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ENGLISH VERSION AT THE FOOT PAGE
(NOTA ORIGINAL EN BUENOS AIRES ECONÓMICO)
Pablo Waisberg pwaisberg@buenosaireseconomico.com
Una causa contra La Alumbrera por ocultamiento de ganancias está paralizada en la Justicia
La denuncia fue tomada por el fiscal general Gustavo Gómez, quien motorizó la causa pero luego fue apartado por una decisión del procurador general, Esteban Righi, y en su lugar quedó el fiscal Emilio Ferrer.
La justicia federal tucumana tiene “paralizada” desde hace un año una investigación por supuesto ocultamiento de ganancias de la minera La Alumbrera por unos u$s40.000 millones en perjuicio de sus socios, la Universidad Nacional de Tucumán y la Gobernación de Catamarca, entre otras. Así lo definió el geólogo Guillermo Amílcar Vergara, que denunció a la empresa por declarar apenas tres minerales cuando exporta más de medio centenar de variedades sobre las que no hay tributación alguna.
“Aparentemente hay vocación de paralizar esta causa donde lo que debería definir es si efectivamente se produjo ocultamiento de ganancias de unos u$s8.000 millones anuales durante más de cinco años”, señaló Vergara a BAE. La misma apreciación hizo una fuente judicial que conoce muy de cerca la investigación que tiene en sus manos el juez federal Daniel Bejas: “El expediente está paralizado”.
La causa se inició en febrero pasado a partir de una denuncia de los geólogos Vergara y Miguel Gianfrancisco, quien presentó un estudio sobre metalogénesis, donde señaló que en la minera La Alumbrera no sólo se extrae oro, cobre y molibdeno sino una gran variedad de metales y tierras raras. Según ese trabajo, lo producido –que superaría holgadamente lo declarado por la empresa– no se distribuyó entre los socios de la unión transitoria de empresas Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD), que incluye a la Universidad Nacional de Tucumán.
La denuncia fue tomada por el fiscal general Gustavo Gómez, quien motorizó la causa pero luego fue apartado por una decisión del procurador general, Esteban Righi, y en su lugar quedó el fiscal Emilio Ferrer.
Los raros. La presentación de Vergara, que luego se convirtió en denuncia y causa judicial, nació a partir de unos estudios realizados sobre una muestra tomada de La Alumbrera. “Se hizo en un laboratorio multinacional, donde hicimos otras muestras, y aparecieron casi cincuenta metales”, indicó el geólogo.
Entre los metales que encontró estaba, por ejemplo, el escandio o el titanio, ambos utilizados en la industria aeroespacial. Este último cotizaba a u$s1.920 la tonelada en febrero pasado, cuando se dio curso a la denuncia. La semana pasada se ubicó en los u$s2.500 la tonelada.
La explicación que un vocero de la empresa dio a este diario es que “esos metales podrían estar pero en tan ínfima proporción que no interesan”, y destacaron que su negocio está centralizado en la explotación del cobre. Además, explotan oro y molibdeno.
Para Vergara, ésas son excusas: “Se llaman metales traza porque están en pequeñas proporciones pero tienen un valor muy elevado. El oro también es escaso y allí está, además de que es brillante, dorado y no se oxida, la explicación de su precio”.
Movimientos. La última movilización importante que tuvo la causa ocurrió en mayo pasado. Fue cuando el entonces fiscal Ferrer se acercó hasta la minera, muñido de una orden judicial y acompañado por personal de Gendarmería. Debía tomar muestras de las rocas que exporta la empresa para analizarlas y determinar si la denuncia tenía algún grado de certeza. Pero la negativa de las autoridades de la minera “impidió que se cumpliera con el procedimiento”, reconoció una fuente cercana a la investigación.
Desde la minera encontraron otra explicación a lo sucedido. Dijeron que no había sido notificada con la suficiente antelación de la decisión judicial. No sólo eso, la notificación del procedimiento se había “enviado a un domicilio equivocado”.
La misma fuente judicial que confió las dificultades para tomar las muestras indicó que “no hay movimientos desde hace meses”. Vergara agregó: “El juez Bejas aceptó que la empresa haga una entrega voluntaria de rocas, que está viciada de nulidad porque la empresa es la investigada”.
Como contrapartida al transito cansino de la causa, se produjeron movimientos en la estructura judicial que rodea al expediente. El juez Bejas fue confirmado en su cargo hace diez días por el Senado y el fiscal Ferrer se jubiló. En su lugar fue nombrado Carlos Brito, un funcionario que dejó registrado en su currículum “una posición contraria a impulsar la acción penal en los delitos ambientales”, precisó otra fuente judicial.
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ENGLISH VERSION
A case against La Alumbrera by concealment of earnings is stalled in court
The complaint was made by Attorney General Gustavo Gomez, who Motorized cause but then was removed by a decision of the Attorney General, Esteban Righi, and in its place was the prosecutor Emilio Ferrer.
Pablo Waisberg pwaisberg@buenosaireseconomico.com
Tucuman federal justice has “paralyzed” from an investigation last year of course hiding profits from the mining La Alumbrera by about $ s40.000 million detriment of its partners, the National University of Tucumán and Catamarca Governorate, including others. Well defined by the geologist William Amílcar Vergara, who sued the company for just three minerals when state exports more than fifty varieties on which no tax whatsoever.
“Apparently no vocation to stall the case where it should be defined is whether there was concealment of income of about $ s8.000 million annually over five years,” said Vergara at BAE. The same finding was a judicial source who knows very closely the research that has in its hands the federal judge Daniel Bejas: “The record is paralyzed.”
The case began last February after a complaint of geologists Gianfrancisco Vergara and Miguel, who presented a study of metallogeny, which noted that mining is not only the Alumbrera gold mining, copper and molybdenum but a variety of metals and rare earths. According to this work, produced, which comfortably exceed the statement of the company, not distributed among the partners in the joint venture mining site Aguas de Dionisio (YMAD), which includes the National University of Tucumán.
The complaint was made by Attorney General Gustavo Gomez, who Motorized cause but then was removed by a decision of the Attorney General, Esteban Righi, and in its place was the prosecutor Emilio Ferrer.
Weirdos. The presentation of Vergara, which later became complaint and legal case was born from studies carried out on a sample taken from La Alumbrera. “It was a multinational laboratory, where we did other samples, and appeared almost fifty metals,” said geologist.
Among the metals was found, for example, scandium or titanium, both used in the aerospace industry. This last quoted $ s1.920 au ton in February, when it acted on the complaint. Last week it stood at some U.S. $ 2,500 a tonne.
The explanation that a company spokesman gave this diary is that “these metals could be but in such a tiny proportion of no interest,” and stressed that its business is centered on the exploitation of copper. In addition, exploit gold and molybdenum.
For Vergara, those are excuses: “They call because they are trace metals in small quantities but have a very high value. Gold is also scarce and there is, besides it is shiny, gold and rust, the explanation for its price. ”
Movements. The last major mobilization that occurred was the case last May. It was when the then Attorney Ferrer came to the mining, armed with a warrant and accompanied by staff of the Prison. Should take samples of the rocks that the company exported for analysis to determine whether the complaint had some degree of certainty. But the refusal of the mining authorities’ failure to complete the procedure, “admitted one source close to the investigation.
From miner found another explanation for what happened. They said they had not been notified in advance of the court decision. Not only that, the service of process had been “sent to a wrong address.”
The same court official who committed the difficulties in taking samples indicated that “no movement for months.” Vergara added: “The judge accepted that the company Bejas make a voluntary surrender of rocks, which is void because the company is under investigation.”
In return for transit weary of the case, there were movements in the judicial structure that surrounds the file. Judge Bejas was confirmed in office for ten days by the Senate and Attorney Ferrer retired. In its place was named Carlos Brito, an officer who left a record on his resume “a position contrary to encourage criminal prosecution of environmental crime,” said one legal source.
