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El bochorno de UPM 2

En uruguay crece el escándalo por la suma de irregularidades que se van acumulando a medida que calificados analistas estudian el irregular contrato firmado por el gobierno frenteamplista con la empresa UPM (BOTNIA). El cúmulo de irregularidades detectadas se acrecienta a medida que distintos expertos lo estudian. Incluso por primera vez en la historia del país un jurista a denunciado por coecho a Tabaré,  Vazquez actual presidente de la república, situación inédita en la vida institucional del vecino país

 

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La pasta de celulosa no es transparente.

Es un hecho, la pasta de celulosa obstruye el pasaje de la luz solar, los bloques de pasta de celulosa son lo que en las clases de física de tercer año de secundaria denominábamos cuerpos opacos que cuando son iluminados naturalmente, generan sombras.

No hace un año en este mismo medio publiqué una columna denominada “Tero – Tero…. UPM – UPM” donde mostraba las diferencias entre lo que se decía y lo que no de algunos temas relacionados con la posibilidad de se instale en nuestro país una nueva Zona Franca Celulósica.(1)

Dos hechos significativos sucedieron desde entonces, en primer lugar se confeccionó un documento entre nuestro gobierno y la empresa UPM, el que fue firmado por parte de Uruguay por funcionarios sin potestad ni autorización escrita para comprometer al país; específicamente, el secretario del presidente, el prosecretario y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia.

En segundo lugar, la empresa UPM presentó y le fue aprobada en tiempo record, atendiendo a la complejidad del emprendimiento propuesto, su Validación Ambiental de Localización (VAL) que define la ubicación de la posible nueva planta y algunos de sus parámetros de operación.

En el primero de los casos, sobre el documento firmado, que incluye más de 100 veces la palabra “contrato” en sus 91 páginas, se ha dicho que no compromete al Uruguay y que ambas partes pueden rescindirlo (2), siendo lo segundo cierto, porque así lo establece el documento en su punto 8.2.1. Sin perjuicio de ello, ese documento que está disponible en la web (3) prevé igualmente la intervención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en caso de controversias.

Eso es porque el citado documento incluye numerosas cláusulas con obligaciones y limitaciones para Uruguay cuyo “gatillo” es la Decisión Final de Inversión (DFI) por parte de UPM. Si eso se diera, a modo de ejemplo, el documento fija el precio que UPM pagará por el transporte de celulosa desde su planta al puerto de Montevideo y si se intentara modificarlo podría propiciarse la intervención de la CIADI. Lo mismo podría suceder si Uruguay no cumpliera con brindar conectividad a Internet como mínimo con tecnología LTE al área de operaciones forestales, incluso fuera del sistema de localidades (Punto 3.9.2 d del contrato) o no estableciera de alguna forma un flujo mínimo en el Río Negro (Punto 3.7.2 del contrato), independiente de las condiciones hidrológicas de la cuenca

El segundo hito culminó el 13 de abril cuando la DINAMA aprobó sin más trámite, ni solicitud alguna de ampliación de información a la empresa, la VAL presentada el 27 de febrero. En la nota de aceptación de poco más de una carilla se acepta la localización propuesta por la empresa en una zona hasta entonces caracterizada como suelo “rural” e incluso parcialmente como suelo “rural natural”, cuya caracterización fue cambiada de manera Express por la Intendencia de Durazno a suelo “Suburbano”, sin seguir para ello los procedimientos establecidos a tales efectos en el Artículo 34 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Ley 18308) aprobada en 2008.

La aprobación por parte de la DINAMA de la VAL disparó como era de esperarse reacciones de alegría, casi podría decir de euforia por parte de UPM, que en un mismo día realizó conferencias de prensa en Montevideo y en Paso de los Toros expresando su satisfacción por el avance de su proyecto celulósico.

Conviene recordar que el sector de la Celulosa es una de las seis líneas de negocio que UPM maneja a nivel global y la más rentable. Este sector, que representa solo del 25% de su facturación le proporciona a UPM más del 50% de sus ganancias.

De acuerdo con el informe a los accionistas del primer trimestre del año (4) El sector facturó 668 millones de Euros en los primeros 90 días de 2018 obteniendo ganancias por 196 millones, por lejos el mejor negocio de UPM en el mundo, con ganancias de unos dos y medio millones de dólares díarios.

Si bien los representantes de la empresa se negaron a proporcionar los datos del valor de sus ventas desde Uruguay, atendiendo la capacidad de la planta y el precio de la celulosa disponible en prensa (5) se puede calcular para el primer trimestre de 2018 una facturación desde Uruguay superior a los 200 millones de Euros, 30% del total del sector para UPM, y una participación en las ganancias superior a ese porcentaje, dadas las especiales condiciones de la producción en Zona Franca exonerada de todo impuesto o tributo.

Con una ganancia neta estimada muy cercana o incluso por encima del millón de dólares diarios de su planta en Uruguay, no es de extrañar la alegría de los representantes de UPM ante la buena noticia de la aprobación de su VAL a la que me refería anteriormente.

Está claro entonces que la producción de celulosa en zona franca es hoy una actividad altamente rentable para UPM. Sobre ello no queda más que felicitar a su directorio y cuerpo gerencial que ha logrado un excelente resultado para sus accionistas, justamente el objetivo de toda empresa.

Coincidentemente se desató desde el gobierno nacional una campaña de propaganda a favor de la nueva instalación de la empresa, campaña que involucra a varios ministerios con publicaciones (6), conferencias y declaraciones públicas que buscan justificar la firma del contrato y la aprobación “express” de la primera parte de su habilitación ambiental , procurando con su cacofónica y repetitiva comunicación evitar y silenciar cualquier discusión. Cualquier parecido con la operativa de algún ministro de propaganda alemán de la década del 30 no es seguramente pura coincidencia.

Cabe destacar en este punto la actitud prescindente del sistema político en general, especialmente la de algunos de los integrantes del poder legislativo, que mientras se quejaban de no conocer la negociación ni las condiciones impuestas por la empresa; ya se expresaban apoyando su instalación en una actitud casi irracional y difícil de entender.

Después de la firma del documento con UPM, en el poder legislativo se aceptaron los números que presentaron miembros del poder ejecutivo en el parlamento sin que uno solo de sus miembros solicitara conocer los estudios que llevaron a esos resultados por parte del gobierno, esos estudios que ahora se declaran confidenciales. (7)

Esa confidencialidad evidentemente no alcanza a los supuestos resultados de esos estudios, los que además de ser presentados al parlamento son ampliamente difundidos por miembros del gobierno devenidos en voceros y propagandistas del proyecto.

Coincidentemente, esos resultados son idénticos a los que presentan los estudios realizados para UPM por CPA Ferrere, los que incluso tienen un lugar destacado en la web de la Presidencia de la República (8)

Es una coincidencia increíble, cuando en conversaciones con los responsables de la consultora, amablemente se nos explicó que en los cálculos la empresa aplica suposiciones como puede ser en la forma de asignar un empleo indirecto o inducido a la cuenta de UPM. Véase que en esa cuenta se asigna un porcentaje de empleo para UPM, por ejemplo, al empleado de una gomería que emparcha la cámara de un camión que transporta madera para ser exportada a la planta de UPM o del pistero de una estación de combustible que le llena el tanque a ese camión.

Que en estas circunstancias los números de los estudios confidenciales del gobierno coincidan con de los que contrató UPM a CPA Ferrere es asombroso.

Igualmente, no es la primera vez que sucede que estudios de consultoras privadas encargados por partes interesadas cuentan en su presentación con la presencia y aprobación implícita de ministros u otros jerarcas del gobierno (9) sin que se presenten otros datos oficiales sobre esos temas.

La pasta de celulosa no es transparente, el gobierno de todos los uruguayos, especialmente cuando se embarca en decisiones mucho más allá de su período, debiera serlo.

Si todos los estudios del gobierno son tan positivos como los que encargó UPM, entonces no debiera haber ningún problema en presentarlos ahora que la negociación del “contrato” ha finalizado, a fin de que puedan ser revisados y discutidos abiertamente un tema que implica destinar cientos de millones de dólares que el país no tiene a propiciar la instalación de otra zona franca celulósica. El momento es ahora. Después de que UPM tome, si llega a hacerlo, su decisión final de inversión ya será tarde.

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