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Exigen a Uruguay eliminar la ley de caducidad e indemnizar a la nieta de Gelman(Vea la sentencia completa de la Corte Interamericana de DDHH contra Uruguay)
Lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que la legislación que dio impunidad a militares impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por la dictadura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay dejar sin efecto la Ley de Caducidad que en 1986 dio impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, y exhortó a indemnizar a Macarena Gelman, nieta del escritor argentino, por la desaparición de su madre, María Claudia García.
Según el organismo, la Ley de Caducidad “carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.
El fallo, derivado de la presentación del caso Gelman ante la Corte, establece que “el Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en ese caso, entregarlos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación”.
Por otra parte, indica que Macarena Gelman deberá recibir 300.000 dólares por “lucro cesante como heredera”, 180.000 dólares por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre y 5.000 dólares por gastos por la búsqueda de la verdad.
María Claudia, madre de Macarena y nuera del poeta Juan Gelman, fue secuestrada en Buenos Aires en 1976, embarazada, y trasladada ilegalmente a Montevideo en el marco del denominado Plan Cóndor.
Tras dar a luz en cautiverio a Macarena, García fue ejecutada y sus restos permanecen desde entonces desaparecidos. El padre de Macarena y esposo de María Claudia, Marcelo Gelman, fue asesinado en Buenos Aires, donde sus restos fueron hallados e identificados en 1989.
La Ley de Caducidad, llamada también “de impunidad”, fue aprobada en 1986 tras la reinstalación de la democracia, y ratificada en dos plebiscitos, en 1989 y 2009, aunque ya cuenta con media sanción parlamentaria un proyecto de ley para su anulación.
