Las problemáticas ambientales han tomado el centro de la escena social, política y económica, las cuestiones referidas a la naturaleza y el ambiente pueblan las carátulas y páginas principales de la mayoría de los medios de prensa.

El mundo ha cambiado y mucho, ya no somos menos de 1.000 millones de personas, como hace apenas un par de siglos, hoy somos mas de 7.000 y a través del desarrollo del modo de producción industrial y la concentración de la riqueza global hemos ingresado a una etapa terminal de la actual civilización, a la que algunos analistas llaman consumismo.

Países que no tienen elementos en sus territorios para abastecer ese despropósito de consumo, en vez de replantear sus economías y adecuarlas a la realidad, una ve mas intentan repetir la historia y vienen, como desde hace 500 años a servirse de nuestros tesoros naturales, por las buenas ó por las malas.

Pero nuestros pueblos han aprendido la lección y ya no se resignan, ha comenzado un proceso de resistencia social activa contra esta nueva etapa de la apropiación colonial.

Los temas que hoy  sacuden la agenda de los pueblos  son la minería a cielo abierto, el traslado de las industrias sucias del norte rico al sur pobre,  la fabricación de combustible con cereales a costa del envenenamiento de los suelos y el agua, etc.

Pero en definitiva es la misma historia de hace 500 años reformulada a las circunstancias del siglo XXI.

La problemática ambiental comenzó tempranamente con el desvelo de especialistas que advertían el deterioro irreversible de la naturaleza del planeta por la acción antrópica.

Pequeños grupos que a poco de andar fueron identificados genéricamente como: “ambientalistas” se hicieron cargo del activismo social frente a situaciones que iban afectando la vida y el hábitat en distintas partes del planeta.

Posteriormente la flagrancia y prepotencia de las agresiones ambientales provocaron que los ciudadanos comunes se hicieran cargo de los reclamos a través  de organizaciones ad-hoc, de las que el fenómeno de las Asambleas Ciudadanas en nuestro país es un caso emblemático.

Rápidamente han surgido y consolidado organizaciones sociales locales para enfrentar estas problemáticas que afectan pueblos y lugares a lo ancho y a lo largo, no solo de la geografía nacional, sino también continental., su presencia ha sido y es por demás incómoda para las autoridades políticas cómplices de estos latrocinios, que denostan  estos luchadores sociales, calificándolos genéricamente como. “ambientalistas” ó “falsos ambientalistas”, al no poder enfrentarlos desde y hacia estructuras políticas convencionales.

Estos grupos no solo han venido creciendo sino que sus coordinaciones interregionales también lo han hecho y hoy vemos la aparición de coordinadoras como las Uniones de Asamblea Ciudadanas.

Pero este evento que se realizará en Corrientes, marca una nueva vuelta de tuerca en el engranaje de la historia, porque convocados por la problemática ambiental se encontrarán por primera vez, en forma deliberada no solo organizaciones ambientalistas sino también otro tipò de organizaciones de la sociedad como lo son organizaciones gremiales, de Pueblos Originarios, de Comunicación Social y otras como queda revelado por la nómina de quienes ya han anunciado que participarán del evento correntino, gremiales como ATE Asociación de Trabajadores del Estado de Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Santa Fé, Ambientalistas como Guardianes del Iberá, Ipodagua, No a las Pasteras en Ituzaingó, Fundavida, de Comunicación como. Radio Asamblea FM 100.3 de Corrientes-Ctes, de Investigadores Universitarios como el: Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, de los pueblos originarios como: Foro de Pueblos Indigenas del NEA (Mbya Guaraní, Qom, Wichi, Pilagá, Moqoit), Foro Campesino del NEA (Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa) y la Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios entre otras tantas.

Es revelador y auspicioso este salto cualitativo en las luchas ambientales que a partir de este encuentro podrá surgir una coordinación mucho mas amplia que las aparecidas hasta el presente, que seguramente dará un carácter  y una fortaleza desconocidos hasta ahora, a las lucha sociales por la naturaleza, la vida y el ambiente.

“Dinama está desbordada”

POR Marcelo Bustamante -  PUBLICADO hace 8 horas

“Con solo 18 técnicos se adjudicaron 260 autorizaciones ambientales”, dijo. Tienen en carpeta 50 proyectos de relevancia a estudio.

El gobierno está analizando adoptar medidas urgentes e instrumentar un redimensionamiento institucional.

La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, coincidió con el presidente Mujica que debe darse un cambio institucional en la Dinama, pensado en el mediano plazo, pero por los mayores requerimientos de solicitudes de estudios ambientales se hace necesaria la aplicación de medidas urgentes a fin de garantizar un trabajo de calidad para atender los 50 proyectos que tiene en carpeta. Afirmó que este año se definirá el nuevo redimensionamiento, donde está pensada la unificación de las tareas en lo que refiere a Medio Ambiente, Agua y Ordenamiento Territorial. Se formaron equipos de trabajo especializados, y tanto ministros como presidentes de entes apoyarán la tarea de la Dinama, aportando personal técnico.

Muslera también hizo referencia al acuerdo de construir el puente en Laguna Garzón. Aclaró que las condiciones establecidas para la obra, “estará blindando” de cualquier afectación al área.

¿Comparte la visión del presidente Mujica de redimensionar la gestión de la Dinama y convertirla en una agencia?

El Ministerio viene trabajando en buscar una nueva institucionalidad, y en una reingeniería que logre una mayor integridad de las tres direcciones: Dinama, Dirección de Ordenamiento Territorial (Dinot) y Dirección Nacional de Agua (Dinagua). Esto se hace porque cada vez están más involucradas en la gestión las miradas de agua, territorio y ambiente, y esa nueva institucionalidad pretende dar una respuesta más integral y firme a cada uno de las solicitudes de emprendimientos. Existe un nivel de gestión muy primitivo en el Ministerio,  por lo cual se debe potenciar la planificación, generar más capacidades e involucramiento de la gestión en el control de las empresas. Esto llevaba a una propuesta de una dirección sola que involucre los tres temas, pero que tenga dos patas: una de planificación y otra de gestión. En este último caso, se debe de autorizar y controlar el emprendimiento.

Cada vez más a nivel global, los temas ambientales están más involucrados en la lucha contra la pobreza y el esfuerzo por generar desarrollo.

También nos estamos planteando un tránsito hacia la creación de un ministerio de ambiente con la competencia de articular y laudar políticas con cada uno de los ministerios.

¿Qué capacidad tiene Dinama para enfrentar las solicitudes de autorización de los distintos emprendimientos?

Hoy existe un impacto muy grande para las capacidades con que cuenta la Dinama en cuanto al número de emprendimientos que se presentan solicitando la intervención. En el 2011 crecieron un 29% los trámites que maneja la Dirección de Impacto Ambiental, y tenemos en carpeta una cantidad de proyectos, un total de 50, que son vitales para el gobierno.

El año pasado se laudaron 263 proyectos, y falta incluir proyectos que no fueron evaluados, como el de Aratirí.

Por un lado, estamos evaluando el fortalecimiento institucional con mirada a largo plazo y por otro tenemos una presión que viene de la mano del desarrollo del país, que es muy grande.

Lo que venimos analizando en el Consejo de Ministros es instrumentar medidas de urgencia para fortalecernos y atender los proyectos que están esperando. Está el tema de las capacidades. Allí se relaciona el planteo de Mujica de instaurar una Agencia. Hay temas difíciles de resolver dentro de la administración central, como ser la contratación de técnicos que requieran de remuneraciones superiores a las existentes, para sustentar las exigencias que requieren estos proyectos.

¿La Dinama está en condiciones hoy de enfrentar la creciente demanda?

Tenemos un gran problema con los recursos humanos. Hoy si decidimos hacer una Agencia o un Ministerio que implique un desacople con el Mvotma, no contaría con personal capacitado. Ahora hay que buscar una ubicación institucional que favorezca, la resolución de problemas de urgente resolución, y tienda a definir una nueva institución.

Hay un camino priorizado por el Presidente, y en el 2012 lo tenemos que definir.

Las medidas de urgencia se basan en concentrar todos los recursos de Dinama, Dinot y Dinagua. A esto se suma el aporte que puedan hacer otros ministerios, donde Ganadería ofreció la colaboración de dos técnicos para ayudar en la evaluación de los proyectos. Lo mismo hizo la UTE para los proyectos eólicos. La idea es crear equipos estables para cada una de las líneas de trabajo, como ser proyectos ubicados en la franja costera, otro para industria y energía, otros de infraestructura. Con respuesta rápida y que garantice la calidad ambiental. Está pendiente una reunión con el prosecretario Diego Cánepa para ir trabajando en un nuevo diseño institucional.

Se trata de medidas de urgencia a una situación que desborda.

¿Puede pensarse en el mediano plazo la creación de un Ministerio de Medio Ambiente?

Lo que dijo Mujica claramente es: “La hora de hoy indica que debemos ir hacia un ministerio de medio ambiente. ¿No sé si lo podemos concretar?”. Yo también tengo dudas si es posible concretarlo con el nivel de recursos humanos y las dificultades que tenemos para consolidar esto. Tenemos que diseñar el camino, y quizá en el próximo período se produzca el desacople. Acá no se trata simplemente de incluir 100 funcionarios sino que se requiere de capacitación.

Laguna Garzón será área protegida

El gobierno, fue cuestionado por la resolución de construir el puente sobre la laguna Garzón. ¿Qué tiene para decir a ello?

El tema del puente sobre la laguna Garzón fue manejado mal por la prensa. Lo que se dijo en la conferencia de prensa fue que el Poder Ejecutivo acordó la realización del puente, y no aprobó el proyecto. Se hizo una observación por lo cual está en manos del Ministerio del Transporte, y lo que se está trabajando es cómo levantar esos cuestionamientos. Esto pasa por el afine del diseño del puente.

Hubo un acuerdo para concretar el proyecto en este período.

¿Qué impactos al medio ambiente podría conllevar la construcción del puente en la zona de Garzón?

Con las medidas que se tomarán estaremos blindando el área. No va a ser una protección 100%, sino que tendrá una protección grande, con la integración de la laguna Garzón al Sistema de Áreas Protegidas. A esto se suma el cambio de uso de la Ruta  10, desafectándola para que pase a ser un camino departamental. Se le pedirá a las intendencias de Rocha y Maldonado que hagan un diseño particular para el tramo de ruta que queda entre el desvío de la Ruta nº 9 y el futuro puente, y entre este y el retorno a la referida ruta. El diseño debe contemplar la baja velocidad y permitir el disfrute del paisaje.

Además, no se está promoviendo una urbanización explosiva. Estamos hablando de lotes de cinco hectáreas.

Inversiones millonarias

Para el 2012, la Dinama tiene a estudio unos 50 proyectos de inversión, que sumados todos ellos representan una cifra millonaria y un impacto importante para el país. Entre las propuestas se encuentran la construcción de plantas de tratamiento de OSE, minería-hierro de gran porte, de cal y pórtland en centro-oeste. Forestación (Montes del Plata). Grandes agroindustrias, lecheras y biocombustibles; energías renovables (parques eólicos y plantas de biomasa). Crecimiento de puertos e hidrovías en Montevideo, Nueva Palmira y Laguna Merín. Grandes obras de saneamiento en litoral y Montevideo. Urbanizaciones costeras turísticas en Colonia, Maldonado y Rocha. Degradación de cuencas hídricas por la intensificación de agroquímicos en la cuenca de los ríos Santa Lucía, Uruguay y  Laguna del Sauce.

Dupla de mujeres

¿Qué fue lo que ocurrió entre usted y el ex subsecretario Jorge Patrone?

De ese tema no voy a hablar.

¿Por qué motivo eligió a Raquel Lejtreger como subsecretaria de Vivienda?

Es adecuado el perfil. Se integró en mayo de 2010 en el equipo de asesores del Ministerio.

¿Por sus declaraciones se podría interpretar que optó por Lejtreger por una cuestión de amistad?

La conozco desde los 17 años de edad. Militábamos juntas contra la dictadura. No tengo trato de amiga pero la he seguido en la vida. En los lugares donde estuvo, siempre fue proactiva, constructiva y de compromiso. En 2008 la vi trabajando en las inundaciones de Durazno, trabajando en el Sistema Nacional de Emergencia.

En 2010 la convoqué a trabajar en el Ministerio, y rápidamente se involucró en el hacer. Se encarga de los concursos de la cartera de viviendas fiscales.

En teoría hay 38 mil viviendas que pusimos en gestión, y de esa cifra, 25 mil fueron entregadas. Cuando hablo de las 260 autorizaciones ambientales de Dinama con un equipo de 18 personas, es porque laburamos, y estamos detrás de cada trámite.

La Murga “Agarrate Catalina” aludió a
Vázquez y molestó al PS

Cambiar tamaño “Hola, ¿Condoleezza Rice? Sí, ta, mirá, te habla Tabaré. Te quería pedir que si no es mucha molestia le pidas vos a Bush que si no le complica ni le incomoda diga que es amigo nuestro, por favor. Y después no te jodemos más, te lo juro. Pero es que hay una vieja que dijo que iba a hacer explotar Botnia, una vieja bomba, sí, un peligro, imaginate”. Este es uno de los fragmentos de un cuplé de la murga Agarrate Catalina, donde ironiza sobre el pedido de ayuda de Vázquez a Estados Unidos frente a la posibilidad de un conflicto armado con Argentina por la instalación de la planta de celulosa Botnia. El comentario se enmarca dentro las “cosas acumuladas” que se deben “arrojar a la hoguera” de la “comunidad”. Después de parodiar la revelación que hizo Vázquez meses atrás en un colegio y que desencadenaron en su anuncio de retiro de la actividad política pública, la murga envía un mensaje directo al ex mandatario: “Es por eso, Tabaré querido amigo, que apelamos a tu lado más coherente. Si tenés esos arranques de cornudo, preferimos que aunque sea no los cuentes”. El texto generó la reacción de dirigentes socialistas. Blanca Elgart, integrante del Comité Ejecutivo del PS, expresó a través de su cuenta de Facebook: “Che Catalina, ‘hermanita de luz’, a Tabaré lo tirás a la ‘hoguera de la comunidad’, ta, pero fingís demencia con Pepe”. La dirigente socialista recordó que la murga no dice nada, por ejemplo, sobre el recibimiento por parte del presidente José Mujica a las ‘gusanas damas de blanco’ cubanas. ¿You remember?… de Cuba, el pueblo amigo al que ustedes van seguido…”, comentó. Mujica recibió en setiembre de 2010 a una delegación de las Damas de Blanco, opositoras al gobierno encabezado por los hermanos Castro en Cuba. Días después de hacerlo, el presidente justificó la decisión en su audición semanal. Dijo que “gente de los partidos tradicionales, muy importante” le pidió que recibiera a una delegación “donde había cubanos que están enfrentados con su gobierno”. “Nosotros les contestamos que por respeto a quienes nos lo pedían los íbamos a recibir. Lo aclaramos de entrada, definitivamente, porque no le queríamos regalar al escenario uruguayo una discusión fútil donde se nos pintara como intolerantes y otras cosas por el estilo”, remarcó. Su actitud fue rechazada por numerosos dirigentes de izquierda. En su comentario, Elgart puso de manifiesto que la murga no critica al actual presidente pese a haber viajado a Cuba a actuar y a mantener una buena relación con el pueblo de ese país. A su vez, el socialista Paulo Núñez, dirigente del sindicato del comercio (Fuecys), también criticó a la murga por su actitud con Vázquez. “Yo creo que exageran bastante con el tema”, opinó. Fue más lejos y dijo que “el Carnaval le critica poco al gobierno. Hay millones de cosas para hablar y son demasiado benevolentes”. Puso como ejemplo la ley de Negociación Colectiva, que el gobierno propulsó pero todavía “no se ha sentado a dialogar”. Consideró que es “normal” que Agarrate Catalina no le “pegue” a Mujica porque existe un “favoritismo”, pero la falta de crítica le llamó la atención en todas las murgas.

publicado en La Vaca

Alumbrera, según la Universidad de Córdoba

La Universidad más antigua del país rechazó en 2009 los fondos provenientes de Minera Alumbrera (3.300.000 pesos) fundamentando con duras críticas el efecto ambiental, económico, social, de calidad de vida y de derechos humanos, que implica la megaminería, todo lo contrario a lo que sostienen empresas, gobernadores y funcionarios nacionales. Los argumentos son los que antes aún venían denunciando las propias comunidades afectadas en diversas provincias, a través de sus vecinos autoconvocados. El periodista Darío Aranda preparó este trabajo que resume y explica por qué la Universidad de Córdoba rechazó el subsidio minero.

El rechazo que genera la megaminería en Argentina se instaló en la agenda pública las últimas semanas a fuerza de asambleas, bloqueos de camiones, judicialización de la protesta y represiones. Empresas y funcionarios alegan que “la gente no está informada” o los “ambientalistas tienen posiciones dogmáticas”. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) publicó una carta abierta¹ a la Presidenta en la que refutan los argumentos que intentan deslegitimar el conocimiento de los pueblos en lucha. Pero las asambleas no están solas. Un ejemplo: la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es la universidad más antigua de Argentina, fundada en 1613, próxima a cumplir 400 años. Referente entre las universidad latinoamericanas, en 2009 rechazó 3,3 millones de pesos fondos provenientes de Minera Alumbrera-Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

Meses de análisis y debates

• “Luego de varios meses de análisis y debate, la Universidad Nacional de Córdoba rechazó finalmente los fondos de la Minera Alumbrera. Lo hizo a través de su Consejo Superior, que tras dos horas de exposición de sus miembros y en una sala colmada de representantes de diferentes organizaciones ambientalistas, aprobó por unanimidad el proyecto en general”, destaca el comunicado fechado el 15 de diciembre de 2009².

La fundamentación del rechazo es totalmente vigente:

• ”Se ha verificado empíricamente, y lo sostiene la amplia mayoría de los informes recogidos por este cuerpo, que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”.

Consumo de agua: 1 minera = 2 Catamarcas

La Universidad Nacional de Córdoba afirma, textual, que las actividades productivas de Minera Alumbrera “tienen impactos socioambientales de corto, mediano y largo plazo”. Y destaca:

• ”El alto consumo de recursos naturales estratégicos y energéticos: está autorizada a consumir 100 millones de litros de agua por día de la reserva acuífera del Campo del Arenal; alto consumo (casi el doble del consumo de toda la Provincia de Catamarca)”.
• ”Los efectos negativos sobre las cuencas de varios ríos: sobre el Vis Vis-Amanao, por encontrarse en su cabecera el dique de colas; sobre el río Santa María debido a la captación y alto consumo de agua subterránea en el Campo del Arenal; sobre el Salí y el Dulce por cuanto se vierten los líquidos residuales de la Planta de Filtros en Tucumán a través del Desagüe Pluvial 2 (DP2)”.

Es lo que hay

• ”En marzo de 2007 la Secretaría de Minería de la Nación elaboró un informe en el que se refiere a los elevados contenidos de metales en el canal DP2 indicando que el efluente de la planta de tratamiento de Minera Alumbrera presenta concentraciones de sólidos totales disueltos (SDT) sulfatos y molibdeno detectadas en el comienzo del canal que superan los límites normados”.

• ”La contaminación debida al drenaje ácido vinculado principalmente a la presencia de pirita (sulfuro de hierro), mineral que queda acumulado en las escombreras y diques de colas y que bajo determinadas condiciones, se transforma en ácido sulfúrico, que es lixiviado por la lluvia”.

Drenaje ácido

• ”Los efectos a largo plazo del proceso del drenaje ácido, con todas sus implicancias socioambientales: luego de veinte años ese efecto se puede constatar aún hoy tras el abandono de minas con características similares”.
• Otro efecto mencionado por la Universidad de Córdoba: ”La grave e irreversible destrucción de los ecosistemas, contaminación de las fuentes de agua, la magnitud y peligrosidad de los insumos y efluentes, una profunda afectación de la flora, la fauna, el hábitat y el paisaje local, con la consecuente pérdida de biodiversidad y la degradación general de las condiciones socioambientales mínimas requeridas para las restantes actividades económicas, para la salud humana”.

Cultura y economía

• ”Este tipo de actividades (la minería) produce por lo general un avasallamiento de las pautas culturales de la población local, lo que sumado a los daños ambientales empíricamente verificados, degradan la calidad de vida en las regiones afectadas”.

• ”La actividad de la minería metálica no tiene un alto impacto económico en relación a la generación de riqueza ni es alta su contribución al PBI”.

¿Sociedad o gran capital?

Plantea la Universidad de Córdoba que la actividad minera se ha visto beneficiada, a lo largo de la década del noventa, por legislaciones “muy favorables (…) esta situación requiere de una pronta modificación de la legislación que dé prioridad al interés general de la sociedad argentina y no a los intereses del gran capital involucrado en los mega emprendimientos mineros”.

• ”Tampoco resultan ajenas a esta problemática las prácticas del clientelismo de empresa practicado por Minera Alumbrera bajo el revestimiento ideológico de la denominada ‘minería socialmente responsable’, ‘responsabilidad social empresaria’, o ‘minería sustentable’, para acallar las voces críticas y provocar la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la libertad de opinión de las comunidades y judicializando la protesta social, tal como fuera denunciado por el Defensor del Pueblo de la Nación (Actuación Nº 2538/05)”.

Derechos humanos

• ”Minera Alumbrera ha desarrollado, desarrolla y financia, con instituciones educativas de nivel primario, secundario e incluso universidades, actividades formativas y académicas que son utilizadas como instancias de legitimación de la empresa y de sus emprendimientos extractivos y que a través de estrategias de validación amparadas en la supuesta neutralidad del saber científico como variable asimétrica y vertical,  busca inhibir y/o controlar los conflictos y anular la legitimidad de derechos ciudadanos, desautorizando, desacreditando, y/o invisibilizando las resistencias al modelo de desarrollo que propugna”.
• ”La problemática socioambiental no sólo involucra dimensiones económicas y técnicas, sino que implica fundamentalmente aspectos vinculados a los derechos humanos y el bienestar de las comunidades”.

El artículo 9 de la resolución, que rechaza los fondos, tuvo 9 votos negativos y 29 positivos. “Independientemente de ello, en el recinto quedó claro que todos los consiliarios reconocían y repudiaban el impacto negativo de esta actividad económica, una postura que fue ratificada en la aprobación unánime del proyecto en general”, afirma el comunicado de la Universidad Nacional de Córdoba.

1 – http://www.rnma.org.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=1404&Itemid=1

2- http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2009/diciembre/la-unc-rechazo-los-fondos-de-la-minera-alumbrera

3- www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2009/diciembre/RHCS-1308-2009.pdf

                                                                                 Guillermo Luciano

El Gobierno nacional, en el día de ayer, efectuó su jugada para resolver los conflictos que se multiplican a lo largo y ancho del país por la minería a cielo abierto.

Ayer, el Ministro de Vido encabezó la reunión de gobernadores y prometió el apoyo del Gobierno para fomentar la minería y en un párrafo clave de su  intervención promovió que:…” las provincias deben crear sociedades públicas provinciales, como hay en Santa Cruz o Catamarca, que permitan que el Estado se asocie”.

 Estas compañías provinciales podrían intervenir solas o asociadas a empresas privadas en la exploración y explotación de los recursos.   Y aquí esta la clave de toda esta historia que enfrenta por primera vez a la actual gestión con demostraciones masivas de ciudadanos comunes oponiéndose a sus planes.

Y decimos que esta la clave porque la clave de este empecinamiento en enfrentar la desición de la gente esta en las empresas que explotan la minería en Santa Cruz, que a continuación detallamos: IAM Gold – Rio Tinto, Anglo Gold – Fomicruz S.E., Pan American Silver – Silver Standard Resources, Minera Santa Cruz S.A. (Minera Andes Inc. – MHC), Fomicruz S.E., Canarex (L. W. Saleken), Northern Orion Explorations Ltd., New Crest Mining Ltd., Pegasus Gold Intl., Barrick Gold Corp., Minera Mincorp S.A. (AngloGold – Perez Companc).

Estas empresas confunden en un intrincado diseño de sociedades anónimas el interés público y el interés privado.

No podemos evitar destacar la añeja presencia de la minera que desata la mayoría de los conflictos actuales, la Barrick Gold en esta provincia, donde explota dos yacimientos de metales preciosos, el de Cerro Rubio y Río Furioso, de donde probablemente surja la relación entre la familia Kirschner y el fundador, principal accionista y CEO de esta empresa, Peter Munk, a quién habitualmente hemos visto fotografiado en la casa de gobierno con nuestros últimos presidentes.

Estas multinacionales extranjeras, se han instalado en nuestro país después de la década del noventa del siglo pasado al calor de las excepciones impositivas extraordinarias otorgadas para su instalación, entre las que destacamos: exoneración del Impuesto de sellos, exoneración del impuesto a los activos, liberación de derechos de importación por la introducción de bienes de capital y equipos, limitación del pago de regalías que corresponda a las provincias no pudiendo exceder del 3% del valor en “boca mina”, etc.

Esta nefasta confusión entre el interés público y privado lleva a que el gobierno trate de todas formas de limpiar la imagen de la minería a cielo abierto, aún con el manifiesto rechazo de las poblaciones damnificadas por estas explotaciones.

El acta de la OFEMI, el organismo recientemente creado por las provincias mineras  sostiene la necesidad de implementar  “un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social, garantizado la plena ocupación y verificando el cumplimiento efectivo de los principios e instrumentos tanto de la gestión minera como ambiental”.

También pretende “establecer mecanismos de resolución de conflictos de modo tal que la actividad minera, prospectiva, exploratoria y/o productiva, cuenta con licencia social ”.

Hoy en día estas empresas se están llevando aproximadamente 5.000 millones de dólares anuales en concepto de “exportaciones no tradicionales”, recibiendo además subsidios por este rubro, lo que constituye por un lado una exacción brutal al patrimonio de los argentinos y por otro una cifra capa de destrozar conciencias y lograr las complicidades mas inesperadas.

En este escenario, en la media en que los funcionarios de las provincias y de la nación toman un respiro para diseñar estrategias para lograr la “licencia social” con campañas de marketing, no dudamos el conflicto  se irá incrementando teniendo a partir de ahora esta historia un final incierto.

Minería a cielo abierto y delitos ecológicos en la Argentina
Las empresas mineras que provocan y contaminan con sus dineros una sociedad hambreada, con un claro retroceso del Estado, y la prensa en general, han perdido de vista un hecho fundamental.
El hecho cierto es que la mineria a cielo abierto esta siendo investigada penalmente por la justicia federal argentina. Minera La Alumbrera tiene 4 causas penales por contaminación, pero lamentablemente ningún medio de prensa se ha hecho eco de estas causas. Nadie menciona que esto que nos venden como un conflicto no es más que las consecuencias de un delito ambiental de magnitudes escandalosas. Lo curioso es que cuando leemos los arts. 55 y 56 de la ley 24.051 y comparamos los índices de contaminación que expresamente señala el decreto 831/93 con los que dan los informes de impacto ambiental, no hay duda alguna: el delito es claro.
No se necesita medirla en la caída de un arroyo o en el dique de colas. La propia empresa confiesa.
Para algun escéptico los redirecciono a mi página fiscaliagraltucuman.gov.ar y vean los escritos y fallos allì publicados. Perdòn por la inmodestia
¿Dónde esta entonces el problema? En la ineptitud de un Poder Judicial, que prefiere mirar para otro lado o enfriar varias causas penales. ¿Acaso no es corrupción que el juzgado federal de Catamarca este vacante hace diez años? ¿Justo ese?
Los vecinos tienen razón. Lo ùnico que les queda son las vias de hecho porque jueces y fiscales, justo aquellos que deben resolver los conflictos, los ignoran.
La minería a cielo abierto contamina, comete delitos ambientales y estoy dispuesto a probarlo -como ya lo hicimos- ante cualquier autoridad que lo niegue falazmente.

Quien es Antonio G. Gómez:

Antonio Gustavo Gómez, fue uno de los profesores fundadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia – ha sido profesor de Derecho Romano y Derecho Constitucional – Director Investigador de Derecho – . Autor de diversos artículos – Conferenciante, ponente y participante en más de 150 congresos y conferencias nacionales e internacionales – Observador Internacional para el conflicto de la basura en Nápoles a pedido de varias Ong’s italianas

En materia Ambiental, pueden leerse sus trabajos en www.fiscaliagraltucuman.gov.ar en el link medioambiente – Se especializò en la investigacion de delitos ambientales y representa a la Argentina en la Red de Fiscales Ambientales de America.

Siendo Fiscal Federal en Chubut llevó adelante varias investigaciones sobre contaminación ambiental entre ellas por volcado de petróleo en el mar argentino (empetrolamiento de pingûinos), volcado de residuos en el Golfo Nuevo (Puerto Madryn) por la operatoria irregular de los buques; en casos de mineria, reme-diación de minas y repositorio nuclear en Gastre, contaminación del Rio Chubut, contaminación por la empresa Aluar, contaminación por líquidos cloacales, etc.Siendo Fiscal General de Tucumán llevó adelante investigaciones por delitos ambientales en mas de 80 causas entre las que se destacan el procesamiento de autoridades de distintas empresas como empresas mineras (La Alumbrera), citricolas, papeleras, frigoríficos, ingenios, empresas dedicadas a la recolección de residuos, sanatorios, etc. como así también el procesamiento de varios intendentes y autoridades públicas por su complicidad con la contaminación ambiental provocada por distintas empresas. (ANB)

Gas de esquisto, fractura hidráulica: ‘fracking’

LA ÚLTIMA OBSESIÓN ENERGÉTICA

Iniciada la inevitable declinación de las reservas de petróleo y gas natural del planeta, la civilización del combustible fósil – sobre todo, los intereses económicos y políticos que la dominan, no se rinden fácilmente. Junto a unas guerras encarnizadas por las reservas que quedan, ha surgido un nuevo y peligroso maná energético: el gas de esquisto.

Por Víctor L. Bacchetta

Según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), el gas que es posible extraer de rocas de esquisto o “shale gas” puede superar varias veces en cantidad las reservas probadas en el planeta de gas convencional. Recientes avances en las tecnologías de perforación horizontal y de extracción de las napas de esquisto, junto con la reducción de los costos de estas tecnologías, han desatado una verdadera fiebre del gas de esquisto.

Aunque se afirma ligeramente que este gas es menos nocivo que el petróleo, al ser una fuente diferente que requiere insumos y procesos adicionales para la extracción, no se puede asumir que es igual que el gas natural presente en forma líquida o gaseosa en depósitos originales. El problema aquí son, precisamente, las tecnologías requeridas para la extracción.

¿Qué es el ‘fracking’?

Se denomina ‘fractura hidráulica’ o, en inglés, ‘fracking’ a la perforación horizontal de napas de esquisto presentes en las profundidades del subsuelo y la inyección de agua a gran presión, mezclada con arena y productos químicos, con el fin de fracturar la roca y extraer gas metano Esta tecnología surgió en Estados Unidos hace poco más de 10 años y pareció revolucionar los problemas que se avenían con la declinación de las reservas de petróleo y gas.

Diez años atrás, los esquistos proveían un uno por ciento del gas natural en Estados Unidos. Actualmente representan el 30% del consumo de este país y cada día el área de extracción se amplía a nuevos estados, que estiman abastecerse en un 50% del gas en 2020. Hoy en Estados Unidos existen unas 500.000 perforaciones activas de gas de esquisto, cada pozo soporta 18 extracciones y cada una requiere de 4 a 30 mil metros cúbicos de agua.

Primero se realiza una perforación vertical convencional, que puede llegar a profundidades de dos a tres kilómetros. Al llegar a la napa de esquisto se inician las perforaciones horizontales, que pueden ser varias desde un mismo pozo vertical y extenderse cada una de dos a tres kilómetros. Habiendo blindado toda la cañería, en los tramos horizontales se realizan las perforaciones laterales para inyectar la mezcla que fracturará la roca.

Por lo general, los químicos representan un 2% del fluido utilizado en una extracción. El resto está constituido por agua y cierta cantidad de arena, que es utilizada para mantener abiertas las fracturas y ampliar la superficie de contacto con el líquido. Solo un 30 a 50 por ciento del fluido vuelve a la superficie, mezclado con el metano que se separa, y el resto se deposita en lagunas al aire libre. El líquido que no retorna permanecerá bajo tierra.

A los enormes volúmenes de agua requeridos se agregan dos problemas, que el agua quedará contaminada por los químicos incluidos en la operación y que las fracturas del subsuelo – en si mismas impredecibles en sus alcances – hacen que esa agua contaminada, combinada con el metano y otros elementos presentes en la roca, como elementos radioactivos y carcinógenos, llegue a acuíferos subterráneos, napas freáticas y pozos de agua potable.

Un problema con los químicos es que las empresas, alegando el secreto comercial, no revelan cuáles son sus características. En setiembre de 2010, el gobierno de Wyoming, frente a una creciente inquietud por los efectos de esta tecnología en la salud, obligó a divulgar una lista, aunque la misma sigue siendo incompleta, porque las empresas recurren a algunos vacíos jurídicos existentes en Estados Unidos para mantener partes en secreto.

Uno de esos vacíos es el llamado “escape de Halliburton”, por ser esa empresa la pionera en el uso de esta tecnología y porque su ex-director Dick Chenney, en ese entonces vice presidente del gobierno de George W. Bush y gestor de la Ley de Política Energética aprobada en 2005, exoneró al ‘fracking’ de las exigencias de la EPA (Environmental Protection Agency) y de la Ley del Agua Limpia, estimulando el avance de la fiebre del gas de esquisto.

Se sabe que los aditivos incluyen ácido, bactericida/biocida, estabilizador de arcilla, inhibidor de corrosión, reticulante, reductor de fricción, gelificante, controlador de metales, inhibidor de sarro y surfactantes. El Centro Tyndall de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, fue uno de los primeros en investigar los impactos de la extracción de gas de esquisto sobre el medio ambiente y analizó 260 productos químicos usados en el ‘fracking’.

De ese total, 17 fueron considerados tóxicos para organismos acuáticos, 38 tóxicos agudos, 8 cancerígenos probados y otros 6 sospechados de serlo, 7 elementos mutagénicos y 5 producen efectos sobre la reproducción. Si bien el riesgo depende de la concentración y la exposición de esas sustancias a los seres vivos, las cantidades empleadas –en una plataforma de 6 pozos, de 1.000 a 3.500 metros cúbicos-, justifican la máxima precaución y control.

La evidencia científica

“Las perforaciones en procura de gas natural han sobrepasado a la ciencia necesaria para probar que son seguras”, tituló la revista estadounidense Scientific American, en octubre de 2011, en un editorial. Los autores afirman que los gobiernos, de los estados y el federal, han carecido de normas y estudios apropiados de los riesgos de esta tecnología.

El Centro Tyndall investigó los impactos del gas de esquisto a partir de las informaciones de las experiencias estadounidenses. En enero de 2011, sus conclusiones fueron:

* La evidencia proveniente de Estados Unidos sugiere que la extracción de gas de esquisto conlleva un riesgo significativo de contaminación del suelo y las aguas superficiales;
* Mientras no se haya logrado una investigación suficiente, para su desarrollo en el Reino Unido y en Europa el enfoque precautorio es la única acción responsable;
* Sin un límite significativo en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, la explotación del gas de esquisto debe aumentar las emisiones netas de carbono;
* Reducciones rápidas de carbono requieren una mayor inversión en tecnologías limpias de carbono y esto podría ser demorado por la explotación del gas de esquisto;
* Los requerimientos de agua en la explotación de gas de esquisto pondrían una presión considerable sobre los suministros de agua a nivel local en el Reino Unido; y
* El riesgo de contaminación de las fuentes de agua por los productos químicos peligrosos utilizados en la extracción puede generar objeciones significativas a nivel local.

Entre otras investigaciones recientes, los académicos Robert Howarth, Renee Santoro y Anthony Ingraffea, de la estadounidense Universidad de Cornell, en su estudio `Metano y la huella de gases de efecto invernadero del gas natural proveniente de formaciones de shale’, publicado en abril pasado en la revista Climatic Change, concluyeron que la extracción de gas de esquisto resulta ser más contaminante que el petróleo y el carbón.

Estos estudios cuestionan el argumento de la industria del ‘fracking’ de que el gas de esquisto puede sustituir al carbón en la generación eléctrica y servir para mitigar el cambio climático mientras se desarrollan otras tecnologías. Se pretende presentar así al gas de esquisto como una “transición” hacia las energías limpias cuando es lo contrario.

Un grupo de la Universidad de Duke, coordinado por Robert Jackson, concluyó que, en áreas activas de extracción, “las concentraciones promedio y máximas de metano en pozos de agua potable se incrementaron con proximidad al pozo gasífero más cercano y fueron un peligro de explosión potencial”. Es inevitable, un director de una empresa lo admitió: “Nunca se tiene el control. Las fracturas irán siempre por el camino de la menor resistencia”.

Pero la resolución de las controversias ambientales no es muy diferente en Estados Unidos a otros lugares que conocemos. Mientras la EPA lucha por investigar e imponer controles a la industria, la EIA ofrece cifras alucinantes sobre las potencialidades del gas de esquisto y el Departamento de Estado, que no podía ser menos, ofrece “ayuda” a los otros países para estudiar las reservas y “transferir” la tecnología de ‘fracking’ de sus empresas.

Cualquier pretexto sirve a los defensores del ‘fracking’. Cuando Vladimir Putin comentó los perjuicios ambientales del ‘fracking’, en noviembre pasado, comentaristas estadounidenses dijeron que era por temor a las pérdidas de la estatal rusa Gazprom. Algunos acusaron a los críticos de ser “aliados” de Putin, una forma de llamarlos antipatriotas. Fidel Castro se ha opuesto también al ‘fracking’, por si esto le sirve a alguien para definirse.

Impactos por doquier

En Estados Unidos y en otros países se han documentado cientos de casos de contaminación ambiental por la aplicación del ‘fracking’, accidentes y construcciones defectuosas o errores humanos. “Existen reportes de incidentes que implican contaminación de aguas subterráneas y superficiales con contaminantes como salmuera, químicos no identificados, gas natural, sulfatos e hidrocarburos como benceno y tolueno” (Tyndall Centre, 2011: 62).

En 2004, en el estado de Colorado, se observó gas natural burbujeando en una vaguada y en los acuíferos concentraciones de benceno 90 veces superiores el límite establecido, así como mayores concentraciones de metano y otros tóxicos a nivel regional. La migración de metano desde el subsuelo produjo en Pennsylvania en 2009 al menos una explosión en la superficie, la contaminación de un acuífero y varias fuentes de agua en un área de 1.400 hectáreas.

Entre marzo y mayo de 2009, en el estado de Wyoming, la EPA investigó denuncias por mal olor y sabor de agua en pozos residenciales, concluyendo que se debían a elevados índices de peligrosos contaminantes, incluidos en una operación cercana de ‘fracking’. En junio de 2010, la explosión de un pozo de gas en otra región de Pennsylvania, roció el aire de gas natural y desechos líquidos durante 16 horas, llegando a una altura de 23 metros.

Como en las subterráneas, también hay casos de contaminación en las aguas superficiales, por derrames de sustancias tóxicas, por fallas en las cañerías y descargas ilegales de desechos que han provocado la contaminación de al menos un pantano y mortandades masivas de peces en Pennsylvania. En 2006 el Departamento de Protección Ambiental (DEP) del estado prohibió la actividad a dos empresas por reiteradas violaciones de las normas vigentes.

En Youngstown, en el estado de Ohio, el año pasado se produjeron movimientos sísmicos no usuales, uno de magnitud 4.0 en vísperas del año nuevo. Funcionarios del gobierno estudian sus posibles causas, pero la población los atribuye a las operaciones de ‘fracking’ en la zona.

Suspensiones y protestas

A medida que las aplicaciones del ‘fracking’ se fueron extendiendo y abarcaron varios países, sus impactos están generando reacciones en las poblaciones y los países afectados.

En Francia, una ley promulgada el 13 de julio de 2011, en aplicación de la Carta del Medio Ambiente de 2004 y del principio de precaución y corrección, prohibió la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos o gaseosos por fractura hidráulica en todo el territorio nacional y derogó los títulos de prospección concedidos a proyectos con esta tecnología. Lo mismo ocurrió en Bulgaria en 2011, tras amplias manifestaciones de protesta.

En marzo de 2010, debido a la creciente preocupación en el público estadounidense, la EPA anunció el inicio de una profunda investigación de los potenciales impactos negativos de la fractura hidráulica sobre la calidad del agua y la salud. Si bien los resultados iniciales de dichos estudios estarán disponibles recién hacia finales de 2012, algunos estados ya han puesto en suspenso el funcionamiento de este tipo de explotaciones.

El estado de Nueva York decidió en 2010 una moratoria de las perforaciones hasta disponer de normas de control. A principios de este año se discute si se prolonga la moratoria, pero hay municipios que quieren prohibir el ‘fracking’. Pittsburgh decidió en 2010 prohibirlo dentro de los límites de la ciudad, mientras que la legislatura de Ohio, preocupada por los sismos y la contaminación de acuíferos, aprobó en enero una moratoria de tres años

En Canadá, el gobierno de la provincia de Quebec decidió suspender en marzo de 2011 las perforaciones hasta contar con un estudio ambiental completo. En Australia, el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur decidió prohibir el ‘fracking’ durante 2011 hasta evaluar las necesidades de la minería y la agricultura. Y en Sudáfrica, el consejo de ministros decidió suspender las licencias de gas de esquisto en la región semiárida de Karoo.

“Las formaciones de gas no convencional se encuentran debajo de un tercio del Reino Unido, lo que significaría una industrialización masiva de las zonas rurales. Sabemos lo que pasa en Estados Unidos, no queremos eso aquí”, declaró Tim Andrews, del movimiento “Frack Off”, que se resiste a la entrada de las empresas de ‘fracking’. A fines de 2011, Irlanda del Norte declaró la moratoria hasta tanto no se realicen estudios ambientales.

Hay movimientos de protesta de la población contra el ‘fracking’ en Polonia, Sudáfrica, varias ciudades de Estados Unidos, el Reino Unido y en Canadá. Se están desarrollando campañas similares en Argentina y en el País Vasco. En Uruguay, la explotación del gas de esquisto afectaría un millón de hectáreas según los títulos reservados por Ancap, que cubren unos dos tercios del departamento de Tacuarembó y partes de Salto, Paysandú y Durazno.

Geopolítica del gas de esquisto

La gran novedad es que el gas de esquisto abunda en países históricamente pobres en hidrocarburos: China, Estados Unidos y Argentina encabezan la tabla, pero Sudáfrica, Australia, Polonia, Francia, Chile, Paraguay, Suecia, Pakistán o India tienen también importantes reservas. El argumento de la diversificación de la matriz y la independencia energética es muy fuerte e influye en la tendencia a presentar el nuevo recurso como ambiental y socialmente positivo para convalidar su aceptación.

Las reservas probadas de gas convencional en el planeta suman 6.608 billones de pies cúbicos (TCF, por trillion cubic feet, en nomenclatura inglesa), unos 187 billones de metros cúbicos, según estadísticas del grupo británico BP, y los depósitos más grandes están en Rusia (1.580 TCF), Irán (1.045), Qatar (894), y Arabia Saudita y Turkmenistán, con 283 TCF cada uno.

Un estudio de la EIA publicado en abril de 2011 encontró prácticamente el mismo volumen (6.620 TCF o 187,4 billones de metros cúbicos) de shale gas recuperable en apenas 32 países, y los gigantes son otros: China (1.275 TCF), Estados Unidos (862), Argentina (774), México (681), Sudáfrica (485) y Australia (396 TCF).

Además, países secularmente dependientes de proveedores extranjeros contarían con una ingente base de recursos en relación con su consumo, como Francia y Polonia, que importan 98 y 64 por ciento, respectivamente, del gas que consumen, y que tendrían en rocas de esquistos o lutitas reservas superiores a 180 TCF cada uno.

En América del Sur, el tradicional gigante en hidrocarburos, Venezuela, tendría en este gas solo 11 TCF, la vigésima parte de sus reservas de gas convencional, y en cambio Brasil y Chile, que actualmente importan alrededor de la mitad del gas que consumen, cuentan con depósitos en lutitas por 226 y 64 TCF, respectivamente.

Paraguay tendría 62 TCF, casi tres veces el gas convencional de Bolivia, que es el principal exportador de la subregión, y Uruguay, que importa 100 por ciento pues carece de hidrocarburos, tiene reservas de gas de esquisto de al menos 21 TCF.

EL GABINETE PRODUCTIVO Y EL CONSEJO SECTORIAL evalúan
alternativas para garantizar oferta de materia prima
Preparan medidas por falta
de madera en aserraderos

Cambiar tamaño La falta de madera para cubrir su demanda es un problema que han tenido que enfrentar varios aserraderos en distintas partes del país. El tema está en conocimiento del gobierno, que trabaja en conjunto con empresas y sindicatos en la búsqueda de alternativas que permitan paliar este tipo de inconvenientes. El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, dijo a Ultimas Noticias que se trabaja en la elaboración de un proyecto de ley para asegurar la materia prima. “No es fácil porque hay un tema de mercado y un tema de uso. Se podría ver la manera de asegurar una pequeña cuota o ver alguna manera de ofrecer financiamiento, porque no es lo mismo cortar a los 7 ó 10 años para pulpa que a los 15 ó 20 para otra cosa. La base es dejar una reserva de porcentaje para los aserraderos”, manifestó el jerarca. El plan sectorial Forestal – Madera que lleva adelante el Consejo Sectorial Tripartito, en conjunto con el Gabinete Productivo, tiene como uno de sus objetivos principales fomentar las inversiones que promuevan la producción de productos con mayor valor agregado y contenido tecnológico. De esta forma se busca evitar que en el sector forestal se consolide exclusivamente una matriz exportadora basada en la colocación de madera en bruto y chips. De acuerdo al ritmo actual de plantaciones (aproximadamente 30 mil hectáreas por año), la disponibilidad de materia prima en el sector será al menos 50% mayor en el año 2020, lo que abre camino para desarrollar la industrialización. La madera aserrada y los tableros son de los productos que se industrializan en el país que tienen mayor valor agregado. No obstante, son los que tienen menor peso relativo en la producción, en comparación con la pulpa de celulosa y los chips. “No hay una definición sobre cuál puede ser la herramienta a utilizar. Si estamos pensando en una cadena de valor que integre además de la pata forestal, la celulosa y el papel, a aserrados, contrachapados y muebles, tenemos que resolver el abastecimiento”, afirmó a Ultimas Noticias el director Nacional de Industrias, Sebastián Torres. La falta de madera en el mercado provocó, el año pasado, que varios establecimientos de Paysandú y otros departamentos del litoral vieran afectada su producción. Uno de los casos más representativos es el del aserradero Maserlit, ubicado en las cercanías de Young y que es propiedad del grupo Ence. Esta firma había acordado con la multinacional Montes del Plata el suministro de madera a valores de mercado, pero la suba en el precio internacional determinó que durante la mayor parte del año pasado no pudiera acceder a la materia prima. El emprendimiento está en etapa de liquidación y ya fue despedida la mayor parte de la plantilla de 60 trabajadores. En los últimos meses, y producto de la crisis internacional, el mercado tuvo un freno y dificultades de colocación. Uno de los puntos planteados al gobierno por el Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera y Anexos (Soima) considera que es necesario determinar qué tipos de plantaciones se deben promover con el objetivo de determinar la materia prima que se industrializará en un futuro y el valor agregado que se logre a partir de la extracción de los bosques. “Hay que poner el acento en una política forestal para poder tener una política industrial, pero eso requiere otro tipo de planificación”, dijo a Ultimas Noticias, el presidente del Soima, Hugo de los Santos. A juicio del dirigente, el mecanismo que se instrumente debe prever que el Estado se asegure determinada cantidad de materia prima para que se dirija hacia la plaza en caso de que existan faltantes o para que se utilice en planes sociales. “El gobierno no puede tener ninguna política si no tiene un solo metro cúbico de madera. ¿Si el gobierno quiere hacer viviendas, con qué lo va hacer? Va a depender siempre del precio que los privados fijen”, dijo De los Santos. De acuerdo a datos del sindicato, existen alrededor de 70 aserraderos, de los cuales 20 son de gran porte y con actividad estable. Otro de los puntos que comparten trabajadores y empresarios es que la puesta en marcha de la pastera Montes Del Plata en Conchillas puede reactivar la baja oferta de materia prima en plaza.

FISCAL VIANA PRIMERA DENUNCIA

FISCAL VIANA SEGUNDA DENUNCIA

FISCAL VIANA TERCERA DENUNCIA

TRASPASO DE JURISDICCION DE LA DINAMA

Tal como veníamos anunciando, se aceleraron los tiempos del vodevil oficialista. Cómo si alguien le cambiara los ritmos, el espectáculo veraniego apura sus compases, a la vez que se torna imprevisible. Los mismos principales protagonistas de la comedia, improvisan sus textos, tal como seguramente le pasó a la señora presidente al haber anunciado grandes noticias y  tener luego, ante la audiencia completa de una oposición sumisa, que componer un relleno de apuro, haciéndonos saber ahora y como gran noticia, que las islas están militarizadas y que se publicará como inédito un informe militar al que el común conoce, desde hace más de veinte años… No sería extraño por otra parte, que luego de tantos años de asistencialismo y dándonos por cierto el famoso 54 por ciento que los avalaría, nos tomaran por boludos… Ahora bien, si lo que pretenden, es despertarnos del agobio del  verano a los muchos que vivimos sin aire acondicionado y además con un mes siempre más largo que los sueldos, creo que lo están logrando, la gente comienza a sacudirse la modorra… seremos boludos pero no nos alimentamos con cianuro ni con glifosato… El año recién comienza y ya la represión se extiende por toda Catamarca, mientras el país entero observa cómo la policía provincial militarizada trata de proteger de los vecinos a las grandes mineras. Las Malvinas son argentinas pero la Argentina pareciera que no lo es… al menos que no es argentina… Lo extraordinario es que son las mismas mineras que tendrían que haber sido sancionadas por la Ley 26.659, ley aprobada por el Congreso Nacional hace casi un año, y referida a la exploración y explotación hidrocarburífera en las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, y que impediría que las empresa que operan en el territorio nacional puedan a la vez asociarse a proyectos en las islas al servicio de la Gran Bretaña. Esa Ley ha esperado inútilmente que el gobierno la reglamente, pero lamentablemente parece definitivamente cajoneada… Resulta evidente que los negocios y los acuerdos con la minería pesan mucho más para el kirchnerismo que los sentimientos que puedan tener sobre Malvinas. Mientras tanto, Belén, Tinogasta y Amaicha del Valle son nuevos hitos donde se reprime ferozmente a los argentinos de bien en nombre de un proyecto colonial. Como si ello fuese poco, los supuestos referentes políticos de los derechos humanos les aplican a los detenidos la Ley contra el Terrorismo… De esa manera, como en una voltereta trágica de la historia reciente, hemos vuelto a ser lo que fuimos bajo anteriores gobiernos, o sea que de nuevo somos ahora “terroristas”… Lo espantoso es que muchas de las víctimas de ayer son los nuevos represores o los que los alientan… que en el fondo es lo mismo, no golpearán ellos mismos, pero generan desde Carta Abierta y otros ámbitos más o menos académicos, los fundamentos discursivos de la represión y del control social… Pero, y de nuevo la improvisación, pareciera que de pronto, no todo está perdido. Los hombres de la Presidenta encuentran en Olavaria un minero dispuesto a denunciar a quienes en nombre del ambiente quieren dejar a los trabajadores sin empleo… El supuesto minero arguye ante las cámaras que un puñado de pseudoambientalistas, que bloquean la mina la Alumbrera, no son quienes para decidir sobre su derecho al trabajo y que, si las minas contaminaran tal como se dice, ellos no estarían trabajando en ellas… La Señora presidente rápidamente recoge el guante y aprovecha para lanzar una de sus consabidas monsergas acerca del crecimiento y de los derechos de todos y de todas… La comedia alcanza uno de sus picos de mayor éxito televisivo, mientras los diseñadores sociales contratados por el oficialismo, celebran exultantes sus éxitos mediáticos. Lamentablemente para ellos, a poco se sabe que el minero no es minero, sino un importante dirigente sindical, que es el referente del Partido Justicialista de Olavarría y que el lugar desde el que hablaba no era siquiera una mina sino apenas una calera… No importa, los diseñadores continúan pensando que el pueblo es estúpido y que tan solo el común, es capaz de retener algunas pocas frases y otras tantas imágenes. No importa que luego se descubra que el escenario era de cartón pintado, importan solo las primeras impresiones, dado que lo que después suceda se pierde en las confusiones de la indigencia generalizada….  Así vamos por la historia, despreciando a los perdedores, y a puro hacer negocios, con una oposición cada vez más y más entrampada, funcional  y hasta cómplice al proyecto de país colonizado. Con cientos de intelectuales sesentones que parecen haber reemplazado definitivamente la crítica que en otra época los caracterizaba, por sus altos sueldos actuales y la promesa de una jubilación de privilegio que, a breve plazo los redima de la vergüenza de tener que chupar las medias cada día, a la vez que ruegan que no los reemplacen los despiadados chicos de la Cámpora antes de que ello ocurra… Al menos tal como le acaba de pasar al ocurrente Martín García, a cargo de TELAM hasta hace un par de días, al que patada en el trasero de por medio, lo reemplazaron sin previo aviso por el verdadero autor del Néstornauta, por supuesto joven miembro de la Cámpora… Apenas un problema de patentamientos en medio de la estupidez reinante y del canibalismo de funcionarios que se lleva a cabo de manera sistemática… Escuchamos en Radio Nacional, otra variante de la alcahuetería preponderante en los medios, que la soja alcanzaría extensiones de 17 millones de hectáreas en el país y el periodista que maneja esa cifra y que entrevista al director de un hospital público, aconseja de manera delicada ante lo que es ya un genocidio declarado, que las autoridades se preocupen de las aplicaciones de tóxicos que las acompañan. Otras fuentes, mientras tanto, hace tiempo manejan la cifra mucho más real de 23 millones de hectáreas de soja, y la diferencia no es poca, inclusive en un país donde todas las cifras son sistemáticamente truchadas, y por lo que sabemos, la sojización no solo expande su frontera agrícola y la sequía por la que atravesamos prueba las consecuencias directas de la devastación ambiental que produce, sino que se nos informa además, que la sojización avanza sobre las islas del Ibicuy en el sur de la provincia de Entre Ríos. El delta entrerriano es un ecosistema sumamente frágil, un ecosistema de islas, que aparte de contener buena parte de los apiarios de toda la Argentina, refugiados allí de la sojización existente en el resto del país y de sus fumigaciones, muchísimo aporta como delta a la generación de agua potable de que se surte la población de Buenos Aires. Hasta hace un par de semanas esas islas estuvieron protegidas por una legislación provincial que prohibía el uso de agrotóxicos. El Gobernador Sergio Uribarri anuló ahora esa legislación, buscando añadir esos territorios al gran negocio de la agricultura de monocultivos, ya sean de soja, de arroz o de lo que fuere, que, como dicen estos progresistas signifique poder sumarlos a la producción de riqueza… con lo cuál dan torpemente por sentado que los otros servicios ambientales que cumplían no lo son… El intento de Uribarri apuntó probablemente a negocios más importantes y más devastadores probablemente que los de la minería, si bien debido a la rápida reacción de la población entrerriana, tuvo que dar marcha atrás con una legislación que proponía privatizar todas las tierras fiscales y las ponía a disposición de las grandes empresas de monocultivos.  Pero a nivel nacional y mediático, si bien sus intenciones no pasaron inadvertidas para los que permanecemos alertas, fue un escándalo más en medio de una situación de amenazas generalizadas en que Famatina, la lucha heroica de los pueblos contra la minería y la criminalización de la protesta con aplicación a los detenidos de la Ley contra el terrorismo,  supo ganar la atención del común de los argentinos.  Estamos a mediados de febrero de un año que amenaza con ser decisivo para el modelo kirchnerista de hacer setentismo corporativo, la Deuda Externa a la que no se menciona, continúa estando allí como siempre, en los mismos valores que nos dejara el menemismo pese a la incalculable entrada de divisas de la última década, llevándose cada año una buena parte de los esfuerzos de la población argentina. Los discursos progresistas no bastan ya para ocultar tantas mentiras y menos aún para ocultar lo que amenaza conocerse en lo porvenir como una década perdida. Sirven tan solo para aumentar los sentimientos de derrota y desaliento de los argentinos. Pueden continuar inaugurando cada obra tres o cuatro veces, pueden inaugurar lo que no se hizo ni jamás se hará más allá de colocar la piedra fundacional, pueden lograr enormes éxitos mediáticos a puro profesionalismo bien pagado, pero no se puede vivir siempre de circo y de milanesas de soja…  Nuestra relación con China es clara y lo es cada vez más: el noventa por ciento de lo que les exportamos son materias primas sin ningún valor agregado. Lo que de ellos importamos, el noventa por ciento son productos industriales. Evidentemente, estamos repitiendo en el siglo XXI la misma dependencia colonial que tuviéramos con la Gran Bretaña a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Con una situación aún más perversa todavía, aquellas dependencias aún se mantienen y lo prueban las actuales relaciones con las empresas mineras, muchas de las cuales son británicas u operan en las islas usurpadas, con absoluta impunidad y a pesar de los discursos…

Jorge Eduardo Rulli
http://horizontesur.com.ar/radio/
http://www.pararelmundo.com/

El influyente político que se hizo pasar por obrero

Habló con la Presidenta, que lo elogió por su defensa a la minería

Vestido como minero, Domínguez (de casco) acompañó a Boudou y a Eseverri, anteayer, en Olavarría. Foto: Télam

Ni el nombre era real. “Antonio”, el supuesto obrero bonaerense que anteayer fue elegido y elogiado por la Presidenta como ejemplo de “la implacable voz del pueblo” en favor de la minería, no existe.

El hombre, que repudió a los “pseudoambientalistas” y negó los riesgos de las explotaciones mineras, resultó ser un dirigente sindical de alto rango en la CGT y el PJ bonaerense, con vínculos políticos y gremiales en San Juan y, sobre todo, con “contactos y muy buena relación” con las compañías multinacionales que extraen oro y plata en la cordillera.

“Vos no sos ningún dirigente político, sos un trabajador que defiende su fuente de trabajo”, enfatizó la Presidenta anteayer, en la Casa Rosada, tras escuchar el testimonio de “Antonio”, el obrero que, de casco amarillo y ropa de trabajo, la sorprendió con un fuerte alegato en favor de la minería y en contra de los grupos ambientalistas y pobladores que, por estos días, fueron violentamente reprimidos en Catamarca.

El jueves, “Antonio” participó de la inauguración de un horno cementero en Olavarría, donde compartió escenario con el vicepresidente Amado Boudou y el intendente José Eseverri. El acto era encabezado desde la Casa Rosada por Cristina Kirchner, que no pudo ocultar su sorpresa y admiración cuando “Antonio” tomó el micrófono -aparentemente, fuera de cualquier libreto- y afirmó: “Somos nosotros los que conocemos mejor el trabajo. Somos más ambientalistas que los propios ambientalistas”.

“Vox pópuli, vox dei”, le dedicó la Presidenta al hombre que, dijo, no era un “político”, sino que expresaba “la lógica implacable del pueblo”.

Boudou lo presentó como “Antonio” y así lo siguió llamando Cristina Kirchner. Aunque el supuesto obrero intentó rectificar su nombre, ni él ni Boudou aclararon que, en realidad, “Antonio” era Armando César Domínguez, actual vicepresidente del PJ de Olavarría, representante de la línea ortodoxa del peronismo, secretario general de la seccional local de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y vocal primero del sindicato a nivel nacional.

Pero no sólo eso. En 2010, “Antonio” fue designado interventor del gremio minero en San Juan, ante la avanzada del sindicato rival OSMA, que integra la CTA, y que denunciaba accidentes de los trabajadores, amenazas políticas y daño ambiental.

“Antonio” se hizo cargo de la situación. Según el titular del gremio rebelde, José Leiva, en los 14 meses que Domínguez estuvo en San Juan apenas visitó en una vez la mina de Veladero. “Pero continuó los aprietes y juicios a 29 trabajadores, avalado por el juez federal Miguel Angel Gálvez”, agregó. El mismo magistrado otorgó a AOMA y la Barrick la cautelar que frenó la ley de glaciares.

Apenas llegó a San Juan, “Antonio” dejó en claro que no era un obrero cualquiera, como creyó la Presidenta. “Tengo contacto y muy buena relación con las grandes compañías”, le dijo al Diario de Cuyo, el 27 de mayo de 2010. Un año después, en Cuyo Minero , aceptó que había empresas que no respetaban “la salud del trabajador, su seguridad y su medio ambiente”.

“Es un tipo turbio, que llegó a desalojar pobres en un playón de Olavarría para concesionar un estacionamiento. Aquí hizo grandes negociados con la Barrick”, sostuvo Leiva, que, pese a las presiones, logró afiliar más obreros en la mina de Veladero que AOMA en todo San Juan. “Es un político que se olvidó de avisárselo a la Presidenta”, ironizó el concejal de la UCR de Olavarría, Franco Cominotto.

El intendente Eseverri evitó atender a LA NACION, que también llamó a Domínguez a su domicilio, al PJ y al gremio de AOMA. Los números sí existían. “Antonio” no contestó..

Este 8 y el 9 de febrero han sido sumamente agitados en los pueblos de Belén y Andalgalá .

La determinada decisión de la gente de dar pelea en defensa del agua  y contra el despojo de la minería a cielo abierto, ha dejado a la luz  un escenario que parece traído de la historia de los tiempos. Arrestos injustificados (ayer 35, ver video), apremios, amenazas, negación de paraderos de los detenidos, y como si algo faltara, aparecen las patotas pro mineras que se manejan con total impunidad, con zonas liberadas por la policía local.

Los hechos ocurridos no son menores. Anoche, sin ir mas lejos, un retén encabezado por Adán “Sauce” González, delegado de minería de Catamarca, y Giuliano Diamante, hotelero local, y otros proveedores de minera La Alumbrera conocidos como los hermanos Rojanos, bloquearon la entrada de la ciudad de Andalgalá. Ahí pudieron detener de manera violenta a un vehículo que se dirigía a Belén, en el que viajaban 4 personas, entre ellas una abogada que iba a asistir a los detenidos en la tarde de esa jornada. Fueron obligados a bajar, golpeados y forzados a regresar a la ciudad.

Estamos llegando a límites de los cuales quizá no se pueda retornar. Todos los que hemos participado en luchas sociales y ambientales, siempre hemos sabido que podíamos ser detenidos en algún momento. No nos parece justo, pero podía pasar. Pero siempre creimos que vendría de la mano de la Constitución que garantiza la democracia,  con garantías que todo ser humano debe tener. En Catamarca hoy, estas garantías se diluyen. En el video adjunto se ve claramente como detienen a gente que esta fuera de la ruta, sin entorpecer el transito ni cometer delito alguno.  Pero sin embargo, no se aplica la misma vara para las patotas pro minería, que deambulan con total libertad, de golpear y amedrentar a quienes se oponen a estos proyectos destructivos.

Protestar es un derecho. Oponerse a estos proyectos es una obligación, un compromiso con los que vendrán, y hasta con el mismo Creador.

Desde Fundavida, y a la distancia, queremos llevar nuestro acompañamiento y solidaridad a  estos defensores de la vida, y alertar mientras haya tiempo que estamos a solo un pequeño paso de que ocurran cosas peores. Ojala que no.

Gustavo@fundavida.org.ar

La Defensoría del Pueblo de la Nación afirmó que los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad, solicitó la implementación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras) e instó al Ministerio de Salud a tomar medidas “preventivas y eficaces”. “Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”, solicitó la Defensoría del Pueblo en su “Informe especial sobre agrotóxicos y discapacidad”, publicado tras siete meses de trabajo. El organismo aseguró que no funciona correctamente la Comisión Interministerial de Investigación de Agroquímicos (creada por la Presidenta en 2009) y cuestionó al Ministerio de Agricultura y al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que la comisión trabaja en forma “normal”, según el plan previsto.

“Las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de agroquímicos son la vía hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos y, en orden a ello, cobra relevancia el concepto de prevención”, asegura el informe de la Defensoría, y afirma: “(Los trabajos científicos citados) dan cuenta de observaciones sistemáticas, las que arrojan datos relacionados con malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos vinculados al uso de agroquímicos”.

Un apartado especial se dedica al principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente (25.675). Le Defensoría “demanda una urgente atención precautoria y preventiva para evitar el riesgo de daño a una población desfavorecida, o bien para impedir el curso del perjuicio”.

La Defensoría apunta a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (Conadis): “No indica haber desarrollado actividades relacionadas con la prevención primaria de la discapacidad”.

En enero de 2009, luego de un fallo del Poder Judicial de Córdoba respecto de las fumigaciones con glifosato y endosulfán en el barrio Ituzaingó de Córdoba, la Presidenta creó por decreto (21/2009) la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA). La Defensoría del Pueblo afirma: “Se verificó que las sesiones no se realizan con la regularidad impuesta. Lejos está esa comisión de cumplir, de modo sostenido en el tiempo, con la manda presidencial que los convocó para ‘la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten (a la población) con productos agroquímicos”.

En julio de 2011, el Senasa dictó la Resolución 511/2011, mediante la cual reconoció las consecuencias sanitarias del insecticida endosulfán y prohibió la importación del producto a partir de julio de 2012 y la formulación y uso a partir de julio de 2013. La Defensoría del Pueblo sostiene que “una vez comprobada la toxicidad del principio activo endosulfán y sus productos formulados, corresponde preguntarse si es posible otorgar con sensatez un permiso por dos años (más), con riesgo de generar un daño de la magnitud denunciada”.

También recuerda que la Defensoría recomendó al Ministerio de Agricultura (en noviembre de 2010) que modificara la metodología de clasificación de toxicidad de los agroquímicos (en la actualidad sólo se miden los efectos agudos, en el corto plazo).

Entre las conclusiones resalta que “la autoridad pública competente” deberá preservar a la población vulnerable de la fumigación sistemática, que “deberá frustrar la amenaza de daño, aplicando el principio precautorio, impidiendo la producción de la discapacidad en niños, niñas, jóvenes o adultos”. También insta a la “prevención primaria que abarca los supuestos donde la vinculación entre la discapacidad y el uso de agroquímicos es ostensible, es un tema de competencia de distintos organismos del Estado Nacional”.

La investigación, de 25 carillas, es la base probatoria para la Resolución 06/2012 de la Defensoría. En el primer artículo recomienda al ministro de Salud, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, que “ejecute de manera perentoria las acciones ordenadas en el decreto presidencial con el fin de propender a la prevención de la aparición de discapacidad”. El artículo dos se dirige a la Conadis: “Que realicen acciones inmediatas, enfocadas a la atención, asistencia y cuidados de las personas con discapacidad y de sus familias, afectadas como consecuencia del uso de agroquímicos”.

El informe lleva la firma de Cecilia Pazos, del área de Derechos Humanos, y Horacio Esber, director del área de Derechos Sociales. “Son siete meses de trabajo. Y nos convencimos de la relación agroquímicos-discapacidad con investigaciones científicas, encuentros con médicos y con casos concretos de familias de zonas fumigadas”, afirmó Pazos. Esber resumió: “Las consecuencias de los agroquímicos son profundamente graves y afectan a los más vulnerables. Es evidente que el Estado debe ocuparse y se impone aplicar el principio precautorio. No se puede perder más tiempo”.

Las principales víctimas de los proyectos agroindustriales que se están implementando y anunciando a futuro en la región litoral son pueblos originarios, los que viven en mayor dependencia de la naturaleza y a la vez sometidos culturalmente por quienes los han invadido y saqueado en los últimos cinco siglos

Drástica disminución de la selva e irrespeto a los títulos de propiedad que poseen otorgados oportunamente por las autoridades en la década del cuarenta en el siglo pasado cuando nadie soñaba estas tierras tendrían valor mercantil por el avance del consumismo desenfrenado de la actualidad.

Poco a poco van tomando nota de las leyes de los dominadores y tomando contacto con los marginados del sistema, que en el noreste del país son mayoría.

Mayorías marginadas por esquemas feudales de estructura social que todavía se resisten a ser reemplazados por formas democráticas y participativas que apunten a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Baste mencionar que el terrible record nacional de mortalidad infantil en el primer año de vida lo tiene la provincia de Formosa y segunda a pasitos nomás esta Corrientes.

Pero todos los postergados de la región han encontrado un punto en común que la vez los rebela y los congrega: el amor a la naturaleza regional.

Por esta razón, apenas iniciada la convocatoria para el Primer Encuentro Regional por la Naturaleza y los Acuíferos que se realizará el próximo 25 de febrero en la capital correntina en la sede de la Asamblea Ciudadana de Corrientes tuvo como respuesta destacable la incorporación de los pueblos originarios de la región, los Mbya Guaraní, Qom, Wichi, Pilagá, Moqoit, que a través de sus organizaciones se suman a la convocatoria.

Asimismo el gremio más importante y combativo del noreste ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado del litoral también dirá presente en el encuentro

-Foro de Pueblos Indígenas del NEA (Mbya Guaraní, Qom, Wichi, Pilagá, Moqoit)

-Foro Campesino del NEA (Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa)

-Asociación Trabajadores del Estado – Región del Litoral Argentino

-Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios

A medida que pasan los días y se acerca la fecha del encuentro las expectativas aumentan anticipando que será un encuentro de importancia capital para la defensa de la naturaleza regional.