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Colaboraciones
Energía a partir del viento
Entró en operaciones comerciales el lunes el parque eólico Rawson (PER), instalado por la empresa argentina Emgasud en la localidad chubutense homónima, en la que destinó una inversión de 144,3 millones de dólares. El parque tiene una potencia instalada de 80 MW (megavatios) y superó exitosamente el período de prueba de los aerogeneradores.
Por Fundavida (Colaboración)
La compañía administradora del mercado mayorista eléctrico (Cammesa) ya habilitó el despacho de la energía que genera el primer módulo, de 50 MW, y en los próximos días hará lo propio con los 30 MW restantes.
Con esta incorporación, el sistema argentino de interconexión (Sadi) podrá transportar anualmente 300 GWh de energía limpia, equivalente al consumo de 100.000 hogares, a cualquier rincón del país, precisó a Télam un vocero de la empresa.
El parque eólico Rawson también permitirá un ahorro de 85 millones de metros cúbicos de gas natural y la reducción de 150.000 toneladas de gases de efecto invernadero.
Al margen de este emplazamiento, Emgasud comenzó también en Chubut las obras para instalar el Parque Eólico Madryn, en proximidades de la ciudad homónima.
Allí, en una superficie de 6.500 hectáreas se montarán 119 aerogeneradores de iguales características a los instalados en el PER, que posibilitarán alcanzar 220 MW de potencia instalada.
En este desarrollo, la compañía tiene previsto invertir 510.000.000 de dólares.
Qué veinte años no es nada
Los conflictos ambientales por el choque de los intereses económicos de las empresas con el derecho a la salud de las personas se irán multiplicando en la medida en que las empresas se movilizan detrás del afán de lucro como un objetivo excluyente prescindiendo de los daños que ocasionan a su entorno, como ha ocurrido hasta el presente.
Por Fundavida (Colaboración)
Externalidades negativas, así denominan estas afectaciones, como si fueran inevitables y ajenas a la responsabilidad de las emisoras. El caso BOTNIA es esclarecedor, los costos industriales de la pastera finlandesa no incluyen la utilización de más de cien millones de litros de agua diarios del río Uruguay ni tampoco las consecuencias de los 20.000.000 de M3 de emanaciones gaseosas con las que contaminan diariamente la región, ni mucho menos las consecuencias flagrantes y evidentes como es el caso de Fray Bentos, donde periódicamente se siente el olor nauseabundo típico de las plantas de celulosa y los responsables de la pastera ponen cara de póker y afirman cínicamente no saber cuál es la causa del flagelo.
Los empresarios, en su afán de maximizar beneficios se resisten a hacerse cargo de estos costos y actúan como si no tuvieran nada que ver con estos daños y mucho menos con las enfermedades sobre seres humanos que son impactados por estas emisiones contaminantes.
La estrategia que utilizan para desentenderse es muy similar en la mayoría de los casos, en primer lugar la política de hechos consumados, o sea actuar de prepo, sin tener en cuenta las afectaciones y una vez ocasionadas estas, desentenderse de las consecuencias. Otro componente que está presente en la mayoría de los casos es tirarles a los damnificados, además del peso de la contaminación el costo de las soluciones, como si la culpa de los insucesos fuera de las víctimas y no de los victimarios.
Otro componente infaltable es la repentina preocupación por la fuente de empleo, utilizando los trabajadores de las empresas como ariete contra los damnificados, haciendo terrorismo social, manipulando la angustia de quedarse sin trabajo natural de las personas, oponiéndola a los vecinos, como si estos, una vez más fueran los responsables y no las víctimas.
L os vecinos de la Cooperativa Arrocera vienen luchando por décadas contra las externalidades negativas de la empresa, y ésta a pesar de los pedidos, denuncias e intimaciones municipales, ha seguido aumentando su operatoria en el lugar, sin considerar, en los hechos, seriamente su traslado.
Para concretarlo deberán invertir y también es lógico que tengan que financiarse para el traslado, pero este es un problema de la Cooperativa no de los vecinos o de la municipalidad.
De hecho las autoridades del BICE –Banco de Inversión y Comercio Exterior- recientemente han anunciado que disponen líneas de crédito para estos fines a tasa de interés subsidiada, pero obviamente este trámite lo tiene que hacer la Arrocera, no el intendente Bahillo o los vecinos.
Un comunicado reciente de la empresa incurre en argumentos capciosos por ejemplo cuando menciona: “si analizamos los considerandos que determinaron el traslado inminente”. “el hecho de determinar el traslado en un corto plazo de tan compleja e importante estructura, hace que se complique aun más la posibilidad de que se concrete”. El reclamo ya tiene 20 años, así que de ningún modo, salvo que se lo haga maliciosamente, se puede hablar de inminente o corto plazo.
Tampoco las cifras que menciona el comunicado son invalidantes: “el traslado del molino arrocero, requiere un transformador de 900kwa, que sumado a la obra civil, significa una inversión de 250 mil pesos”. Convengamos que esta cifra de ningún modo es inaccesible para la Cooperativa, de hecho y solo a modo de ejemplo, vemos que en el predio que tiene en la R14, frente al PIG, acaba de construir un enorme galpón-silo, entre otras inversiones, cuya concreción significó más de dos millones de pesos.
El tema no da para más, la Arrocera ya no puede hablar seriamente de dilatar su traslado, ha tenido más de veinte años para resolverlo, planificarlo, conseguir los fondos y ejecutarlo, sin embargo cada vez que es intimada, comienza la historia como si nunca se hubiera hablado del tema.
El problema ya es demasiado viejo y no es responsabilidad de los vecinos ni de la Municipalidad, de ahora en adelante ya no hay más espacio para chicanas dilatorias o excusas insostenibles.
La Cooperativa Arrocera deberá actuar responsablemente y con la celeridad que exige la circunstancia, en su defecto tendrá que hablar la Justicia, aunque este escenario debería ser evitado.
Grageas ambientales
Hace pocos años, Uruguay no autorizó la instalación en Fray Bentos de la empresa de capitales españoles ENCE, porque junto con BOTNIA producirían 1.400.000 TM (BOTNIA 1.000.000, ENCE 400.000) y las autoridades charrúas consideraban que era demasiada contaminación para un solo punto geográfico. Sin embargo ahora hacen la vista gorda frente a la producción de esa cantidad por la empresa finlandesa, aún sabiendo que viola una vez más el Tratado del Río Uruguay.
A pesar de la profusa difusión periodística del Plan de Monitoreo Ambiental anunciado unas semanas atrás por las autoridades pertinentes, nada se sabe de la efectivización de los pasos concretos para su realización.
A pesar de su anunciado retiro de la política Tabaré Vázquez continúa recorriendo caminos en campaña proselitista, esta vez ha comenzado a promoverse como futuro Secretario General de la OEA, Organización de Estados Americanos, cargo para el que contaría con el beneplácito de EEUU.
