Allí quedaron comprendidos los datos sobre cómo se calcularon los puestos de trabajo y el incremento del PBI que generaría la nueva planta.

FUENTE: ecos.uy

El Poder Ejecutivo definió que todos los documentos relativos a la negociación entre el Estado y la multinacional UPM sobre la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en Uruguay son «confidenciales». Bajo esa categoría también están comprendidos los datos relacionados a los puestos de trabajo y el incremento de PIB que generará en la zona en donde, eventualmente, estará emplazada.

Así lo anunciaron las autoridades en la respuesta a un pedido de informes que el Centro de Accesos y Archivo a la Información Pública (CAinfo) realizó a esos efectos.

En el contrato que firmó el gobierno con la multinacional, el punto 2.3.3 hace referencia a que el proyecto de UPM «incrementaría en forma permanente el PIB en dos puntos porcentuales y generaría nuevas exportaciones agroindustriales en el entorno de los US$ 1.000 millones anuales, con una recaudación de tributos aproximada de US$ 120 millones».

Lo que hizo el gobierno, a través del Ministerio de Economía, es contestar en base a cálculos de carácter público. Según CAinfo, la cartera brindó una respuesta de carácter tautológico: «como el contrato dice que la planta producirá dos millones de toneladas, entonces exportará US$ 1.000 millones. Entonces, US$ 1.000 millones equivalen a dos puntos del producto».

El centro consideró difícil de comprender por qué Economía pueda explicar la producción de la planta, sus exportaciones y el crecimiento del PIB a escala global, pero no puede hacerlo, y declara confidencial un estudio que lo fundamenta, la cantidad de empleo que generará la planta, el incremento en la recaudación de tributos, los empleos permanentes generados y el crecimiento del producto en los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó.

«Esta opacidad puede generar dudas legítimas en la ciudadanía», apuntó CAinfo. Por ejemplo, quién realizó el estudio, si estuvo a cargo de una consultora privada y si fue pagado por UPM o por el Estado. También si fue realizado por técnicos estatales, si hubo otro realizado por la empresa y si se utilizaron los datos de uno solo de ellos.

«Creemos que estas preguntas debenn ser contestadas por el Estado y, además, deben ser documentados por el o los estudios realizados para la negociación», sostuvo el centro.