un nuevo formato, relacionado con la inclusión de una oferta de lagunas artificiales, marinas y muelles que facilitan el acceso de parcelas individuales a estos cuerpos de agua artificiales.

La forma elegida por las empresas para construir estos barrios se materializa por medios mecánicos o de extracción de refulados  (Separación de los sólidos de los líquidos de la mezcla barrosa que compone humedales); ponen una draga, extraen sedimentos y minerales y generan lagunas artificiales. El material extraído sirve  a su vez, para elevar la cota natural del terreno, lo que permite el asiento de la urbanización. La belleza que ofrecen, sin embargo va en detrimento de la sustentabilidad ambiental. “Las zonas litorales son, por definición, espacios bastante frágiles y complicados. Son el intermedio entre ecosistemas distintos, y hay un mecanismo de regulación de inundaciones de recarga de acuíferos”. Se trata de áreas que prestan servicios ecológicos, como la recarga de los acuíferos subterráneos, o la regulación micro climática. Por ello las prácticas de buen urbanismo “Desaconsejan el avance sobre los humedales, que son las morfologías propias de las zonas costeras”.

Indudablemente las inversiones en turismo son deseables, de gran poder multiplicador económico por sus características, pero cuando se efectúan en áreas muy sensibles ambientalmente hablando es necesario responder todos los interrogantes, no solo escuchar a los promotores inmobiliarios que los impulsan porque obvias razones económicas harán que se magnifiquen sus ventajas y se minimicen sus problemas.

Y una vez que esta efectuado el eventual daño es prácticamente irreversible.

Si verificamos el lugar de emplazamiento propuesto para el proyecto, por más que el emprendimiento este legalmente fuera del radio urbano de nuestra ciudad, en realidad está inserto en el epicentro de nuestra oferta turística.

Los promotores de este negocio inmobiliario se han ocupado en destacar que esta fuera del ejido de Gualeguaychú y que Pueblo Belgrano, donde se inserta, le ha otorgado todas las autorizaciones pertinentes para la obra.

Pero el hecho que este fuera del ejido legal de ninguna manera implica que no afectará a nuestra ciudad.

De hecho, la naturaleza de la propuesta revela que consiste en un cambio dramático del cauce del río, inmediatamente antes de nuestros balnearios, emprendimientos costeros, clubes, parques, etc.

El río está bajo jurisdicción de organismos provinciales y no puede ser afectado ni modificado con el simple expediente de una autorización municipal y mucho menos, como es en este caso, de una comuna, Pueblo Belgrano, que no se verá afectada por las alteraciones que se producirían en el cauce, pero que si afectarían a un municipio vecino, o sea nosotros.

El 7 de Octubre de 2012, se  publica en  un medio de prensa local, sobre la construcción de un proyecto de Barrio Náutico; privado, el primero de Gualeguaychú (Entre Ríos).

La Sociedad de Altos de Unzué proyectó la edificación de “Amarras del Gualeguaychú”; entre Plaza de Aguas y Mangrullo, localizado en el Municipio de Pueblo General Belgrano. Amarras del Gualeguaychú cuenta con 112 hectáreas; linda con el Parque Unzué y se ubica a pocos metros de la costanera de la ciudad de Gualeguaychú y a  tan sólo 248 Km. de la Capital Federal.

¿Pero qué es Amarras del Gualeguaychú? Sin entrar mucho en detalles, podemos mencionar algunos de los servicios con los que va a contar este proyecto: 333 lotes residenciales, de los cuales 8 macro lotes están destinados a dar servicios. Instalación de un espacio comercial, con espacio de oficinas; hoteles,  un club náutico con la idea de prestar servicios de restaurantes y de playas. El primero va de la mano de una guardería que  contempla el proyecto, pero no estará en esa zona sino retirada y trabajará en forma conjunta con el club Náutico. Los lotes a la venta son amplios, van de 750 a 1700 metros cuadrados, 105 tienen vista al agua y el resto “goza de algún tipo de vista o espacio verde. El emprendimiento contará, además, con calles de hormigón Inter trabado, red eléctrica subterránea, de agua potable, cloacas, gas; también forestación en perímetro, boulevares, veredas, y espacios comunes. Alambrado perimetral, alumbrado público en calles y espacios comunes. Red de ductos para TV, cable e Internet. Se destaca una bahía central que por su amplitud (18 hectáreas) y ubicación central, ofrece visuales inmejorables desde casi todos los sectores del barrio”, 52 lotes sobre la costa que abrazan la Bahía central y se ubican todos sobre el amplio boulevard de palmeras.

El proyecto integral ocupará una superficie aproximada de 1.125.400.00 mt2, de los cuales serán ocupados en primera etapa unos 682.793,00 mt2. De acuerdo al detalle que se indica seguidamente (expresando superficie en metros cuadrados).

Canal__________________________________________185.000,0

Estructura Vial Principal ________________________79.082,00

Estructura Vial Secundaria_______________________48.683,00

Estructura Vial exterior___________________________10.747,00

Superficie rentable (módulos comercializables) _____724.622,00

Áreas verdes y Equipamientos Públicos ­­­_____________81.411,00

  1. VII.      Afectaciones de Amarras al Ambiente.-

En su (PMA) “Plan de manejo Ambiental”[5] reconoce que existe un:

3.1 Potencial Impacto: Pérdida de Cobertura Vegetal.

Este impacto potencial estaría generado por la extracción directa que incluye la tala de arbustos, malezas y vegetación herbácea; en el ámbito correspondiente al obrador, así como la construcción de sus instalaciones y sus actividades operativas. Para minimizar la afección, las instalaciones serán sustentadas por tacos para evitar la pérdida de raíces de la vegetación existente.

   3.2. Alteración del Comportamiento de los Patrones de Fauna.

Las tareas de remoción de vegetación afectarían la fauna silvestre asociada a través de la destrucción de refugios y la disminución en la disponibilidad de alimentos. De este modo se considera probable el desplazamiento temporal de individuos a zonas linderas.

Durante las tareas de excavación podría producirse la eliminación de mamíferos de hábitos cavícolas que construyen extensos túneles subterráneos. Asimismo, la conformación de los terraplenes crea un efecto barrera impidiendo el libre desplazamiento de individuos (fragmentación de hábitat). También el ruido provocado por las maquinarias durante estas acciones podría producir ahuyentamiento de la fauna, en especial aves, provocando cambios de comportamiento y modificando temporariamente hábitos alimenticios y reproductivos.

Las tareas de movimiento de suelos, la remoción del Top Soil (suelo superficial u orgánico la primer capa d suelo de la superficie) y la conformación de terraplenes generarían un impacto negativo moderadamente significativo sobre el factor ambiental analizado.

Con la construcción de terraplenes y rellenos de celdas además se generarían una fragmentación en la continuidad del entorno, que puede definirse como una división del paisaje original con repercusión en los recursos bióticos hasta que finalicen las tareas de restauración contempladas en el plan de revegetación que propiciaría la repoblación de flora, volviendo a ofrecer un hábitat adecuado a la fauna silvestre.

Las actividades de la etapa de construcción involucran en su mayoría acciones tendientes a modificar la fisonomía del paisaje, efecto que deriva de la introducción de nuevos elementos en el entorno y de modificaciones en la configuración del medio respecto a su estado natural.

Podríamos decir que, las leyes sobre conservación de especies de aves Migratorias y animales, las de diversidad biológica, cambio climático y  humedales, no son tenidas en cuenta en el  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de la empresa ejecutora del proyecto.

3.3  Afectación al  “Paisaje

Enseña MICHEL PRIEUR – “Convención Europea del Paisaje”, en su disertación en el “Primer Congreso Internacional de Derecho Ambiental”, que “el paisaje es un componente del medio ambiente y constituye parte del patrimonio colectivo, independiente de su valor y localización. Paisaje es cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones“.

Fernando Juan DEL GIUDICE – Guía Ambiental de la Argentina”, también citado por R. LORENZETTI, lo define como “la porción de espacio de la superficie terrestre aprehendida visualmente En sentido más preciso, parte de la superficie terrestre que en su imagen externa y en la acción conjunta de los fenómenos que lo constituyen, presenta caracteres homogéneos y una cierta unidad espacial básica. El paisaje es resultado de la combinación dinámica de elementos fisioquímicos, biológicos y antrópicos que en mutua dependencia generan un conjunto único e indisoluble en perpetua evolución“.

El paisaje tiene un valor estético, valor intrínseco en función de la diversidad, y un valor productivo”. “Se considera que el paisaje, es vestigio tangible e intangible de la actividad humana de relevancia a través de la historia y que en su conjunto conforma una carga simbólica e idenficatoria para la población que lo usa y disfruta, generando en ella un sentido de pertenencia. Posee calidades ligadas a un pasado y a una experiencia.-

El proyecto “Amarras” jamás respetó  éste bien fundamental para “Gualeguaychu”, ya que modifica el curso de agua del río, del cual disfruta toda la comunidad, durante el año, y  las especies arbóreas que se proyectan plantar en sustitución de las autóctonas no se condicen con la que existen en ésta provincia.

En definitiva, la presencia y la manera en que estas nuevas formas de urbanismo se desarrollan en las ciudades, conlleva mayores niveles de fragmentación urbana, segregación económica y marginación social. Baste señalar que en la modificación a la planta urbana del municipio de Pueblo General Belgrano mediante Ordenanza N°058/2012 faculta a los propietarios para generar un cerramiento perimetral de una o más manzanas, a fin de reforzar la seguridad vecinal, sin que implique un barrio de acceso restringido (art.4°); con lo cual estaría habilitando a la construcción de una muralla que privaría a los vecinos del disfrute de este  preciado bien. Y esto no es una imagen poética, sino más esta textualmente comprendido en la descripción del proyecto que hace la empresa y que textualmente reza: “Alambrados perimetrales: el cerramiento perimetral del predio se ejecutará con alambrado olímpico, con postes de hormigón de 2,20 m. de altura con hilos de púa superior, para el frente de ruta y con alambrado tipo campo para el cerramiento de los linderos”[6]

3.4)  ZONA DE AFECTACIÓN POR INUNDACIÓN DE AMARRAS

El principal río de esta cuenca es el Gualeguaychú y el segundo en importancia de la provincia. Nace al norte de la Abarca los departamentos Gualeguaychú,  Uruguay y Colón; es en la lomada Grande, en este último departamento donde nace el río homónimo. El curso se desarrolla próximo al límite este de su cuenca, con mayores aportes de su margen derecha, en donde éstos se caracterizan por ser anastomosados y encajonados en su curso superior y medio con los principales afluentes permanentes. Es precisamente de esta margen donde están los mayores afluentes de forma permanente, que de norte a sur son los siguientes: Aº San Miguel, Aº Santa Rosa, Aº Gená., Aº San Antonio, Aº El Gato, A° Isletas y por último el Aº Gualeyan. Sobre la margen izquierda, el río recibe aportes de arroyos más pequeños. El suelo del norte y centro de esta cuenca permite la siembra de arroz, mientras que hacia el sur es más variado su uso, ya sea agrícola, hortícola, forestal o ganadero[7]

El Proyecto Amarras, en construcción frente al ejido de la ciudad de Gualeguaychú ocupando 1400 metros de la ribera del río y tendrá un efecto dramático sobre su casco urbano.

La empresa constructora del emprendimiento ha informado que elevará terraplenes en la zona del loteo dos metros por encima de la cota  máxima creciente.

Esto significa que la altura de la zona del emprendimiento pasará de tener entre 3 y 4 metros como tiene en la actualidad, a elevarse hasta los 8 y 9 metros, según lo anunciado.

La consecuencia será que el agua que desplazará el terraplén ingresará profundamente en el casco urbano impactando de pleno en la ribera opuesta afectando zonas densamente pobladas que verían aumentado severamente el riesgo y la efectiva contingencia de crecientes e inundación sobre sus viviendas y la infraestructura urbana que las sirve.

Para demostrar lo aquí afirmado hemos preparado dos mapas de la ciudad, indicando en ellos las alturas que tienen los terrenos en la actualidad y el perímetro de afectación del escurrimiento del agua en los dos casos, en el primer caso, sin el terraplén de Amarras, en el segundo con él.

 

MAPA 1 –CIUDAD DE GUALEGUAYCHÚ- Zona de escurrimientos sin el terraplén de Amarras (1)

-Los números consignados dentro de los círculos corresponden con las alturas de los terrenos y el área de afectación urbana sin el terraplén de Amarras

MAPA 2 –CIUDAD DE GUALEGUAYCHÚ- Zona de escurrimientos con el terraplén de Amarras. (2)

-Los números consignados dentro de los círculos corresponden con las alturas de los terrenos y el área de afectación urbana con el terraplén de Amarras.

En ellos se puede verificar que un área de la ciudad de varias hectáreas, decenas de manzanas, centenares de viviendas y un completo inventario de equipamiento urbano, de construirse este proyecto inmobiliario, quedaría en claro riesgo de inundación con las graves consecuencias humanas y económicas que esto generaría.

Para graficar de manera más ilustrativa el efecto que tendría el terraplén sobre la ciudad hemos elaborado un mapa donde se representa lo que ocurriría con las aguas del río que serían desplazadas desde Amarras hasta la costa opuesta de la ciudad.

 

(1)(2)

Las referencias topográficas de las alturas de los terrenos han sido obtenidas de: Topografic-map.com

De manera coincidente se expide la Geógrafa María de los Ángeles Figún en su INFORME GEOGRÁFICO, que adjuntamos y por razones de brevedad nos remitimos íntegramente al mismo.-

  1. VIII.    Fundamentos. Marco Legal.- 

a)   Derecho Internacional. Violación al Estatuto del río Uruguay.-

A raíz del conflicto ambiental sufrido por  Gualeguaychú con UPM-BOTNIA, los ciudadanos sabemos que en la Interpretación y Aplicación del estatuto del Río Uruguay, interviene la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU); la misma en su artículo 13  manda a que “Las normas establecidas en los artículos 7 a 12 se aplicarán a todas las obras a que se refiere el artículo 7, sean nacionales o binacionales, que cualquiera de las Partes proyecte realizar, dentro de su jurisdicción, en el Río Uruguay fuera del tramo definido como Río y en las respectivas áreas de influencia de ambos tramos”, recordamos que  “El Río Gualeguaychú” es un afluente y tributa sus aguas al río Uruguay; por lo tanto es parte “de la zona de influencia”  que menciona el artículo;  en consecuencia Amarras del Gualeguaychú debería comunicar a éste organismo la realización del proyecto  emplazado en la cuenca baja de uno de  sus principales afluentes  y además  requerir  la Aprobación de este Organismo binacional.

Esta es la doctrina pacífica que impera frente a obras que pueden llegar a alterar la navegación y la calidad de las aguas del Río compartido con la hermana República Uruguaya, criterio que ha sido mantenido pacíficamente hasta en la actualidad, después que nuestro cimero tribunal se expidiera en autos  caratulados “ Estado Nacional c. Provincia de Corrientes” en donde frente a la construcción de una  represa denominado  “ Proyecto Productivo  Ayuí Grande” le impuso a la provincia de Corrientes la obligación de informar a la CARU, para que ésta evalúe la comunicación a sus pares del Uruguay[8]

De no procederse de la manera indicada, suministrando esa información a los efectos de poder expedirse sobre su viabilidad, en una obra que puede alterar el caudal o calidad de sus aguas podría generar responsabilidad internacional de la República Argentina en virtud del eventual incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay del año 1975

Por tanto el Municipio de Pueblo General Belgrano  y la Provincia de Entre Ríos debieron comunicarse a través de la Cancillería Argentina  a fin  de que antes del inicio de las obras cuente con su necesaria aprobación.

Pero hay aún más, incluso la empresa viola groseramente el Decreto GOB 6470 del año 2007, que dicta en su art. 1°  “ Se establece que todo proyecto  tanto público como privado de construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa  de los ya existentes, o la realización de cualesquiera de otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen o la calidad del río Uruguay y su cuenca;  Luego de ser aprobados por los organismos intervinientes de la provincia de Entre Ríos en lo que es de su competencia y previo a su elevación para el dictado del instrumento legal que apruebe el mismo deberá ser enviado a la consulta previa a la comisión Administradora del río Uruguay, de acuerdo a lo prescripto por los artículos 7 a 12  del Estatuto del Río Uruguay de 1975, quedando supeditada su ejecución al resultado de la consulta previa.”

b)   Ámbito Nacional. Violación a las Normas ambientales.-

Afirmamos junto con el actor principal, que este emprendimiento afecta al  “ambiente”[9] que a partir de la reforma constitucional reviste jerarquía constitucional[10], con consecuencias dañosas  irreparables e irreversibles, violando en términos ambientales,  todos los criterios normativos que se erigen en guía de actuación en el obrar administrativo, como son  el de previsión (que se orienta a lo que va a ocurrir), el de prevención (lo que puede o no ocurrir) y el de precaución (frente al desconocimiento de lo que puede, o no puede ocurrir), lo que priva de validez al otorgamiento del certificado de aptitud ambiental implementado mediante resolución N° 340, tornándolo arbitrario e insanablemente nulo.-

Es tan patente la afectación ambiental que al ingresar  en el examen de balance  y ponderación  de derechos involucrados  en términos de  desarrollo sustentable u sostenible, entre  conceptos  opuestos como son  la capacidad de carga de afectación y la capacidad de absorción ambiental, en donde aquella computa los recursos en sentido amplio utilizados (o utilizables) por una población determinada, y ésta computa la capacidad del sistema natural para neutralizar los efectos negativos derivados de la actividad humana sobre el ambiente, el astil de la balanza se inclina largamente a favor de la no construcción de ésta obra ilegal. Ello así por cuanto las alteraciones negativas al ambiente son relevantes y de imposible recomposición, siquiera a largo plazo, con lo que sus consecuencias son extremadamente nocivas y exceden todo intento de mitigación que se pretenda realizar[11].

Esta conclusión se asienta en la circunstancia fáctica  de  considerar que la Urbanización Privada “Amarras de Gualeguaychu”  posee  Categoría 2 y 3 de Medio y Alto impacto ambiental, y que, con motivo y bajo el pretexto de desarrollo inmobiliario,  arrasó con un humedal natural que cobijaba un ecosistema de gran valor estratégico,  pues constituye  un refugio esencial para la flora y fauna acuática nativa, siendo su principal componente el agua[12].

Las características del agua, los ciclos hidrológicos, los periodos de sequías y de inundaciones, determinan efectos y consecuencias importantes sobre la diversidad biológica que habita en estos ecosistemas y las adaptaciones para sobrevivir a cambios climáticos.[13]

La Constitución “Verde” de la Provincia de Entre Ríos considerada así, por su gran  contenido en materia ambiental, reconoce en su art. 85 al agua como recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las personas y la perdurabilidad de los ecosistemas, acceso al agua saludable, potable y su saneamiento como  derecho humano fundamental[14].

También insta a asegurar que todos los habitantes dispongan del recurso. El suelo es un recurso natural y permanente de trabajo, producción y desarrollo. El Estado fomenta su preservación y recuperación, procura evitar la pérdida de fertilidad, degradación y erosión, y regula el empleo de las tecnologías de aplicación para un adecuado cumplimiento de su función social, ambiental y económica. MisteriosamenteAmarras del Gualeguaychú” no menciona en el capítulo que dedica al Marco legal del proyecto de “Eco Barrio” el artículo 85 de nuestra Constitución provincial.

Cabe apuntar que también se violó -como se relatará en el punto “d”- el artículo 11 de la LGA[15]  junto con el decreto provincial 4977/09, que prescriben la realización previa a la ejecución de la obra una evaluación del Impacto Ambiental[16];  y para colmo de males, no se realizó nunca por parte del Municipio de Pueblo General Belgrano como tampoco de la Secretaria de Ambiente  un estudio con entidades científicas “Independientes” que constaten la veracidad , adecuación y completitud de los informes tardíamente agregados.-

c)  Irrupción e Incidencia de la ley 26.994 “Código Civil y Comercial Argentino” Año 2015. Límites ambientales al ejercicio de los derechos individuales

Es imprescindible para apreciar  las afectaciones que describimos hacer una reseña  acerca de cómo debe ser el  ejercicio de los derechos subjetivos individuales en  un “dialogo de fuentes” con el ordenamiento jurídico ambiental, dado que éste último  ostenta  jerarquía constitucional (Artículo 41 CN), de base grupal o colectiva, supraindividual, y se refiere a bienes colectivos o indivisos, bienes comunes, y porque se trata de casos de “sensible interés social”, casos difíciles, complejos, de prueba ríspida, de normativa concurrente, que en ocasiones colisiona, requiere del intérprete una fina labor de interpretación para lo cual, resulta indispensable contar con reglas claras de hermenéutica jurídica”.

Es en este caso, en donde el aspecto ambiental supera a los propios intereses sociales por comprender estos a las generaciones venideras. Por tal motivo, los derechos subjetivos se someten a una doble limitación en cuanto a su ejercicio: límites que provienen del mayor bien para la sociedad y límites que se originan del mayor bien para el medio, donde la sociedad se desarrolla. De esta manera, el Código se centra en el llamado “paradigma ambiental”.

Enseña Lorenzetti que “con el paradigma ambiental, los conflictos surgen en la esfera social, que contempla los bienes públicos y aquellos actos que realiza el individuo situado en la acción colectiva. En este escenario lo individual no tiene primacía y no rige la reciprocidad, ya que es un conflicto donde se afecta a un bien común. En estos casos los derechos subjetivos deben ser interpretados de modo tal que, no conspiren contra el deterioro de tales bienes”. Ello explica la existencia del art. 14 que establece en su último párrafo que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general[17].

El CCyC, al dejar expresamente asentado el reconocimiento de los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva, crea un verdadero sistema que posibilita la coexistencia pacífica de ellos (art. 14), además  el artículo 240 que establece losLímites al ejercicio de los derechos” Es esclarecedor en cuanto al tema que nos ocupa,  porque prescribe que El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial( el subrayado nos pertenece)

En esta línea, Cafferata sostiene que los arts. 240 y 241, hunden sus raíces en la Constitución Nacional, están inspirados en ideas de libertad, buena fe, paz, convivencia armónica y sustentable, fraternidad, democracia, solidaridad, cooperación y orden público de coordinación, que resulta imprescindible para la integración en concordia del ejercicio de los derechos individuales, con los derechos de incidencia colectiva.

           El art. 241 CCyC reza: cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable. De esta forma el CCyC reconoce la existencia de las normas de presupuestos mínimos, las cuales son definidas por el art. 6º de la ley 25.675 como “toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio de la Nación, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental”. Es más, se logra armonizar el cuerpo civil con el mandato constitucional del art. 41 de la norma fundamental, el cual establece que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”. En última instancia, la disposición contenida en el art. 241 no es más que una aplicación especial de lo ordenado por el art. 1°[18]

d) 1). Conducta administrativa en flagrancia del Decreto 4977/09  Informes  Ambiental e hidráulico.

El Decreto Provincial 4977/09 reglamentario de la “Ley General de Ambiente Nacional” (25675) en su Artículo 2° dice: “Ningún emprendimiento o actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por la Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación es la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia de (E.R)”.

La empresa nunca respetó dicha manda,  es más inició las obras con una mera pre-factibilidad, sin cumplimentar los requisitos mínimos legales. En efecto, el día 4 de Diciembre de 2013, mediante Resolución N°586 (Expte. Único N°1498617) el Secretario de Ambiente de la Provincia Fernando Raffo resolvió “1) SUSPENDER EL PROYECTO presentado por Altos de Unzué S.A., ubicado en el Municipio de Pueblo General Belgrano-Gualeguaychú, por un plazo que comenzará a correr desde la notificación de la presente, y hasta los NOVENTA (90) DIAS posteriores de acreditado en autos, a cargo de la parte, el saneamiento de la contradicción señalada precedentemente, acompañando la resolución que se dicte en el expediente N°U 1416477 y  2) ENCOMENDAR al Área de Gestión Ambiental de esta Secretaría la realización de constatación periódica en el predio, a fin de verificar la inexistencia de nuevas tareas, que pudieren dar lugar a la aplicación de nueva sanción, dispuesta por los arts. 61 y 62 del Decreto 4977/09, durante todo el período de suspensión precedentemente fijado.”

Por supuesto que dicha sanción no fue acatada, y en razón de ello se dictó la Resolución N°191 el 09 de Mayo de 2014 por la cual NUEVAMENTE se resolvió: artículo 1) “SUSPENDER EL PROYECTO presentado por Altos de Unzué S.A., ubicado en el Municipio de Pueblo General Belgrano-Gualeguaychú, por un plazo que comenzará a correr desde la notificación de la presente, y hasta los CIENTO OCHENTA (180) DIAS posteriores de acreditado en autos, a cargo de la parte, el saneamiento de la contradicción señalada precedentemente, acompañando la resolución que se dicte en el expediente N°U 1416477 y  2) ENCOMENDAR al Área de Gestión Ambiental de esta Secretaría la realización de constatación periódica en el predio, a fin de verificar la inexistencia de nuevas tareas, que pudieren dar lugar a la aplicación de nueva sanción, dispuesta por los arts. 61 y 62 del Decreto 4977/09, durante todo el período de suspensión precedentemente fijado.”

El 23 de junio del 2014 por Resolución 264, el Secretario Raffo les “levanta la sanción”, ante el pedido de la Sociedad ejecutora, para que les permita colocar alcantarillas y evitar el desmoronamiento de los terraplenes que sobre la costa del río Gualeguaychú habían levantado. Recordemos que no es un dato menor, en esa fecha la Ciudad de Gualeguaychú sufrió una crecida importante del río.

Cabe aclarar que –conforme anexo I de dicha resolución- el levantamiento de la sanción quedó limitado a la realización de tareas de finalización de obras de alcantarillas y mantenimiento y estabilización de taludes; disponiendo al mismo tiempo la presentación de informe de obras semanal que incluyan las tareas realizadas pormenorizadamente y la fiscalización técnica del cumplimiento del plan de obra realizado, de modo de constatar que las tareas sean las establecidas por resolución.-

A fuerza de ser reiterativos, y como V.S. se imaginará, la empresa incumplió dicho mandato, continuando en clara violación las obras en su totalidad.  Recién el 29 de Julio de 2015, mediante Resolución N°340 el Secretario de Ambiente RESUELVE 1) Aprobar la Carta de Presentación y Estudio de Impacto Ambiental referente al proyecto de construcción y operación del desarrollo urbano “AMARRAS DEL GUALEGUAYCHU” de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4977/09 SA de impacto ambiental, ubicado en el municipio del Pueblo General Belgrano, Provincia de Entre Ríos, presentado por la firma Altos de Unzué, en virtud de lo expresado en las actuaciones precedentes. 2) Se anexa certificado de Aptitud ambiental – condicionado al cumplimiento de lo establecido en el Anexo I y 3°) Se deja constancia de que el incumplimiento, o la no aprobación de la documentación solicitada por parte de las autoridades competentes, serán causales de revocación del certificado de aptitud ambiental de la obra.-

         2) Informes de Impacto Ambiental e Hidráulico.

Lo primero que va de suyo  señalar es que todos los informes, estudios y cálculos presentados han sido elaborados exclusivamente por la empresa que lleva a cabo el proyecto por si o a través de contratistas, por lo que no existe ningún otro estudio comparativo de alguna entidad que no tenga interés particular en la concreción de la obra.

En cuanto al informe de los estudios hidrológicos e hidráulicos (presentados tardíamente recién del 15 de Agosto de 2015)   realizado por la empresa BISA  de Barbagelata Ingeniería S.A. debemos  puntualizar  importantes objeciones, las cuales se fundamentan en su incompletitud y el recorte antojadizo y ligero que hizo de la información vertida. Veamos: ya en la página 7/83, menciona que “La información de base utilizada para el desarrollo de los estudios fue la generada por INCOCIV SRL para el proyecto del “Nuevo Puente sobre el Río Gualeguaychú, entre Gualeguaychú y Pueblo Gral. Belgrano” para el CFI y que en adelante se refiere como “Estudio antecedente”. El puente proyectado se ubica a 4km aguas debajo de la zona de emprendimiento,  lo  cual ya bastaría para echar por tierra el informe, ya que: 1) la ciudadanía nunca tuvo a disposición ningún tipo de información respecto del puente que se ubicaría en la zona Sur, menos aun de sus características técnicas,  forma de realización, impacto ambiental, alteración que éste generaría en el caudal del río, y más aún un cotejo relacionado de toda ésta información. 2) Tampoco habla de la influencia que tiene en el río la “Viscosidad” del agua, ya que es un componente fundamental teniendo en miras el creciente número de algas y camalotes que obturan el curso de agua en ambos puentes 3) Todo esto sin dejar de mencionar  que  compartimos  la opinión del Ingeniero en recursos hídricos José Luis Romero (Integrante de la dirección de Hidráulica) acerca  del criterio de recurrencia incorrecto que adoptó Amarras, ya que la Provincia  para los proyectos de desagües se fija en 10 años, y lo presentado por la empresa BISA lo fue con un criterio de 5, esto se refleja en una obra con una capacidad de evacuación de caudales inferior. 4) En la documentación presentada no está explicitada la determinación o criterio para fijar el tiempo de concentración del predio;  se adoptó en una hora; si bien es cierto que cuando el tiempo de concentración de la cuenca es igual a la duración de la lluvia, toda la cuenca está aportando a un punto determinado, también es cierto que a medida que aumenta la duración de la lluvia disminuye la intensidad, disminuyen los caudales generados en el proceso  de transformación lluvia- caudal. Este efecto da como resultado una capacidad menor del sistema de drenaje proyectados, pues los caudales terminan siendo menores 5)  Agrega el ingeniero  que como resultado de la modelación que la cota de desagüe de los conductos, canales, etc. el sistema de drenaje no trabaja eficientemente en determinadas condiciones (incluso puede ocurrir el ingreso del río al emprendimiento de urbanización para recurrencias altas.), a su vez considerando la posibilidad que las precipitaciones ocurridas originen caudales a evacuar mayores que los del proyecto (y aún, aunque no se produzcan esas precipitaciones) existe la posibilidad  que el emprendimiento se ve afectado por inundaciones propias al reducirse la eficiencia de los desagües si presentan la salida ahogada 6) En la documentación a la vista, presentada por “Amarras del Gualeguaychú” no está presente el cálculo y verificación hidráulica de alcantarillas, conductos, conductos de vinculación con llanura de inundación módulos y ubicación de bocas de tormenta, canales perimetrales etc., se desconoce el modo que funcionará el conducto perimetral, y no está presente el diseño y  planialtimetría del canal perimetral aguas arriba del predio.

 

e) Conducta Administrativa de la Provincia de Entre Ríos.-

Compartimos lo afirmado por el Dr. Julio Majul en el escrito que dio pie a éste proceso acerca de  la conducta de los funcionarios provinciales, que es  de la inacción y cuando no, desidia. Tal vez espoleados por otros intereses,  a los que poco le importan la opinión de la comunidad que soporta este tipo de obras, y que para ser sinceros ha sido una constante durante todo el mandato del Sr. Raffo.-

Es gracioso y hasta risible como otro de los personajes ineptos e irresponsables de que esto se lleve a cabo, Sr. Intendente de Pueblo General Belgrano, le echa la culpa al Sr. Raffo de la falta de control de su secretaría. Y esto no es un invento de parte,  S.S. observará que en la nota que se adjunta como prueba  de fecha 11/12/2013, suscripta por Elías Jacinto Chesini, en su carácter de intendente,  le dice al Sr. Secretario Raffo que Ante las novedades recientes, considero que vuestra secretaría se ha portado en todo momento en forma al menos irresponsable, o desprolija,  y aclaro porque lo digo y lo sostengo,   existen presentaciones de la empresa desarrollista de más de un año y  durante ese tiempo  no hemos tenido novedad de que algún profesional de vuestra secretaria se haya apersonado en algún lugar para realizar una mínima inspección, se han hecho eco denuncias de particulares, de funcionarios de municipios vecinos y en ningún momento se han realizado consultas, preguntas, sugerencias al único responsable de la jurisdicción donde está implantado el proyecto, que es el municipio de Pueblo General Belgrano, ni el más mínimo requerimiento, no ha habido ningún tipo de comunicación, pese a que en más de una oportunidad  éste presidente municipal, se comunicó telefónicamente y en una ocasión en forma personal con el Ing. Raffo, poniéndose a su disposición”.

f) Al final pero no a lo último….

   Corolario de lo expuesto, y de  una gravedad inusitada, es la falta de otorgamiento de licencia social por parte de ambas comunidades, y especialmente en Pueblo Belgrano, comunidad que cuenta con una ordenanza específica al respecto N° 20/2008, que en su artículo N° 4 ordena que “ La junta de fomento de Pueblo general Belgrano deberá Informar a la ciudadanía sobre el tema que se pondrá a consideración popular a través de los diferentes  medios de comunicación de nuestra localidad y de la Ciudad de Gualeguaychú, como de folletos explicativos que estarán a disposición del ciudadano para su entrega en Comercio, Escuelas, Transporte Urbano, Centro de Salud, Municipalidad y demás instituciones de nuestra localidad.- Se pondrá a disposición de la ciudadanía toda la documentación que se hallare en la Municipalidad de Pueblo General Belgrano referido al tema de consulta.- Se organizará Asambleas Públicas.-

g) Colofón.

Hemos demostrado a través de los distintos apartados, la conducta negligente de todos y cada uno de los demandados, al punto tal de llegar a comprometer la responsabilidad internacional de la Nación Argentina violando – con un evidente desprecio a las comunidades ribereñas- toda la normativa ambiental y de derecho público provincial.-

Ello sin dejar de mencionar la forma inconsulta con que han obrado, desmereciendo la voluntad del pueblo. Por tanto, el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental mediante Res. 340 es arbitrario y compromete seriamente los más mínimos derechos de raigambre convencional y constitucional argentino.

Así pues, solicitamos el acogimiento absoluto a la pretensión objeto del amparo al cual adherimos.-

 

  1. IX.         Prueba.-

a)   Documental.-

La que se adjunta:

1)   Copia certificada de Estatuto de Fundavida, Junto con resolución aprobatoria  N°108 Expte. N° 1845 del 1ro de Julio de 2008

2)   Acta de reunión anual N° 1  del 13 de Septiembre de 2013  con la correspondiente  de los miembros del consejo de administración y revisor de cuentas.-

3)   Edictos publicados en el diario “El Día de Gualeguaychu”  y  Diario “El Argentino” con fecha 19 de Septiembre de 2015.

4)   Anexo “A”  denominado “Amparo Ambiental de “Fundavida”  con 40 fojas de los antecedentes de actuaciones,  y acciones en multiplicidad de temas ambientales  que avalan la legitimación descripta en el punto “VI”

5)   Resolución N°586 SA 04/12/2013

6)   Resolución N° 191 SA 09/05/2014

7)   Resolución N°264 SA 23/06/2014

8)   Resolución N°340 SA 29/07/2015

9)   Informe Geográfico  de la Geógrafa María de los Ángeles Figún.-

10)Decreto N°6470 GOB

11)Nota del Intendente Elías Jacinto Chesini dirigida a la Secretaria de Ambiente, presentada el 11/12/2013

12)Estudio Hidrológico e Hidráulico Proyecto Amarras – Territorio y Ambiente en 83 fs.

13)Resolución del Defensor del Pueblo de la Nación 00141/10 en 10 fs.

14)Recortes periodístico Diario “El Día” 07/10/2012

Supletoria:

–       Para el caso de desconocimiento o negativa de la autenticidad de la documental inserta en los puntos 1 y 2 solicito que se libre informe a la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Entre Ríos  a fin de que se expidan sobre la validez y autenticidad de las mismas.-

–       Para el caso de desconocimiento de la documental inserta en el anexo “a Amparo ambiental de Fundavida , atento a la frondosidad de las notas y publicaciones allí insertas se remita a los distintos medios gráficos a fin de que se expidan sobre la veracidad  fecha y contenido de los mismos.-

–       En caso de negativa de la autenticidad de la documental inserta en los puntos 5, 6 ,7.8 ; atento a que dichas resoluciones son emitidas por la Secretaria de ambiente , se solicita que la misma emita informe acerca de la autenticidad, contenido  y fecha de las mismas

–       En caso de desconocimiento de la autenticidad y contenido del Informe de la Geógrafa ( Punto 9), María de los Ángeles Figún, se la cite me diante cedula en su domicilio  de calle Gualeguay N° 218 a fin de que reconozca o desconozca  la firma inserta al pie de la misma.-

–       Para el caso de desconocimiento o la autenticidad de la documental inserta en el punto N° 10 ; se solicita se libre informe al Superior Gobierno de Entre Ríos a fin de que se expida acerca de la existencia, veracidad y validez del Decreto 6470 GOB

–       Para el caso de desconocimiento   del contenido y autenticidad de la documental descripta en el punto (11) se cite al Sr. Elías Jacinto Chesini a reconocer o desconocer la misma, en caso de desconocimiento de la firma inserta al pie, se deja solicitado a designación de un perito calígrafo por parte del tribunal a fin de que, previo a formar cuerpo de escritura determine si la firma inserta en la Nota del 11/12/2013 es de su autoría, tomando como indubitada las que ha impreso en la promulgación de los decretos emitidos en el Municipio de Pueblo Belgrano en los años 2011 a 2015.-

–       Para el caso de desconocimiento o la autenticidad de la documental inserta en el punto N° 13 ; se solicita se libre informe a la Defensoria del Pueblo de la nación a fin de que se expida sobre la fecha y veracidad de la misma.-

–       Para el caso de desconocimiento o la autenticidad de la documental inserta en el punto N° 14 ; se solicita se libre informea diario “El Día”  de Gualegauychu a fin de que se expida sobre la fecha y la veracidad de la misma.-

b)   Declaración de parte:

Se cite a prestar declaración de parte -a tenor del interrogatorio que se adjuntará oportunamente- a los Sres.:

–       Elías Jacinto Chesini, Intendente de la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, con domicilio en calle H. Ipperi N° 152, de la localidad de Pueblo Belgrano.-

–       Fernando Raffo Secretario de Ambiente, con domicilio en calle Laprida N°386, Ciudad de Paraná.-

–       Claudio García Trícoli, Presidente de “Altos de Unzué S.A.”, con domicilio en  denunciado en calle Perón 1410 piso N° 4  C.A.B.A

 

c)   De Testigos.-

Se cite mediante cedula a las siguientes personas a las que se citará en los domicilios reales que se denuncian:

  1. 1.    Pintos  Patricia Andrea , DNI.16.815.328, Geógrafa y especialista en Urbanismo, domiciliada realmente en calle N° 62 N° 992 ( 1900) , de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.-
    1. 2.    Retamal Héctor, Ingeniero Civil, domiciliado realmente en  ruta 14 km 124 estafeta parque industrial Concepción  del Uruguay  E.R
    2. 3.    Martinelli Enrique Alberto, Ing. Hidráulico, domiciliado realmente en calle Jujuy 1431 Gualeguaychu E.R
    3. 4.    Hernández Daniel Ramón, Responsable de defensa civil del Municipio de Gualeguaychu, domiciliado realmente en  Barrio Vicoer (Manzana 5 calle 33) Gualeguaychu  E.R
    4. 5.    Crimella  Selva Natacha, DNI. 27.568.179, estudiante, domiciliada realmente N° 1613, Gualeguaychú, Entre ríos
    5. 6.    Piccoli Gustavo Guillermo,  Ing. En recursos hídricos Urquiza 566 Rosario del Tala Entre Ríos
      1. 7.    Melo Horacio Oscar, Profesor en Geografía y Ciencias Biológicas y especialista en educación ambiental, domiciliado realmente en calle Doello Jurado N° 1745 Gualeguaychú  Entre Ríos.-

 

d)   De Informes.-

A la Secretaría de Medio Ambiente de Entre Ríos,  a fin de que informe 1) si ésta entidad y la empresa Altos de Unzué S.A.  ha dado cumplimiento a los recaudos prescriptos en el estatuto del Río Uruguay en sus artículos 7 a 13; en cuanto a la aprobación del emprendimiento denominado “ Amarras del  Gualeguaychu” 2) Si su Secretaría ha producido informe de impacto ambiental e hidrológico autónomo.- 3) A efectos remitan toda la documental y expedientes relacionados con los permisos de habilitación y posterior seguimiento del emprendimiento “Amarras de Gualeguaychú”, de propiedad de “Altos de Unzué S.A.”.-

                                  –   A la Comisión Administradora del Río Uruguay : a fin de que informe 1) si la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos   y la empresa Altos de Unzué S.A.  ha dado cumplimiento a los recaudos prescriptos en el estatuto del Río Uruguay en sus artículos 7 a 13; en cuanto a la aprobación del emprendimiento denominado “ Amarras del  Gualeguaychu” 2) A efectos remitan toda la documental y expedientes relacionados con los permisos de habilitación y posterior seguimiento del emprendimiento “Amarras de Gualeguaychú”, de propiedad de “Altos de Unzué S.A.”.-

                                   –      A la Municipalidad de Gualeguaychú a efectos 1) Que remitan toda la documental y expedientes relacionados con los permisos de habilitación y posterior seguimiento del emprendimiento “Amarras de Gualeguaychú”, de propiedad de “Altos de Unzué S.A.”2) Si la empresa Altos de Unzué ha dado cumplimiento a la Ordenanza  de impacto ambiental N°11.217 3) Si la Empresa Altos de Unzue  ha pedido su intervención  a los fines de celebrar Audiencia Pública con fin de obtener “Licencia Social” 4) Remita toda la documentación de la características técnicas respecto de la Obra Pública del Puente que se emplazará en la Zona sur de Nuestra Ciudad

                                    –          A la  Municipalidad de Pueblo General Belgrano a efectos 1) si ésta entidad y la empresa Altos de Unzué S.A.  ha dado cumplimiento a los recaudos prescriptos en el estatuto del Río Uruguay en sus artículos 7 a 13; en cuanto a la aprobación del emprendimiento denominado “ Amarras del  Gualeguaychu” 2) Que  remitan toda la documental y expedientes relacionados con los permisos de habilitación y posterior seguimiento del emprendimiento “Amarras de Gualeguaychú”, de propiedad de “Altos de Unzué S.A.”. y 3) Si la Empresa Altos de Unzue  ha pedido intervención de dicha entidad a los fines de celebrar Audiencia Pública con fin de obtener “Licencia Social”

– A la Cooperativa de Agua de Pueblo General Belgrano, a fin de que informe si el emprendimiento Amarras de Gualeguaychú, propiedad de Altos de Unzue SA cuenta con las habilitaciones pertinentes para la correcta prestación del servicio.-

– A la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, a fin de que informe si el emprendimiento Amarras de Gualeguaychú, propiedad de Altos de Unzue SA cuenta con las habilitaciones pertinentes para la correcta prestación del servicio.-

 

e)    De Peritos:

Se designe perito por sorteo de la lista del Poder Judicial local, en las especialidades que se detallan, a fin de que elaboren un informe como se solicita:

                           – De Ingeniero Hidráulico y Ambiental:

Para que informe: a) si “Altos de Unzué S.A.”, como propietaria del emprendimiento “Amarras” dio cumplimiento a los recaudos exigidos por el Decreto Nº 4977/09 dictado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos; b) si cuando se inició la obra “Amarras” se contaba con el “Certificado de aptitud ambiental” conforme lo prevé el art. 2º del Decreto Nº 4977/09; c) si la autoridad de aplicación dio cumplimiento a los “procedimientos de participación ciudadana” fijados por el art. 57 del Decreto Nº 4977/09, explicando en su caso en qué consistieron, quienes participaron y si se realizaron con la correspondiente información y publicidad previas que garantizaran la intervención de los vecinos y ciudadanos en general; d) si en los estudios previos se tuvieron en cuenta las cotas de inundación resultantes de los desbordes y las crecientes ocurridas en Gualeguaychú, en la zona de influencia de la obra “Amarras”, principalmente las inundaciones ocurridas en 1959 y 1978; e) si el informe de la Dirección de Hidráulica emitido previamente a la Resolución Nº 240 de la Secretaría de Medio Ambiente dictada el 19/7/15 (Expte. Nº 1384701) contempló todas las variables referidas a sustentabilidad del proyecto, desarrollo de la región, comportamientos futuros de la cuenca y características del desarrollo urbanístico de la zona comprometida, si hubieron planes de contingencia descriptos, cuál fue el modelo hidráulico contemplado a manera de parámetro, si ese modelo hidráulico contempló los antecedentes de la cuenta y comportamientos anteriores del río Gualeguaychú y otras variables, si se valoró el impacto de impermeabilización de la cuenca y si se siguieron las normas técnicas y científicas propias de un “estudio de impacto ambiental previo”; d) si la Secretaría de Medio Ambiente dispuso la aplicación de las atribuciones que confiere el art. 58 del Decreto Nº 4977/09 e) Si en el estudio Hidráulico presentado por Altos de Unzué, se consideran viscosidad del agua, presión por angostamiento o estrechamiento del canal, características geomorfológicas de la ribera que orilla la ciudad de Gualeguaychú; si se detalla características técnicas del puente que se emplazará en la zona sur, y su precisa ubicación; impacto en el valle de inundación y todo cuanto sea de utilidad para la resolución del litigio .e) Informe sobre la viabilidad y corrección de la modelación ofrecida por la empresa respecto a sus alcantarillas conductos  y desagües f)  Si existe el cálculo y verificación hidráulica de alcantarillas, conductos, conductos de vinculación con llanura de inundación módulos y ubicación de bocas de tormenta, canales perimetrales , teniendo en cuenta el diseño y  planialtimetría del canal perimetral aguas arriba del predio

 

f)    Pericia urbanística y paisaje:

Se designe perito en la especialidad de arquitectura y urbanismo y  Licenciado en Paisajismo Planificación y Diseño de espacios verdes, urbanos y rurales, a fin de que elaboren un informe que contemple los siguientes puntos:

1)    Si el emprendimiento “Amarras del Gualeguaychú” – teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas edilicias y estudios elaborados por la empresa- afectan el diseño urbano de las Ciudades de Pueblo Belgrano y Gualeguaychú, y de qué modo. 2) Si la Ciudad de Pueblo Belgrano cuenta con la infraestructura adecuada para brindar los servicios esenciales de luz, cloaca, agua, y gas; y si ello impactará en la calidad  de vida de la población. 3) Si ambas ciudades poseen planes de evacuación diferenciados, y si los niveles de alerta y movilización expresados en el informe ambiental son correctos 4) teniendo en cuenta el paisaje de la ciudad de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano y las características estéticas del barrio, determinen si ellos resultan afectado por el emplazamiento del barrio 5) todo otro dato que resulte de interés para la causa

 

g)    Informe científico:

Se libren Oficios a las Facultades de Hidráulica y de Ciencias Hídricas de la Universidades Nacionales del Litoral (Santa Fe), de La Plata y a la Universidad de Buenos Aires (CABA), a efectos que provean a un estudio referido a la viabilidad e impacto del emprendimiento “Altos de Unzué S.A.” (“Amarras de Gualeguaychú”), que deberá contemplar los siguientes puntos:

a)   si “Altos de Unzué S.A.”, como propietaria del emprendimiento “Amarras” dio cumplimiento a los recaudos exigidos por el Decreto Nº 4977/09 dictado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos; b) si cuando se inició la obra “Amarras” se contaba con el “Certificado de aptitud ambiental” conforme lo prevé el art. 2º del Decreto Nº 4977/09; c) si la autoridad de aplicación dio cumplimiento a los “procedimientos de participación ciudadana” fijados por el art. 57 del Decreto Nº 4977/09, explicando en su caso en qué consistieron, quienes participaron y si se realizaron con la correspondiente información y publicidad previas que garantizaran la intervención de los vecinos y ciudadanos en general; d) si en los estudios previos se tuvieron en cuenta las cotas de inundación resultantes de los desbordes y las crecientes ocurridas en Gualeguaychú, en la zona de influencia de la obra “Amarras”, principalmente las inundaciones ocurridas en 1959 y 1978; e) si el informe de la Dirección de Hidráulica emitido previamente a la Resolución Nº 240 de la Secretaría de Medio Ambiente dictada el 19/7/15 (Expte. Nº 1384701) contempló todas las variables referidas a sustentabilidad del proyecto, desarrollo de la región, comportamientos futuros de la cuenca y características del desarrollo urbanístico de la zona comprometida, si hubieron planes de contingencia descriptos, cual fue el modelo hidráulico contemplado a manera de parámetro, si ese modelo hidráulico contempló los antecedentes de la cuenta y comportamientos anteriores del río Gualeguaychú y otras variables, si se valoró el impacto de impermeabilización de la cuenca y si se siguieron las normas técnicas y científicas propias de un “estudio de impacto ambiental previo”; f) si en alguna oportunidad la Secretaría de Medio Ambiente dispuso la aplicación de las atribuciones que confiere el art. 58 del Decreto Nº 4977/09 g) Si en los Estudios de Hidráulica se detallan el sitio del emplazamiento del puente del Sur, sus características técnicas e impacto ambiental sobre las dos obras en cuanto a las crecidas, cotas, y caudal del río Gualeguaychú h) Si en el estudio Hidráulico presentado por Altos de Unzué, se consideran viscosidad del agua, presión por angostamiento o estrechamiento del canal, características geomorfológicas de la ribera que orilla la ciudad de Gualeguaychú; impacto de la obra en el valle de inundación y todo cuanto sea de utilidad para la resolución del litigio. i)  Informe sobre la viabilidad y corrección de la modelación ofrecida por la empresa respecto a sus alcantarillas conductos  y desagües j)  Si existe el cálculo y verificación hidráulica de alcantarillas, conductos, conductos de vinculación con llanura de inundación módulos y ubicación de bocas de tormenta, canales perimetrales, teniendo en cuenta el diseño y  planialtimetría del canal perimetral aguas arriba del predio

 

–                    Se libre Oficio a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de La Plata, para que provea – teniendo en cuenta los antecedentes y estudios del emprendimiento “Altos de Unzué S.A.” (“Amarras de Gualeguaychú”), un informe que deberá contemplar los siguientes puntos:

a)                         Para que se expida acerca del impacto que causará el emprendimiento sobre la flora y fauna y biodiversidad existentes en la región, especificando cambios en las conductas de alojamiento y migratorias de los animales y aves silvestres; impacto sobre el recurso ictícola, y todo otro detalle de interés para la causa.-

 

  1. X.          Derecho.-

Fundamos nuestra pretensión en  los artículos 7/12 del estatuto del Río Uruguay, art. 41 y 43 de la C.N.; Art 11 y 30  de la LGA, art 56 y   85 de la C. de Entre Ríos,   ley Provincial 9032, decretos 4977/09 y 6470 GOB, y ordenanzas Municipales citadas.

 

 

XI     Petitorio.

 Por lo expuesto solicitamos de S.S.

1)    Nos tenga por presentados , domiciliados y en el carácter invocado nos de la intervención que por derecho nos corresponde.-

2)    Tenga por ofrecida la prueba que se adjunta

3)    Mande a producir en la forma en que se pide la restante.

4)    Oportunamente dicte sentencia haciendo lugar a la pretensión principal , junto con las peticiones de terceros con costas a la vencida.-

 

                     Proveer de conformidad,  SERA JUSTICIA.

 

 


[1] BIDART CAMPOS, Germán J.; El acceso a la Justicia, el proceso y la legitimación en obra colectiva La legitimación. También en MORELLO; Augusto; Legitimación en la tutela de los derechos subjetivos homogéneos, en D.J., 2003-3-183

[2] MARIENHOFF, Miguel S.; La acción Popular, en L.L. del 11-8-93;año LVII, N°151

[3] BIELSA, Rafael; Principios de derecho Administrativa; pág. 235, Universidad Nacional del Litoral; 1942

[4] Leandro K. SAFILitisconsorcio Procesos colectivos – en PROCESOS COLECTIVOS Revista Rubinzal Culzoni 2012 Número Extraordinario. Página 206.-

 

[5] Cap. 6 Plan de manejo ambiental _ EIA Amarras; realizado por Ambiente y Territorio S.A.

[6] Capítulo N°IV “Descripción del proyecto” del Estudio de impacto ambiental de Ambiente y territorio.-

[7] (“Estudio Hidrológico cuenca del Rio Gualeguaychú”, Convenio A y E – Provincia de Entre Ríos, Sector Hidrología 1988).

[8] “Lo cierto es que en el limitado marco de conocimiento que ofrece la acción de amparo deducida y con los antecedentes incorporados al proceso, el Tribunal advierte que la omisión que se le atribuye a la Provincia de Corrientes podría configurarse en lo que concierne a la remisión de la documentación respectiva, al efecto de que las autoridades nacionales evalúen si corresponde informar al Estado co-ribereño, por intermedio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), de la existencia del emprendimiento denominado “Proyecto Productivo Ayuí Grande“.

[9] Definido por la doctrina como “La interacción del conjunto de elementos naturales, artificiales y culturales que propician el desenvolvimiento equilibrado de la vida en todas sus formas” o también como el conjunto “de elementos naturales, artificiales o creados por el hombre  físicos, químicos, y biológicos, que posibilitan la existencia, transformación y desarrollo de organismos vivos”. En concreto puede afirmarse  que el ambiente se integra con una pluralidad de elementos (reconocibles en su individualidad, como el agua, los animales, las plantas, etc.), de estructura heterogénea ( algunos tiene vida y otros solo tienen existencia son inertes, algunos son naturales otros son artificiales, en el sentido de construidos por el hombre, algunos son materiales y otros inmateriales o ideales) que conforman un sistema caracterizado por su autonomía, la regularidad de sus criterios de funcionamiento y su capacidad regenerativa, al punto que la alteración sustancial de alguno de sus elementos o componentes habrá de repercutir indefectiblemente en el conjunto.

[10]  Art 41. C.N.Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.”

 

[11] Al respecto, es ilustrativa la explicación efectuada por Juan Rodrigo Walsh en “El ambiente y el paradigma de la sustentabilidad”, en Walsh, Juan R. y otros, Ambiente, Derecho y sustentabilidad; Ed. La Ley, Bs. AS. 2000, Pág. 345.-

[12] Acerca de las características e importancia de los humedales ver         www.mbigua.org.ar/uploads/paranamedioweb.pdf

[13] Canevari, P., Blanco, D. & Bucher E. (1999).Los beneficios de los humedales de la Argentina. Amenazas y propuestas de soluciones. Buenos Aires: Wetlands International

[14] En especial ver SALDUNA, Bernardo; “CONSTITUCION DE ENTRE RIOS comentada y anotada, con jurisprudencia y doctrina” en donde comentando el art. 85 se expresa que “teniendo en vista el problema de Paraná Medio y la ley consiguiente que prohibió la obra, así como problemas generados por represas hidroeléctricas, se declaró a los sistemas de humedales “libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo de sus ecosistemas asociados” Pág. 353 y siguiente.-

 

[15]  Art. 11 LGA  “Toda obra o actividad que, en el Territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”

 

[16]  EL EIA es tanto “un proceso como un producto”. Como proceso, es la actividad por la cual se intentan predecir las clases de resultados reales y potenciales de las interacciones esperadas entre un nuevo proyecto y el medio ambiente natural y humano; como producto, es el documento que contiene la información de soporte necesaria sobre el proyecto y el ambiente, señalando los compromisos del proponente sobre las medidas de mitigación y presentando las predicciones de impactos efectuadas por profesionales

[17] Código Civil y Comercial de la Nación Comentado – Marisa Herrera Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso – Directores; Ed. INFOJUS Tomo I Pág.403

[18] Fuentes y aplicación. (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado – Marisa Herrera Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso – Directores; Ed. INFOJUS Tomo I Pág.402 y sgtes.

 

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