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EL MINISTERIO DE AMBIENTE DETRÁS DEL ASESINATO DE NAHUEL

La denuncia que culminó con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel fue realizada por Parques Nacionales, organismo que depende del rabino Bergman

Parques Nacionales: CEO y abogados de genocidas al servicio de los terratenientes

Un grupo de empresarios, socios de defensores de genocidas y emprendedores inmobiliarios dirige Parques Nacionales. De allí salió la denuncia contra la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul.

FUENTE: laizquierdadiario.com /Gloria Pagés

arton91012-22fd8Foto: Mauricio Macri y Eugenio Bréard (a su derecha), presidente de Parques Nacionales.
 La denuncia de “usurpación” de terrenos en la zona del Lago Mascardi, que desató la salvaje cacería en la que fue fusilado Rafael Nahuel, fue realizada por la dirección de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, al mando de Sergio Bergman. No la hizo, como podría suponerse, un terrateniente de los grandes poderosos que hay en la Patagonia, tal como Bennetton o Joe Lewis, por nombrar los más conocidos. Recordemos que Lewis, uno de los principales saqueadores, es nada menos que amigo personal del presidente Macri.
Los terrenos ancestrales que la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu recuperó el pasado 14 de septiembre en la zona del Lago Mascardi, tienen, además de una belleza imponente, un valor inmobiliario incalculable. Luis Pilquiman, responsable zonal de la Coordinadora del Parlamento Mapuche denunció que “lo que hay detrás son intereses inmobiliarios, constantemente se le están cediendo tierras a privados”. Además, varios sectores que están bajo la órbita de Parques Nacionales son explotados como emprendimientos turísticos y comerciales.
Claro que el despojo a los pueblos originarios no comenzó con el gobierno de Macri. Sin embargo, la respuesta armada por parte del Estado es un salto de extrema gravedad y un avance contra las libertades democráticas más elementales.
La acción conjunta en la que intervinieron cinco fuerzas de seguridad –Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Policía de Río Negro– fue una brutal cacería contra 50 familias que venían de un proceso de recuperación territorial.
La salvaje represión se dio a solo dos días de que, mediante del decreto 950/2017, el Poder Ejecutivo promulgara la ley 26.160, que suspende por cuatro años los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias, hasta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluya el relevamiento de territorios de esas comunidades.
La denuncia por el presunto delito de usurpación se inició el 10 de noviembre ante la denuncia de la Administración de Parques Nacionales. Como consta en la web de Parques Nacionales, el directorio es un festival de ex CEO, abogados de estudios que defienden a grandes empresas y socios de genocidas; además, claro, de emprendedores inmobiliarios, bien a tono con la expoliación que la oligarquía terrateniente lleva adelante hace decenas de años y que este gobierno busca profundizar a los tiros.

Parques Nacionales (¿Sociedad Anónima?)

La preservación del medio ambiente, bien gracias. Parece más bien una asociación para lotear los terrenos y hacer emprendimientos turísticos. Para este proyecto, los integrantes de la comunidad mapuche son un obstáculo.
Veamos quienes son los integrantes del directorio, porque trágicamente la realidad supera la ficción. Pero digamos antes que todos ellos (ya de por sí millonarios) a mediados de este año, no tuvieron el menor empacho en auto otorgarse sobresueldos descomunales mediante el aumento y manejo discrecional de las Unidades Retributivas que conforman el mísero salario de la inmensa mayoría de los empleados del Estado.
El Presidente del Directorio es Eugenio Bréard. En su trayectoria dedicada a los negocios, muchos de ellos inmobiliarios, no hay nada relacionado con la cuestión ambiental, como se podría pretender para su cargo.
Se destaca que “cumplió funciones en la empresa Philip Morris Internacional durante 25 años, en donde se desempeñó como Director de Marketing, Gerente General y Vicepresidente de la filial argentina. Desde 2008 alternó entre la Presidencia y la Vicepresidencia de la Corporación Antiguo Puerto Madero.” En criollo, gerencia un millonario negocio por el cual en noviembre de 1989, bajo el menemismo, el Estado entregó la propiedad de los terrenos de Puerto Madero (que tenían jurisdicciones superpuestas entre la Administración General de Puertos, la empresa Ferrocarriles Argentinos y la Junta Nacional de Granos, entre otras) a la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Solo el vicepresidente de Parques Nacionales tiene alguna experiencia en “materia ambiental”: se trata de Emiliano Ezcurra, que en 2006 fue nombrado Director de Campañas de Greenpeace Argentina y en 2008 creó la Fundación Banco de Bosques, muy promocionada por el Grupo Clarín y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Negocios y ambiente también es un combo que da mucho rédito.
Cada ministerio que interviene en Parques Nacionales designa un vocal. Así es como Turismo nombró al licenciado en Administración de Empresas de la UCA Roberto Brea, que viene de ser directivo en Grupo Inmobiliario Ayres, con millonarios emprendimientos en la zona de Pilar; además, desde 2015 es presidente de Laboratorios Andrómaco. No parece, por su currículum, muy preocupado por la situación de despojo que viven los pueblos originarios ni por los territorios ancestrales.
La cartera de Ambiente nombró a Pablo Galli, ex presidente de la Asociación Argentina de Marketing. Egresado de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), durante diez años se desempeñó en PepsiCola Internacional, primero como Director de Marketing en Argentina y después como CEO en Uruguay y Chile. Posteriormente fue CEO de Telefe S.A., Canal 9 y Capital Intelectual S.A. Es miembro del Consejo Académico del Posgrado de Marketing de la Universidad de San Andrés, además de Managing Partner de Newlink Group en Argentina, “empresa dedicada a la consultoría estratégica y comunicaciones en América Latina con fuerte énfasis en las industrias de Turismo, Tecnología, Finanzas y Alimentación”.
El Ministerio de Defensa designó al arquitecto Gerardo Bianchi, el único que “se graduó en la Universidad de Buenos Aires como Arquitecto”. Arranca su gestión en la dictadura (1980) y se retira en 1992 para ir un corto tiempo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, para luego dedicarse a la actividad privada. Desde ATE denunciaron que tuvo que alejarse por haber realizado maniobras fraudulentas.
La frutilla del postre es quien fuera el vocal designado por el Ministerio de Interior hasta hace meses nomas, Mariano Florencio Grondona. El hijo del matrimonio Grondona Lynch no solo pertenece a una de las familias argentinas de terratenientes más acaudaladas del país sino que fue beneficiario de ventas de terrenos a precios rebajados a decenas de propietarios de Barrio Parque, a través de un negociado encabezado por el hermano de Mauricio Macri, Gianfranco Macri. Graduado de la UCA, el hijo del periodista es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina y también socio fundador del Estudio de abogados Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (primogénito del ministro de Economía de la dictadura genocida), estudio que se dedica a defender los intereses de empresas extranjeras en el país.
La web de Parques Nacionales señala erróneamente que Grondona es “socio del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”, entidad gremial de los abogados de la Ciudad. Cuando en realidad es el socio número 4089 del “Colegio de Abogados de la Capital”. No es inocente el equívoco. La entidad de la que son socios los Grondona padre e hijo es una agrupación de abogados ultra reaccionarios en la que, entre otras gestiones, algunos de sus miembros se dedican a la defensa de genocidas, uno de cuyos titulares es Pedro Eugenio Aramburu hijo y entre los socios encontramos a José Alfredo Martínez de Hoz.
Otro de sus compañeros en ese Colegio es nada menos que Pablo Noceti, el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, responsable de la represión en la que Santiago Maldonado fue desaparecido y muerto. Y también de la cacería en la que Prefectura asesinó a Rafael Nahuel. En su defensa, en agosto de 2017, la entidad declaraba que “el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresa su absoluto desacuerdo y rechazo respecto de aquellas manifestaciones (…) que recriminan la actividad profesional que ejerciera el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, con anterioridad a su función pública, por haber asumido en el libre ejercicio de la profesión de abogado la defensa judicial de militares imputados de haber cometido delitos de lesa humanidad y a otros clientes”.
No puede sorprender entonces que haya sido de Parques Nacionales, con estos integrantes dignos de la oligarquía más rancia, de donde salió la denuncia contra los miembros de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. Serviciales, el Poder Judicial, el gobierno y sus fuerzas de seguridad desataron la cacería mortal.

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