Hace un par de semanas nos ilusionábamos con la orden judicial que ordenaba la liberación del secreto y confidencialidad del contrato firmado entre nuestra petrolera YPF y la estadounidense Chevron.

Fundavida

Parecía que los planetas se alineaban en orden al interés de los ciudadanos comunes: la justicia decidió que se hiciese público dicho convenio, el gobierno nacional vía la OA –Oficina Anticorrupción- a través de su titular Laura Alonso también lo hizo: “Tomemos dimensión de la importancia del fallo de la Corte sobre YPF-Chevron. Caen las caretas de la hipocresía K “se inflamaba la funcionaria.

Luego todos recularon, el gobierno resolvió no cumplir la orden judicial, la patética funcionaria sin un atisbo de vergüenza dijo: Cambié mi posición porque antes no tenía la suficiente información. ……. Les pido muchas disculpas a todos públicamente”, la justicia permaneció inmutable ante el incumplimiento de su dictamen y a nadie se le cayó una pestaña.

Entonces emprendimos una doble tarea, primero averiguar qué es lo que dicen las ‘cláusulas secretas del convenio’ y segundo averiguar por qué estas empresas tienen más fuerza que nuestra justicia.

Y lo logramos, aquí van los hallazgos:

Una fuente inobjetable nos informó que las cláusulas secretas más significativas establecen que:

• Las Leyes aplicables en caso de incumplimiento o de eventuales disputas, serán las de la Ciudad de Nueva York y no las de Argentina.
• La resolución de conflictos: en caso de controversias, no será en tribunales argentinos sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Francia.
• YPF depositará u$s100 millones en un banco de los EE.UU. en concepto de “garantía” a Chevron donde ésta podrá, cobrarse cuando lo desee parte de las utilidades del negocio.

Todavía más vergonzante, si Chevron pierde interés podrá:

• Retirarse de Vaca Muerta sin penalización alguna.
• Continuar recibiendo regalías vitalicias de todos aquellos pozos que alcanzó a poner en marcha antes de su retirada.

Y la más escandalosa de todas: Chevron no pagará ningún “costo ambiental” que pudiera generarse producto de la actividad que lleva a cabo la compañía yanqui en la Patagonia, haciéndose YPF responsables de estas eventualidades.   (Recordemos que Chevron fue condenada a pagar a Ecuador U$S 19.000 millones por daños ambientales que la empresa nunca efectivizó y además que viene aquí a explotar yacimientos por el método de fractura hidráulica –fracking- que en todas partes ha ocasionado y lo sigue haciendo catástrofes ambientales)

Por su parte el New York Times (NYT) informó que la petrolera estadounidense quedará protegida de las pérdidas financieras que pudiera sufrir ante cambios en las políticas locales.

Con la información obtenida resolvimos nuestra primera inquietud, averiguar cuáles son las clausulas secretas; la segunda respuesta también creemos haberla encontrado pero su revelación es de tal abrumadora que nos sumerge en un mar de incertidumbre acerca de si realmente somos una nación soberana o solo somos una republiqueta de tercera categoría cuyos ciudadanos carecen del resguardo y de la seguridad jurídica que garanticen sus derechos.

La respuesta es no, aunque nos cueste aceptarlo.

Este contrato no se da a conocer públicamente porque de hacerse ocasionaría un escándalo político enorme por el abandono de soberanía que significa y sobre todo por el costo político para quienes lo firmaron y también para quienes aceptan hoy que siga oculto.

Y este vergonzante modelo no es aislado ni exclusivo de esta empresa y este caso; en realidad se trata de una matriz que aplican las grandes multinacionales cuando negocian sus contratos con países como el nuestro con dirigencias frágiles de registro patriótico y de bolsillo.         Sería impensable que José de San Martín o José Gervasio Artigas hubiesen admitido un renunciamiento soberano como lo hacen estos dirigentes que apelan al secreto para no tener que asumir públicamente sus agachadas y miserias personales.

Tampoco es exclusivo de la actividad petrolera, de hecho son calcados de los que se firman para los grandes proyectos mineros o los que nos impusieron el modelo de agricultura industrial que está arrasando nuestra fertilidad y envenenando nuestra naturaleza.

Ni tampoco de nuestro país, porque así son los modelos de convenios firmó Uruguay para instalar las plantas de celulosa que están saqueando la economía y los recursos de nuestros vecinos.

En síntesis, entregan nuestra soberanía y nuestros recursos y lo hacen en secreto para que no nos enteremos.

Pero siempre de algún modo nos enteramos, la gran pregunta es: ¿Qué haremos?