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Sábado 30 de abril de 2011
Por Nahuel Maciel
Cuando la tierra es materia de especulación y es también motivo de soberanía nacional
30/04/11 |La Argentina es el octavo país más grande del mundo con 2.766.890 kilómetros cuadrados. Y a la extensión de su territorio hay que sumarle que goza de los cuatro climas y un amplio espectro de recursos naturales que hay que leerlo en clave de inconmensurables riquezas económicas.
Si a la extensión territorial, a la bondad de su clima, a la diversidad de sus recursos naturales se le agrega una ubicación geográfica estratégica y paisajes bellos (que también generan riquezas inconmensurables), entonces será más fácil de comprender por qué hay que tener un estricto orden territorial y especialmente férreos límites a la extranjerización de la tierra. ¿Por qué se ha dado la extranjerización y concentración de la tierra? La respuesta no sólo hay que buscarla por los activos ya enunciados sino esencialmente porque en la historia del Estado nacional y en las provincias y municipios ha prevalecido el desorden territorial. Además, para que nadie sospeche que se trata de un fenómeno reciente, la extranjerización de la tierra se ha venido produciendo –a veces con excepciones a la ley y siempre de manera solapada- desde el fondo de la propia historia nacional. No es casualidad que el latifundio haya sido el padre de la extranjerización del territorio, especialmente de las regiones más ricas y menos protegidas en materia de recursos naturales y explotaciones productivas. Eso se ha podido desarrollar con la complicidad de quienes debieron velar por los recursos de todos los argentinos. Nunca mejor aplicado aquí el concepto de vende Patria. Tomando como fuente los datos oficiales, se calculan que más de 300 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional están en manos extranjeras. Esto representa un poco más del diez por ciento de la extensión del país. Pero con un agravante, esta cifra no incluye las tierras fértiles destinadas a cultivos que están arrendadas, muchas a corporaciones extranjeras o pool de siembra (1). “Si hay un escándalo económico, político e incluso cultural que necesita salir del destierro del silencio, ese es el tema de la extranjerización de la tierra. Es imperioso que por medio de una robusta ley nacional se pueda establecer algún límite a la extranjerización de la tierra”, sostiene EL ARGENTINO en su línea editorial (2). “La Federación Agraria Argentina hace década que viene luchando en el Parlamento nacional para que se ponga un fin a la extranjerización de la tierra e incluso la entidad agraria propone que los terrenos con potencial productivo agropecuario esté vedado para la inversión de capitales extranjeros” (3). Con esta introducción se valorará mejor la oportunidad y preocupación del gobierno nacional que ha enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley para fijar límites a la tenencia de tierras para propietarios extranjeros. La iniciativa, que fue anunciada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cadena nacional (4), determina un máximo del 20 por ciento de posesión de tierras para los titulares de otras nacionalidades, como así también un límite del 30 por ciento de ese total para los dueños de un mismo país. La propuesta, que generó opiniones favorables en gran parte de los distintos sectores del arco político y productivo, se estima que será trabajada por las comisiones de Legislación General y Agricultura y Ganadería. “El tema del dominio de la tierra es una cuestión estratégica y vital en este Siglo XXI. Con este proyecto estamos dando un paso muy importante sobre el dominio nacional de este recurso no renovable, con la intención de seguir consolidando un país que puede ser uno de los grandes protagonistas de este tiempo”, indicó la primera mandataria nacional cuando anunció el proyecto que ya fue girado al Congreso. En rigor, la iniciativa había sido anunciada por primera vez durante la Asamblea Legislativa del 1º de marzo de este año y fue citada nuevamente la semana pasada, durante el acto lanzamiento de la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo). ¿Cuál es la situación en la provincia? Legislativamente, la Constitución reformada de 2008 establece en su artículo 86° que el Ejecutivo provincial promoverá la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra. El espíritu de los constitucionalistas fue el de desalentar la especulación y la existencia de latifundios y resguardar el orden público en relación con la adquisición de inmuebles rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras no residentes en el territorio. Este punto implicó un profundo debate, porque por un lado era necesario poner un límite a la extranjerización de la tierra y por el otro se debía resguardar la absoluta igualdad de derechos y deberes tanto para argentinos como para extranjeros. ¿Cómo se resolvió? A través de un régimen tributario, con alícuotas progresivas y otras políticas activas. “Hace ocho meses fui a la Justicia por un recurso de inconstitucionalidad por omisión” recordó el ex gobernador Jorge Busti, para hacer hincapié en los pooles de siembra que “están fuera de Entre Ríos, que vienen acá arriendan cincuenta o cien mil hectáreas, se llevan todo de nuestra región y no pagan absolutamente nada” por lo que “se privó a la provincia de recaudar alrededor de 60 millones de pesos por año y no se hizo absolutamente nada”, se quejó (5). Para el ex gobernador, “la mayoría de los pool de siembra vienen a llevarse toda la riqueza de Entre Ríos y no pagan absolutamente ningún impuesto”, por lo que “hay que gravar fuertemente, esa es la única manera de desalentar que se extranjerice la tierra”. Por su parte, el dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), seccional Entre Ríos, Alfredo Bel, aseguró que “en la provincia hay alrededor de 800 mil hectáreas de campos que son propiedad de extranjeros”. En ese sentido, el productor celebró el proyecto presentado por la presidenta Cristina Fernández para la protección del dominio nacional de las tierras rurales, pero aclaró: “Estaremos mejor cuando esto sea transformado en ley”. El dirigente agrario recordó que hace una década atrás la Federación Agraria elaboró el primer proyecto relacionado a la extranjerización de las tierras y no fue tenido en cuenta. “Si eso se hubiera analizado, ahora no habría tantos millones de hectáreas en el país en manos extranjeras. Igualmente, es bueno que ahora se esté tratando”, sostuvo y aclaró que no se está en contra de la compra de campos por personas físicas, “porque pueden venir a comprar, pero lo que se plantea es un límite de la venta a las sociedades extranjeras”. El ministro de la Producción de la provincia, Roberto Schunk, afirmó que es fundamental ponerle un límite a la extranjerización de la tierra y reconoció que “es una demanda” de las entidades agropecuarias, especialmente de la Federación Agraria Argentina. Asimismo, al referirse al relevamiento catastral que deberá realizarse en el territorio nacional para conocer el mapa de la propiedad de la tierra, indicó que en Entre Ríos “ya lo tiene”. En ese marco, se sabe que los capitales que han desembarcado en estas tierras provienen de Holanda, Estados Unidos, España y Hungría e instrumentan variadas explotaciones en el rubro forestal, agricultura (especialmente soja y arroz), ganadería (feed lot) y turismo. Para el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, “el debate de esta ley es una conquista de la Federación”. En esa línea, el director y Secretario de Relaciones Internacionales de la FAA, Pedro Peretti, señaló que era una buena decisión enviarla al Parlamento, “donde se podrá discutir, modificar y perfeccionar”. Por su parte, Buzzi sostuvo “no hay proyecto nacional viable si se mantiene la extranjerización y concentración actual”. “Creemos que hay que limitar la concentración de tierras, ya sea nacional o internacional”, sostuvo Buzzi. En ese sentido, aprovechó para denunciar que Jorge Britos, dueño del Banco Macro, capitalizado con fondos de Anses (que tiene un 26 por ciento de capital accionario), posee 60 mil hectáreas de campo en la provincia de Salta y está a punto de comprar otras 40 mil. Este dato también desnuda que las contradicciones que se observan en el Estado no quedan del todo saldadas con un proyecto de ley, sino que se requiere de una gran voluntad política en defensa de la soberanía y los intereses de los argentinos. En este marco, Buzzi señaló que “esta situación no se puede revertir con una ley por sí sola. Hace falta complementar esta iniciativa con más instrumentos, como una moderna ley de arrendamientos, freno a los desalojos, otro esquema para el comercio de granos, entre otras medidas”, dijo. “Desde el Grito de Alcorta en 1912 que levantamos la bandera de la democratización del uso y tenencia de la tierra, del freno a su extranjerización. Consideramos entonces que esto es un avance, aunque sabemos que no hay proyecto nacional o de desarrollo local viable si se mantiene la concentración actual”, concluyó el dirigente agrario. Referencia: 1) Le Monde Diplomatique, noviembre de 2010, Página 6 y 7 “Fronteras multinacionales SA”, artículo de Sebastián Cutrona. 2) Ver Editorial de EL ARGENTINO del 24 de abril de 2010. 3) Ibid. 4) El anuncio fue realizado el miércoles 26 de abril y el proyecto ingresó al Parlamento al día siguiente. 5) Análisis Digital, 28 de abril de 2011.
