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EL PUEBLO NO DEBE SABER (TABARÉ VÁZQUEZ)

Ratificando que los términos del acuerdo del Frente Amplio con la neocolonial UPM (BOTNIA) son escandalosos, el gobierno de Tabaré Vázquez declara secreto el precontrato en conocimiento que de hacerse público sería resistido por todo el pueblo uruguayo.

Gobierno declaró confidencial información sobre negociación con UPM

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Allí quedaron comprendidos los datos sobre cómo se calcularon los puestos de trabajo y el incremento del PBI que generaría la nueva planta.

FUENTE: ecos.uy

El Poder Ejecutivo definió que todos los documentos relativos a la negociación entre el Estado y la multinacional UPM sobre la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en Uruguay son “confidenciales”. Bajo esa categoría también están comprendidos los datos relacionados a los puestos de trabajo y el incremento de PIB que generará en la zona en donde, eventualmente, estará emplazada.

Así lo anunciaron las autoridades en la respuesta a un pedido de informes que el Centro de Accesos y Archivo a la Información Pública (CAinfo) realizó a esos efectos.

En el contrato que firmó el gobierno con la multinacional, el punto 2.3.3 hace referencia a que el proyecto de UPM “incrementaría en forma permanente el PIB en dos puntos porcentuales y generaría nuevas exportaciones agroindustriales en el entorno de los US$ 1.000 millones anuales, con una recaudación de tributos aproximada de US$ 120 millones”.

Lo que hizo el gobierno, a través del Ministerio de Economía, es contestar en base a cálculos de carácter público. Según CAinfo, la cartera brindó una respuesta de carácter tautológico: “como el contrato dice que la planta producirá dos millones de toneladas, entonces exportará US$ 1.000 millones. Entonces, US$ 1.000 millones equivalen a dos puntos del producto”.

El centro consideró difícil de comprender por qué Economía pueda explicar la producción de la planta, sus exportaciones y el crecimiento del PIB a escala global, pero no puede hacerlo, y declara confidencial un estudio que lo fundamenta, la cantidad de empleo que generará la planta, el incremento en la recaudación de tributos, los empleos permanentes generados y el crecimiento del producto en los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó.

“Esta opacidad puede generar dudas legítimas en la ciudadanía”, apuntó CAinfo. Por ejemplo, quién realizó el estudio, si estuvo a cargo de una consultora privada y si fue pagado por UPM o por el Estado. También si fue realizado por técnicos estatales, si hubo otro realizado por la empresa y si se utilizaron los datos de uno solo de ellos.

“Creemos que estas preguntas debenn ser contestadas por el Estado y, además, deben ser documentados por el o los estudios realizados para la negociación”, sostuvo el centro.

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